El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha puesto en marcha una investigación sobre los crímenes cometidos en la región de Kivu, en la República Democrática del Congo (RDC), durante más de veinte años. El objetivo de esta acción busca arrojar nueva luz sobre los cientos de miles de personas asesinadas, y sobre los casos de violaciones, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento ilegal de niños soldados desde el 1 de junio de 2003 hasta la actualidad.
El primer informe más completo fue elaborado por el Alto Comisariado de la ONU sobre los derechos humanos y describe las violaciones y masacres cometidas en la RDC, entre marzo de 1993 y junio de 2003.
Jean Bosco Bahala, excoordinador nacional del Programa de Desarme, Desmovilización, Recuperación y Estabilización Comunitaria (PDDRCS) y uno de sus colaboradores, ha sido acusado de haber mantenido conversaciones con una delegación del M23 en Kampala el pasado mes de julio y ha pasado más de dos meses en las instalaciones de la inteligencia militar.
Las mediaciones continúan, las sanciones caen y también la opresión de los dictadores y las condenas. Pero el resurgimiento de la rebelión del M23, sostenido y armado por los gobiernos militares de Ruanda y Uganda, expande el conflicto y el control por toda la región del Kivu, sobre todo el Kivu norte, para asegurar el saqueo de los abundantes yacimientos de minerales raros y valiosos, por las empresas locales y extranjeras.
Esta ocupación y control de gran parte del Kivu, con tierra muy fértil y rica en minerales estratégicos, está causada por Ruanda, con el apoyo de Uganda, y se está convirtiendo en crónica y permanente. Esto nos hace pensar en una nueva conquista y ocupación militar de esta parte este de la RDC.
Si el extenso y bien documentado Informe de la ONU, en el “Maping Report”, (2010) hablando de los dos genocidios (el primero ejecutado en Ruanda en 1994 y el segundo en la RDC 1995-2010), tuvo tan escasas consecuencias y limitado impacto en la opinión de los Medios de comunicación social y en los gobiernos (Kagame lo llamó: ¡Informe basura!), podemos dudar del impacto que esta nueva investigación pueda alcanzar.
De nuevo volvemos al tema fundamental de la gobernanza y la economía que queremos. ¿Deseamos una política y una economía, solamente al servicio del capital y del acaparamiento de unos pocos, privando a la mayoría de lo necesario para vivir dignamente, o más bien queremos trabajar juntos por una economía más humana, al servicio de la ciudadanía? Sin una elección clara y sin un compromiso conjunto por la democracia real, situando en el centro de toda economía al ser humano y su desarrollo integral, estaríamos construyendo castillos en el aire.
Ya tenemos Informes suficientes y constituciones bien escritas, pero el impacto seguirá siendo mínimo sin una nueva calidad de educación y sin un compromiso democrático conjunto por la dignidad humana y por el bien común, comenzando con la acogida bien programada y justa de los inmigrantes.
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