Los países africanos pierden miles de millones de dólares al año debido a flujos financieros ilícitos. Léonce Ndikumana analiza lo que se puede hacer para combatir la fuga de capitales mediante la evasión fiscal.
La reciente inclusión de la Unión Africana en el G20 reconoce un hecho que la geopolítica tradicional se ha mostrado reacia a aceptar: África ha surgido como una potente fuerza que impulsa la transformación global.
Los países africanos se enfrentan a múltiples crisis a la vez, desde terrorismo hasta golpes de Estado. El continente soporta una parte desproporcionada de los efectos de múltiples crisis recurrentes y acumulativas (crisis relacionadas con el cambio climático, pandemias sanitarias como la de la covid-19, guerras en Ucrania y Oriente Medio) y tiene una capacidad financiera y técnica limitada para afrontarlas.
Según el encuestador “Afrobarómetro”, los vientos de un creciente descontento con la democracia soplan en todo el continente africano.
En otro frente, África enfrenta un déficit financiero de 1,2 billones de dólares hasta 2030 para financiar sus ODS, según el Banco Africano de Desarrollo. Por eso es tan desalentador que el continente pierda 89.000 millones de dólares al año debido a flujos financieros ilícitos, y se estima que la evasión fiscal por parte de las multinacionales mineras le cuesta al África subsahariana hasta 730 millones de dólares al año. Mucho más de lo que recibe en ayuda al desarrollo. La fuga de capitales empeora tanto la pobreza como la desigualdad.
La fuga de capitales en Angola casi duplica el gasto público en salud. De 2000 a 2018, el país perdió 4.200 millones de dólares al año, mientras que el gasto anual en salud fue de 2.300 millones de dólares. Durante el mismo período, Sudáfrica, apodado “el país más desigual del mundo”, perdió 15.700 millones de dólares anualmente debido a la fuga de capitales, casi la mitad de lo que invirtió en salud (27.400 millones de dólares). Costa de Marfil podría haber duplicado su presupuesto de salud pública (1.600 millones de dólares) si hubiera retenido los 1.100 millones de dólares perdidos anualmente por la fuga de capitales.
Son hospitales que no se construyen, escasez de médicos, vacunas y antibióticos, entre otros recursos, que no se pudieron comprar. Las mejoras registradas en las economías africanas en el pasado reciente se han visto contrarrestadas por reveses debidos a la hemorragia financiera, agravada por las redes de saqueo transnacionales.
La cantidad de riqueza privada africana adquirida o transferida ilegalmente al extranjero es aproximadamente tres veces mayor que su deuda externa. Esto convierte a África en “un acreedor neto” del resto del mundo.
Detener las salidas financieras ilícitas hacia paraísos fiscales es esencial para cualquier estrategia política para reforzar la democracia, combatir la pobreza, luchar contra el cambio climático y consolidar los derechos humanos.
La solidaridad global no existe para las economías emergentes, y para África en particular. Casi ninguna asignación de ingresos va a los países que más la necesitan. Los países del G7 –apenas el 10 % de la población mundial– se quedarían con el 60 % de los ingresos generados bajo el nuevo impuesto que agravará todavía más la desigualdad.
La Unión Africana debe trabajar con mayor eficacia en favor de una solidaridad global con las economías emergentes para el bien común.
CIDAF-UCM
