Amnistía Internacional ha pedido hoy, 19 de enero, a la industria electrónica y a la de la automoción que estén muy atentas en sus suministros de cobalto, componente esencial de muchas baterías, para asegurarse de que no son producidas por niños en la República Democrática del Congo (RDC).
La organización de defensa de los derechos humanos llama en un comunicado a las «empresas multinacionales que utilizan baterías de iones de litio en sus productos para que procedan a controles sobre derechos humanos que investigan si el cobalto (utilizado en estas baterías) se extrae en condiciones peligrosas o por niños y para que sean más transparentes acerca de sus proveedores».
La RDC, recuerda la ONG, produce más de la mitad de la producción total de cobalto del mundo.
Además de unos cuantos grupos grandes que proporcionan el grueso de la producción en el país, concentrados en Katanga (sur-este de la RDC), decenas de miles de «creuseurs» (mineros clandestinos), muchos de ellos niños, trabajan en malas condiciones de higiene y seguridad, a menudo arriesgando sus vidas por una indemnización irrisoria, en madrigueras subterráneas con herramientas rudimentarias.
A raíz de una encuesta realizada a 16 empresas multinacionales, incluyendo grandes nombres de la electrónica y la automoción, como Apple, Daimler, Lenovo, Microsoft o Samsung, Amnistía Internacional dice que estas empresas, son incapaces de determinar el origen del cobalto utilizado en las baterías de iones de litio fabricadas por proveedores chinos que utilizan en sus productos.
La RDC tiene abundantes recursos minerales, pero sigue siendo uno de los países menos desarrollados del mundo. La riqueza del subsuelo contribuye a alimentar los conflictos armados desde hace más de 20 años el este, en particular las provincias de Kivu Norte y Sur, grandes productoras de oro, estaño, coltán y tungsteno.
Para evitar que las empresas financien indirectamente los conflictos en la RDC, una ley estadounidense sobre estos minerales llamado de «sangre», promulgada en 2014, obliga a las empresas que cotizan en Estados Unidos a revelar al mercado de valores de Estados Unidos si utilizan estas materias primas, así como, si han utilizado este tipo de materiales extraídos en la RDC o en sus países vecinos.
En un informe publicado en abril de 2015, por la organización no gubernamental Global Witness, Amnistía Internacional acusó a las grandes empresas estadounidenses de descuidar sus obligaciones en virtud de esta ley.
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Fundación Sur
