Las raíces de la toma de rehenes en Nigeria se remontan a la década de 1990 en el delta del rio Níger, donde el país obtiene la mayor parte de su petróleo. En aquella época, los grupos armados empezaron a secuestrar a ejecutivos petroleros extranjeros como forma de presionar al gobierno para que atendiera sus preocupaciones por la contaminación petrolera en sus comunidades. Pero en los últimos tiempos, la toma de rehenes se ha convertido en una industria en auge, según Olajumoke Ayandele, asesora principal de Nigeria en el Proyecto de Datos sobre Localización y Sucesos de Conflictos Armados (ACLED). En la década transcurrida desde que el grupo armado Boko Haram secuestró a casi 300 estudiantes de una escuela para niñas en la localidad de Chibok, los secuestros se han convertido en un constante peligro para los ciudadanos en Nigeria.
En la actualidad, en todo el país se han generalizado este tipo de ataques y los autores de los secuestros dirigen su energía sobre todo a grupos clasificados como socialmente vulnerables, como niños y mujeres, para provocar la ira de la población y así conseguir presionarlos al pago de rescates o presionar al gobierno para que cumpla las exigencias de los agresores, como la liberación de los miembros de sus bandas que se encuentran detenidos. El año pasado, la organización benéfica Save The Children informó de que más de 1.680 estudiantes habían sido secuestrados en Nigeria desde 2014.
Según UNICEF, el peligro relacionado con ir a la escuela ha contribuido significativamente al deterioro de las estadísticas de absentismo, con uno de cada tres niños nigerianos sin escolarizar. En muchos casos, el temor a que sus hijos sean secuestrados ha llevado a muchos padres, particularmente de las zonas del noreste y el noroeste, a sacar a sus hijos de la escuela para evitar el riesgo, a pesar de que el gobierno ha introducido la educación básica gratuita y obligatoria en las escuelas. Según estadísticas de UNICEF, el 66 % de todos los niños no escolarizados de Nigeria proceden de estas regiones del país, que también representan las más pobres.
Como consecuencia, el analfabetismo es utilizado como arma por la clase política, que aprovecha la falta de información y conocimientos de la población para manipular a los votantes durante las elecciones. Pero para algunas niñas, las consecuencias pueden ser incluso más nefastas que la mera pérdida de educación, ya que algunos padres deciden casar a sus hijas antes de tiempo para evitar que sean secuestradas, violadas o asesinadas.
El mes pasado, el 7 de marzo, una banda criminal secuestró a 287 alumnos de la escuela secundaria pública de Kuriga, localidad del estado de Kaduna. Dos días después, otro grupo armado irrumpió en el dormitorio de un internado de Gidan Bakuso, estado de Sokoto, y secuestró a 17 estudiantes. Las víctimas de Sokoto y más de 130 de las víctimas de Kaduna han sido liberadas desde entonces, pero aún no se sabe nada de los secuestrados restantes. Mientras tanto, de los cientos secuestrados en Chibok en abril de 2014, más de 90 siguen desaparecidos, según UNICEF.
Las víctimas de secuestros que han sido liberadas han denunciado condiciones terribles durante su cautiverio. A menudo son amenazadas con la muerte y sufren de desnutrición mientras que se enfrentan a condiciones de vida antihigiénicas y desagradables, que incluyen dormir a la intemperie y recorrer largas distancias a pie. Las niñas son especialmente vulnerables a las violaciones e incluso a los matrimonios forzados. Los testimonios de los adultos afirman que son golpeadas y torturadas sistemáticamente hasta que se someten a las exigencias de los secuestradores. Los expertos afirman que estas experiencias dejan en las víctimas graves heridas y traumas psicológicos.
Pero los estudiantes no son los únicos que soportan la carga de la crisis, ya que los viajeros, empresarios, sacerdotes y personas percibidas como acomodadas también suelen ser objetivos de los criminales. SBM Intelligence, una consultora de riesgos sociopolíticos, ha informado que desde 2019 se han producido 735 secuestros masivos en Nigeria. Según la consultora, entre julio de 2022 y junio de 2023, alrededor de 3,620 personas fueron secuestradas en 582 casos de secuestro con alrededor de 5.000 millones de nairas (3.878.390 de dólares) pagados en rescates. Adicionalmente, tan sólo este año se han producido ya 68 secuestros masivos.
Los secuestros no se limitan al norte, donde prevalecen el bandidaje y los grupos religiosos armados, sino que también se han visto en el sur y el sureste. Ni siquiera Abuja, la capital de Nigeria, se ha librado. En Ekiti, un estado del sur, cinco estudiantes, tres profesores y un conductor fueron secuestrados el 29 de enero. Cuando se pide un rescate, se espera que este sea pagado tanto por los familiares de las víctimas como por el gobierno. Los retrasos o el impago pueden ser mortales en algunos casos. Una de las cinco hermanas secuestradas en Abuja en enero fue brutalmente asesinada tras vencer el plazo de pago del rescate, lo que provocó una protesta nacional. Aunque el gobierno nigeriano ha afirmado que no negocia con los terroristas para hacer frente a la creciente crisis de seguridad, los expertos afirman que esto puede no ser cierto.
Los analistas afirman que el agravamiento de la crisis de inseguridad se debe a una serie de problemas complejos y de múltiples niveles. En la última década, la situación económica de Nigeria se ha deteriorado de forma rápida, el país se enfrenta a una elevada inflación, al aumento del desempleo juvenil y a la pérdida de valor de la moneda. Además de los factores económicos, están también otros como la corrupción y la falta de cohesión en la estructura de seguridad, donde no hay una respuesta rápida a los atentados y donde la colaboración entre la policía y el ejército es ineficaz. La suerte de los ciudadanos apenas ha mejorado y el 63 % de la población se encuentra en una situación de pobreza multidimensional. Estas condiciones han empujado a muchos a la delincuencia. Los secuestros masivos se han convertido en una especie de subeconomía, ya que los secuestradores se embolsan millones de nairas con los rescates.
La inseguridad de Nigeria afecta a las seis zonas geopolíticas del país. Por ejemplo, en las regiones del norte se ven afectadas por el conflicto armado entre distintos grupos que buscan controlar el territorio. En el noreste, Boko Haram lleva librando una violenta insurgencia desde 2009 y los actos de bandidaje cometidos por las bandas criminales noroeste aterrorizan a los ciudadanos. En la región centro-norte se dan enfrentamientos entre agricultores y pastores, que se han intensificado en los últimos años. Esto ha mantenido ocupadas a las fuerzas armadas. Pero siendo la mayor economía de África y un país con una de las fuerzas militares más fuertes del continente, muchos se han preguntado por qué Nigeria ha sido incapaz de cortar de raíz la espiral de inseguridad.
Un factor que contribuye al fracaso del gobierno para detener la violencia es la propia estructura de seguridad en Nigeria, la cual está centralizada, con la autoridad concentrada en manos del gobierno federal, y sin una verdadera policía estatal o regional independiente, lo cual ha dificultado la actuación de los agentes de seguridad. Esta estructura ha dado lugar a peticiones populares para la creación de una policía estatal, especialmente con relación a las críticas que sostienen que los organismos de seguridad no colaboran eficazmente. En el ejército, los soldados se han quejado de la baja remuneración y de unas armas de calidad inferior a la de sus enemigos. Adicionalmente, el ejército nigeriano ha sido objeto de acusaciones de corrupción, sabotaje y brutalidad, lo que ha fracturado las relaciones con las comunidades y las posibles fuentes de información.
Autora: Pelumi Salako
Fuente: Al Jazeera
[Traducción y edición, Micaela Llona Bavestrello]
[CIDAF-UCM]
