El pasado 5 de marzo Déogratias Mushayidi, Presidente del Pacto en Defensa del Pueblo (PDP-IMANZI), se encontraba en Burundi desde donde tenía previsto entrar a Ruanda para formalizar la inscripción de su partido de cara a presentarse a las elecciones generales de Ruanda que se celebrarán el 9 de agosto de 2010. En esta situación fue detenido y llevado a Ruanda. El fiscal general de Ruanda, Mr Martin Ngoga, manifestó públicamente el viernes 5 de marzo que la policía ruandesa le había detenido.
Déogratias Mushayidi fue alto representante del Frente Patriótico Ruandés en Suiza hasta 1994. Posteriormente se desvinculó del FPR. A pesar de que todos sus parientes próximos murieron de forma violenta durante la revolución de 1959 y el genocidio de 1994, él ha trabajado activamente los últimos años en favor del Diálogo Interruandés y de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación.
Según declaraciones oficiales se le considera responsable de los ataques con granada recientemente ocurridos en Kigali en donde 16 personas resultaron heridas. Sin embargo resulta llamativo que el fiscal general de Ruanda previamente había declarado públicamente que tenían evidencias de que quienes estaban detrás de los atentados con granadas eran el Lt. Gen. Kayumba Nyamwasa y el Coronel Patrick Karegeya, ambos refugiados en Sudáfrica, y anteriormente había comunicado que se pensaba que los causantes de los atentados eran «interhamwe» (hutus genocidas).
Se ha de recordar que ya otros candidatos políticos han denunciado haber sufrido agresiones o intimidaciones. La Sra. Victoire Ingabire ha sido acusada de actividades ilegales (hacer campaña de su partido cuando éste no tiene el registro totalmente formalizado), ha visto -al iniciar su actividad política en Ruanda- como se ha metido a su madre en prisión (condenada a 30 años de cárcel) de una manera que ella considera arbitraria, el Departamento de Investigación Criminal le comunicó que la acusaba de ideología genocida (una acusación muy grave en Ruanda), de divisionismo y de cooperación con el grupo armado FDLR; y también fue agredida por un grupo de jóvenes cuando estaba tramitando el registro de su partido político, registro aún no terminado ya que encuentra continuas trabas administrativas que están dificultando esta labor.
Estas mismas trabas han sido también denunciadas por parte de Frank Habineza, líder del partido Verde ruandés. El lunes 8 de marzo el partido Verde Europeo hizo pública una carta que envió a Jose Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, en donde denunciaba tanto las continuas obstrucciones que el partido Verde ruandés estaba encontrando para registrar su partido de cara a las próximas elecciones como las amenazas de muerte que su compañero del partido verde ruandés estaba recibiendo.
También, y en esta misma línea de denuncia la CHRI (Commonwealth Human Rights Initiative), ONG con estatuto especial consultivo en el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, manifestó el 6 de marzo estar profundamente preocupada por las continuas restricciones y amenazas a la oposición en el periodo previo a las elecciones en Ruanda, recordando que los hechos que estaban sucediendo constituían una violación de los principios fundamentales de la Commonwealth. HRW ya había manifestado también esta misma preocupación en un comunicado el 9 de febrero y Amnistía Internacional el 18 de febrero.
Ante estos hechos, la Federación de Comités de Solidaridad con África Negra-Umoya solicita al Sr. Rodríguez Zapatero, por recaer en España actualmente la presidencia de turno de la U.E. y al Sr. José Manuel Barroso, Presidente de la Comisión Europea, exijan al Gobierno ruandés:
– que cese de intimidar a los miembros de los partidos políticos de la oposición y deje de poner trabas administrativas a aquellos partidos que quieren inscribirse y presentar una candidatura a las elecciones,
– y que, vistos los acontecimientos presentes, manifieste públicamente qué garantías va a dar para que sea creíble que las próximas elecciones presidenciales van a ser limpias, transparentes, libres de coacción a la población y que su resultado no va a ser manipulado por el Gobierno.
