Las elecciones a jefes de Estado y a las legislativas se celebrarán en 17 estados africanos en 2023 y seguirán en 2024 con elecciones nacionales en otros 13 estados. ¿Cuáles son las dimensiones básicas del entorno en el que estas elecciones se realizan? Básicamente, se pueden resumir en tres.
La primera es la tendencia a una fuerte inestabilidad política, motivada por las crisis que han llevado a los militares al poder mediante golpes de Estado sobre todo en el Sahel, a lo que hay que añadir el malestar social provocado por el aumento brutal del coste de la vida, la subida de los precios energéticos y la mayor inseguridad alimentaria, derivada de la guerra de Ucrania.
La segunda es la inseguridad marcada por divisiones etnolingüísticas y religiosas, y la presencia yihadista cada vez más fuerte, siendo Nigeria -con elecciones presidenciales en las próximas semanas- el caso más claro de deterioro creciente de la inseguridad, la tensión social interior y el aumento de la violencia política.
Otro tanto cabe afirmar en materia de inseguridad y violencia, de la presencia de miles de mercenarios de la empresa rusa Wagner que, primero en Malí y ahora en Burkina Faso, con apoyo explícito de los gobiernos retiran a las tropas francesas y priorizan su alianza con Rusia para luchar contra el yihadismo que campa por sus respetos en inmensos territorios donde los Estados brillan por su ausencia, provocando millones de desplazados, mayoritariamente mujeres y niños.
Al mismo tiempo, los malienses serán llamados a las urnas en el mes de marzo para un referéndum constitucional en el que se plantea “el carácter unitario del Estado maliense”, cerrando la puerta a la concepción de un Estado federal que algunos veían como una solución para responder a las aspiraciones independentistas del Norte. En todo caso, esta nueva versión de la Constitución ofrece la posibilidad a algunas lenguas locales de ganar el estatuto de lengua oficial. En Malí habrá las elecciones legislativas en octubre de 2023, con fuertes desafíos consistentes en organizar un escrutinio en un país en el que una gran parte del territorio escapa al control del Estado, en asegurar la libertad y en garantizar la transparencia, visto el antecedente de 2020 cuando las irregularidades provocaron fuertes contestaciones que condujeron a la caída del Presidente.
En Senegal, el debate político está dominado por la posibilidad de una controvertida candidatura de Macky Sall para un tercer mandato a partir del año 2024, frente a otros candidatos envueltos en contenciosos judiciales, pero que podrían recuperar plenos derechos civiles a través de una ley de amnistía y una enmienda a la Ley Electoral.
La tercera dimensión del entorno electoral es el telón de fondo de las elevadas tasas de pobreza de la población y los altos niveles de desempleo motivados por la pandemia del Covid-19, la crisis económica subsiguiente y la conflictividad internacional y nacional, así como la impotencia para cambiar las reglas de juego y la desafección ante promesas incumplidas, lo que puede concluir en una abstención masiva en Costa de Marfil y en Benín.
Entre las siete elecciones presidenciales a celebrar en 2023 al menos hay dos que son en países gigantes, Nigeria y República Democrática del Congo (RDC), donde más de 300 millones de habitantes afrontan la incertidumbre, en el primero de estos países, sobre la identidad del sucesor de Muhammadu Buhari y, en el caso del segundo, sobre la capacidad de Félix Tshisekedi para lograr un segundo mandato en la RDC. Situación imprevisible que, según la revista Jeune Afrique, se reproduce también en Madagascar en dónde no se puede prever el resultado y en la que el presidente saliente se enfrenta en las urnas a dos de sus predecesores.
Incertidumbre también en Liberia donde el presidente George Weah tiene que afrontar el escepticismo de sus ciudadanos por un mandato muy controvertido, con acusaciones de corrupción, secundadas por la oposición y por grupos de derechos humanos. Más probabilidades de reelección parecen darse en Gabón y en Zimbabue, aunque conviene estar atentos a la regularidad de los procesos electorales en un caso y a la represión de las movilizaciones en el otro.
Por último, no podemos olvidar que las elecciones de 2024 en Argelia, Egipto, Etiopía, Sudán del Sur, Burkina Faso y Sudáfrica, entre otros países, podrían ser focos de tensión por disturbios perturbadores de la paz civil y riesgos elevados de malestar social, avivados por campañas de desinformación y el descontento público con las instituciones políticas, las élites gobernantes y los deficientes servicios públicos.
José María Mella
[CIDAF-UCM]
