Acuerdo de pesca entre UE-Marruecos: escándalo sobre el asesoramiento legal del Consejo de la UE

20/03/2020 | Noticias

Unión Europea

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La ONG Western Sahara Resource Watch (WSRW) acaba de presentar nuevas informaciones sobre el engaño legal que condujo a la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, incluyendo ilegalmente las aguas del Sahara occidental. De hecho, la ONG WSRW ha obtenido una copia de la opinión de los servicios jurídicos del Consejo de la UE que informan sobre el grado sin precedentes de alteración y falsificación de la jurisprudencia pertinente al Tribunal de Justicia de la UE.

Explicaciones:

El documento filtrado por la ONG Western Sahara Resource Watch se trata de una opinión «confidencial» del servicio legal del Consejo de la UE, realizada el 7 de noviembre de 2018, en respuesta a una solicitud de varios estados que habían solicitado una confirmación de la compatibilidad entre la jurisprudencia de la UE y el «proyecto» de acuerdo de pesca con Marruecos.

Tras emitir esta opinión sesgada, el servicio legal del Consejo se negó a enviar una copia a la ONG, alegando en una carta hecha pública, con fecha 22 de noviembre de 2018, que la «protección de las relaciones internacionales de la UE es más importante que el principio de transparencia», el cual la UE está obligada a acatar, de conformidad con el artículo 15 del Tratado de Funcionamiento de la UE.

Esta opinión legal tiene una importancia crucial en la política, porque sobre la base de sus conclusiones falsas, los Estados miembros finalmente decidieron adoptar en noviembre de 2018, el nuevo acuerdo de pesca UE-Marruecos, que incluye ilegalmente la zona marítima del Sáhara Occidental. De hecho, estos países habían declarado explícitamente, que si el servicio legal del Consejo de la UE confirmaba la conformidad del acuerdo propuesto con la jurisprudencia de la UE, lo apoyarían. Sobre la base de una lectura jurídica sesgada y políticamente motivada, la opinión jurídica de los servicios del Consejo confirmó a los Estados miembros de la UE que el proyecto de acuerdo cumplía la jurisprudencia comunitaria. El servicio legal del Consejo, encabezado por españoles, cuyo país obtiene el mayor beneficio del acuerdo de pesca, argumentó que la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior cumplieron los requisitos establecidos por el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), al tomar «todas las medidas razonables y viables» para obtener el «consentimiento» del pueblo saharaui para el proyecto de acuerdo.

Esta aberración legal se trata una distorsión premeditada de las condiciones establecidas por la sentencia del 27 de febrero de 2018. Por lo tanto, la condición central del «consentimiento», tras el reconocimiento de la UE en 2018 de noviembre del pueblo saharaui, ha sido reemplazada por una noción inexistente de «consulta» a las poblaciones del Sáhara Occidental, sobre los beneficios del acuerdo pesquero entre UE-Marruecos, término que también carece de relevancia legal. Esta es una gran manipulación que la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha llevado a cabo en estrecha colaboración con las autoridades coloniales marroquíes, tras la inicialización del acuerdo el 24 de julio de 2018.

La violación de los requisitos del TJUE estuvo acompañada de acusaciones falsas en el texto de la opinión legal, que incluye una lista ficticia de participantes en esta supuesta consulta (incluida la ONG WSRS que negó los hechos), así como una supuesta invitación dirigida tácticamente al Frente Polisario para que participe en una operación destinada a apoderarse de las riquezas haliéuticas del pueblo saharaui. Este delito legal fue gestado por los asesores legales del Consejo, estos tuvieron la imprudencia de basar sus opiniones en la ausencia de «instrucciones de uso» en la sentencia del 27 de febrero de 2018 sobre el asunto.

Esta opinión legal revela, en realidad, la escandalosa manipulación que rodeó la adopción de un acuerdo injusto, a costa de una violación manifiesta del derecho internacional y el derecho europeo. La gestión inmoral realizada por los representantes de Francia y España, las complicidades de algunos y la complacencia de otros a nivel del Consejo (por intereses económicos puramente mercantiles) socavan las solemnes proclamas de la Unión Europea, la cual supuestamente actúa como defensor y el baluarte de un orden internacional multilateral basado en reglas y en el respeto al derecho internacional. Pero esto, por supuesto, no debería eximir a las instituciones europeas de su enorme responsabilidad en la realización de acuerdos perjudiciales y que atentan contra los intereses legítimos de un pueblo que vive ocupado, en un territorio no autónomo.

No hay duda de que los procedimientos iniciados por el Frente Polisario con las autoridades judiciales europeas conducirán finalmente, en unos meses, a la cancelación de los dos acuerdos ilegales (agrícola y pesquero), dado que estas jurisdicciones no irán a los tribunales y examinarán el recurso de anulación, de conformidad con la lógica de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del 27 de febrero de 2018, el cual reconoció el «estatuto separado y libre» del Sáhara Occidental, definió al Reino de Marruecos como un tercer Estado y exigió el «consentimiento» (y no la consulta) del representante legítimo del pueblo saharaui, en este caso, su único representante, el Frente Polisario. Mientras tanto, la Unión Europea habrá perdido mucha credibilidad en la esfera internacional.

Fuente: TSA – Imagen: Ssolbergj-Wikimedia

[Traducción y edición, M. Rico Díaz]

[Fundación Sur]


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