El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, aprobó el controvertido proyecto de ley contra la homosexualidad, a pesar de la oposición de los países occidentales y de los activistas de derechos humanos.
El proyecto de ley fue aprobado por primera vez por los parlamentarios en marzo 2023, pero fue devuelto al parlamento para su enmienda. En la nueva ley el delito de homosexualidad se limita a los actos sexuales homosexuales. Las personas condenadas en virtud de esta cláusula se enfrentan a cadena perpetua.
La legislación también prescribe la pena de muerte por delitos agravados, en casos de abuso sexual contra un menor, una persona discapacitada o cuando la víctima del abuso está infectada con una enfermedad de por vida. Los ciudadanos también deberán denunciar a las autoridades cualquier forma de abuso homosexual contra niños u otras personas vulnerables.
La versión del proyecto de ley firmado por el presidente Yoweri Museveni no criminaliza a quienes se identifican como LGBTQ, una preocupación clave para los activistas que condenaron un borrador anterior de la legislación como un ataque atroz a los derechos humanos. El sentimiento antigay en Uganda ha crecido en las últimas semanas en medio de la cobertura de noticias que denuncian la sodomía en algunos internados.
Pero la nueva ley todavía prescribe la pena de muerte para la «homosexualidad agravada», que se define como los casos de relaciones sexuales entre personas infectadas con el VIH, así como con menores y otras categorías de personas vulnerables. La presidenta del parlamento, Anita Among, dijo en un comunicado que el presidente había «respondido a los gritos de nuestro pueblo» al firmar el proyecto de ley. Es probable que la ley sea impugnada en los tribunales. Una similar fue anulada por el tribunal constitucional de Uganda en 2014, según el “Daily Monitor.”
Los líderes del programa de la ONU contra el SIDA, el Plan de Emergencia del presidente de los Estados Unidos para el Alivio del SIDA y el Fondo Mundial en una declaración conjunta el lunes dijeron que están «profundamente preocupados por el impacto dañino» de la legislación sobre la salud pública y la respuesta al VIH. «La Ley contra la homosexualidad de 2023 obstruirá la educación sobre la salud y la divulgación que puede ayudar a acabar con el SIDA como una amenaza para la salud pública«.
Creo que, para la mayoría social en Uganda, donde he trabajado por la educación ética e integral durante 40 años, prefieren que se hable más bien de los derechos fundamentales de los ciudadanos: a la salud, la educación, el empleo, techo y tierra, a una gobernanza responsable centrada en la dignidad de cada persona y en el bien común, que de los temas que suponen una provocación innecesaria. De todas formas, la práctica de la homosexualidad ya era ilegal en Uganda, desde el tiempo colonial.
Existen, en todos los países de África y del mundo, tradiciones, costumbres, prácticas y normas sociales que liberan, enriquecen y fortalecen la solidaridad y la armonía social. Pero también existen otras prácticas y normas que esclavizan a las personas más vulnerables, como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, y también la negativa ciega a reconocer la realidad sobre la existencia y la dignidad de personas gay como una realidad social.
Esa negativa a reconocer esta y otras realidades sociales, como el abuso de menores en algunas sociedades, es sorprendente y perjudicial. Si no llegamos a reconocer y a respetar la realidad nunca llegaremos a sanar la raíz del desafío, por una mayor transparencia y por una auténtica acogida, integración y colaboración social de todas las personas.
CIDAF-UCM
