Diversidad en los nombramientos públicos
Bajo el anterior gobierno, la mayoría de ministros del gabinete y funcionarios clave en todo el estado eran de la provincia Oriental, de la que es originario Lungu o de una de las tres provincias de habla bemba que apoyaban al PF. Los zambianos del Sur, Oeste y Noroeste, que votaron por la oposición, fueron marginados.
Hichilema prometió hacer las cosas de otra manera si era elegido, pero apenas lo ha cumplido. Si bien su gabinete es relativamente representativo de las diez provincias de Zambia, las áreas que históricamente votaron por el PF están muy poco representadas, mientras que la mayoría de los ministros pertenecen a grupos étnicos que han formado el núcleo de base de Hichilema.
Los ministerios clave (ministerios de interior, defensa, finanzas, justicia, educación, gobierno local y muchos más), los puestos de liderazgo de los cinco servicios de seguridad, el liderazgo del sistema de justicia y la mayoría de secretarios permanentes en el servicio civil están ocupados por personas de las regiones que tradicionalmente han votado por Hichilema.
Ha habido una inversión casi completa en la que los vencedores de ayer se han convertido en las víctimas de hoy y viceversa. Esto, entre otras cosas, aumenta el riesgo de un círculo vicioso en el que si cada nuevo líder continúa esta tendencia, se haga más probable que las próximas elecciones estén impulsadas por consideraciones étnicas en lugar de políticas.
El historial del nuevo presidente en otras formas de inclusión es aún peor. Aunque la constitución exige una representación de género igualitaria en los cargos públicos, solo cinco ministros del gabinete son mujeres, la mitad de la cifra bajo Lungu. Además, solo una de las ocho nominaciones de Hichilema al parlamento, una disposición constitucional destinada a abordar los desequilibrios electorales, fue mujer. Y solo uno de los diez ministros provinciales del presidente es mujer. Además, Hichilema tampoco ha hecho nombramientos de jóvenes (18-35) o personas con discapacidad para altos cargos gubernamentales en clara violación de la constitución.
Fuente: African Arguments
[CIDAF-UCM]
