Las mujeres y los niños son las víctimas más afectadas por la violencia y las consecuencias del desplazamiento en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, donde desde 2017 más de 700.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a las acciones de los grupos yihadistas adheridos al Estado Islámico. La situación se agravó en marzo de este año con el asalto a la ciudad de Palma (véase Fides 27/3/2021) que provocó el desplazamiento de otras 67.000 personas. La mitad de ellos son niños. Los desplazados llegaron por todos los medios posibles, incluso a pie, a la capital de Pemba, y han sido acogidos en campamentos gestionados por organizaciones locales e internacionales. Pero las necesidades son múltiples y la situación de seguridad, especialmente para los más débiles, sigue siendo muy precaria.
Andrea M. Wojnar, responsable en Mozambique del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señala que “Con las chicas sin escolarizar y las familias enfrentándose a pérdidas y dificultades económicas, el riesgo de matrimonios precoces y embarazos en la adolescencia se convierte en una preocupación creciente”. Kwiriwi Fonseca, jefe de comunicaciones de la diócesis de Pemba, informa que aquellos que no lograron escapar han tenido que sufrir consecuencias aún más dramáticas y que cientos de niños y niñas han sido secuestrados por grupos yihadistas. Los chicos, dice el sacerdote, son reclutados a la fuerza en las filas de los yihadistas, mientras que las chicas son entregadas “en matrimonio” a los combatientes o sirven como esclavas. Fonseca recoge la denuncia de la hermana Eliane da Costa, una brasileña que se encontraba en Mocímboa da Praia cuando la localidad costera cayó en manos de los terroristas en agosto de 2020 y decenas de personas fueron secuestradas.
“La hermana Eliane vivió 24 días entre los terroristas, en la selva, y me advirtió diciendo: ‘Padre Fonseca, no se olvide de los secuestrados, sobre todo de los niños y adolescentes, que son entrenados para ser terroristas’”.
En Lichinga, provincia de Niassa, Mónica da Rocha, religiosa portuguesa perteneciente a la Congregación de las Hermanas Reparadoras de Nuestra Señora de Fátima, acoge a los desplazados y dice que es “urgente reconstruir sus vidas destrozadas”:
“Los secuestros en el contexto de la guerra son más frecuentes en jóvenes y niños. En el caso de los niños secuestrados, la mayoría de las veces son llevados para ser entrenados para luchar junto a los terroristas y en el caso de las niñas para ser esclavas sexuales”.
Para ayudar a la población del norte de Mozambique, más de 30 organizaciones de la sociedad civil portuguesa, entre ellas varias instituciones católicas, han lanzado la campaña “Cabo Delgado, no nos resignamos a la violencia”. Los participantes han lanzado un llamamiento al gobierno de Portugal (Mozambique es una antigua colonia portuguesa), a la Unión Europea y a las Naciones Unidas para el “envío urgente de ayuda humanitaria” a Cabo Delgado.
L.M.
Fuente: Agencia Fides–@AgenciaFidesEs-Imagen: Manos Unidas–@ManosUnidasONGD
[Fundación Sur]
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