Era la noche del martes 16 de septiembre y acabábamos de aterrizar en Marruecos. Un hombre de negocios se quedó mirando algunos documentos que descansaban sobre mi regazo. Fue en esos momentos incómodos en que todavía no puedes salir del avión y los pasajeros se impacientan moviéndose en un reducido espacio, entre las filas de asientos y los estrechos pasillos. El hombre me miró a los ojos y me dijo con un convencimiento absoluto: “¿Sois de Amnistía? Tendréis problemas en el control de pasaportes”. Le devolví la mirada. Y sonreí.
Esa mirada me recordó otra que tengo grabada en la memoria desde el 13 de mayo pasado, cuando Farida Aarrass se presentó en la oficina de Amnistía Internacional en Madrid. Tenía la firme determinación de denunciar que a su hermano Ali le habían torturado repetidamente durante 12 días en diciembre de 2010, mientras permanecía detenido en secreto bajo custodia de los servicios de inteligencia marroquíes.
Su caso ha traído ahora a Rabat a una delegación de Amnistía Internacional que se ha reunido con los embajadores de España y Bélgica, y el Ministro de Justicia y Libertades marroquí, entre otras autoridades.
Ali Aarrass tiene la doble nacionalidad belga y marroquí. En febrero pasado, un tribunal belga ordenó a las autoridades de este país que le proporcionara asistencia consular. La decisión fue ratificada, tras la apelación, el pasado 9 de septiembre. Por cada día de retraso en la aplicación de esta sentencia, las autoridades belgas deben pagar 100 euros de multa. Preguntamos al Embajador por este asunto. Su respuesta fue desesperanzadora: no ha hecho nada y espera instrucciones del Ministro de Exteriores para actuar. No pareció darle mucha prioridad.
La historia de Ali es larga. Fue investigado desde 2006 por la Audiencia Nacional española -por cargos relacionados con terrorismo- hasta marzo de 2009, cuando se archivó provisionalmente la investigación en su contra por falta de pruebas. Aún así, poco después, el Consejo de Ministros español aprobó su extradición a Marruecos. Poco importaron las advertencias de Naciones Unidas y Amnistía Internacional, que alertaron de que había riesgos de tortura u otros malos tratos, así como temor de que tuviera un juicio injusto. No se nos escuchó y las sospechas se tornaron realidad.
En 2012, el Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de la ONU, Juan E. Méndez, visitó a Ali Aarrass en prisión junto con un perito médico independiente. Ambos confirmaron que habían observado señales de tortura compatibles con su testimonio. Ali dijo que le habían golpeado en las plantas de los pies, aplicado descargas eléctricas, colgado de las muñecas durante largos períodos y quemado con cigarrillos. Su confesión se obtuvo bajo tortura. Incluso se vio obligado a firmar documentos que ni siquiera entendía.
En julio pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU decidió que España había violado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al extraditar a Ali Aarrass y ordenó a España que le compense, coopere con las autoridades marroquíes para que sea tratado bien y que adopte medidas para prevenir situaciones similares en el futuro. Le transmitimos esta información al Embajador español en Rabat, quien se comprometió a enviar un informe del caso a Madrid. La respuesta oficial de cómo España va a poner en marcha las peticiones que le ha formulado la ONU no se ha producido.
Dentro de pocos días, está prevista una audiencia por el caso de Ali. Una semana después de que la organización pusiera el foco de su campaña Stop Tortura sobre él, las autoridades marroquíes anunciaron una investigación. Amnistía Internacional ha pedido a los Embajadores que se interesen por esta audiencia y que coordinen sus esfuerzos para que se haga justicia.
El ministro de Justicia y Libertades marroquí, en una reunión con la delegación de Amnistía Internacional, confirmó que no será una audiencia pública. La delegación le pidió entonces que garantice una investigación independiente e imparcial y que incluya un examen médico forense conforme a la normativa internacional. También le dijo que atendiera la reciente petición del grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria, que solicita la liberación inmediata de Ali Aarrass y una indemnización adecuada. Para apoyar estas peticiones, se pusieron sobre la mesa del despacho del ministro 216.450 firmas procedentes de 120 países y se realizó una cadena humana enfrente del Parlamento en la que participaron más de 100 personas.
El ministro mostró verbalmente su intención de erradicar la tortura de Marruecos, reconociendo su práctica aislada, y dijo que tomará medidas para que se investiguen las denuncias que se produzcan, incluso con la posibilidad de realizar algunas modificaciones en el Código Penal que está revisándose en estos días. Además, mostró una apertura al diálogo con Amnistía Internacional, invitando a la organización a una visita más prolongada al país. A pesar de las buenas intenciones, de momento se trata sólo de palabras. Ali Aarrass y otras personas que languidecen en prisión necesitan hechos.
PD. Al mismo tiempo que el ministro de Justicia decía a Amnistía Internacional que iba a dar instrucciones a las autoridades policiales, judiciales y penitenciarias del país para que investiguen y no toleren casos de tortura, siete prisioneros saharauis fueron golpeados e insultados en la prisión de El Aaiún por los guardias que los custodian. Seis ya habían denunciado tortura durante el interrogatorio policial que siguió a su detención y cuatro fueron condenados en base a “confesiones” que dijeron haberse visto obligados a hacer. Terminamos la visita a Marruecos y ya tenemos que empezar de nuevo.
El autor es miembro de la delegación de Amnistía Internacional desplazada hasta Rabat desde el 16 de septiembre.
Original en : Blogs de El País. África no es un país .
