La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) enfrenta hoy una grave crisis en Burundi al carecer del financiamiento suficiente que le permita aliviar el sufrimiento de los desplazados en ese país.

Con el fin de atender las crecientes necesidades de esos refugiados se necesitan 391 millones de dólares, los cuales se destinarían a atender a unas 430.000 personas, indica un comunicado de Acnur.

Los bajos niveles de fondos humanitarios para esta crisis resulta una gran preocupación pues el año anterior la agencia solo pudo conseguir un 21 por ciento de los recursos requeridos.

Esto convierte al plan de respuesta para los refugiados de Burundi en el de menor financiamiento del mundo, destaca el reporte.

Desde 2015, más de 400.000 refugiados y solicitantes de asilo se han ido de esa nación del África central para escapar de los abusos, la continua incertidumbre política y el deterioro de la situación humanitaria.

Más del 60 por ciento de ellos huyen a Tanzania, mientras otros se dirigen a Ruanda, la República Democrática del Congo y Uganda.

Además, existe el temor de que el número total de refugiados pueda ascender a 450.000 para fines de 2018. Sin embargo, la falta de fondos limitan los programas humanitarios para ayudar a los necesitados, alertó Acnur.

Según advirtió el alto comisionado de esa agencia de la ONU, Filippo Grandi, las raciones de alimentos se reducen en los países que acogen a los refugiados de Burundi y los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, no carecen del apoyo necesario.

Las ayudas financieras permitirían garantizar que la mayoría de los desplazados que viven en campos de refugiados (alrededor del 85 por ciento) reciban alimentos, vivienda y educación, así como protección contra la violencia sexual y de género, señaló Grandi.

Pese a los esfuerzos regionales para resolver la crisis política, no se han logrado avances significativos, alerta Naciones Unidas.

A finales de abril de 2015, la violencia estalló en Burundi ante el rechazo de la oposición y otros sectores a la nominación del presidente Pierre Nkurunziza para un tercer mandato.

Los opositores argumentaron que dicha postura violaba la Constitución y los acuerdos de Arusha, acusaciones refutadas por el oficialismo. Esta crisis política ha conducido a un deterioro de la seguridad y el entorno humanitario que suscita el éxodo de la población.

Fuente: Prensa Latina

[Fundación Sur]

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