Las fuerzas armadas de Mozambique han recibido una amplia formación extranjera y apoyo internacional para combatir la insurgencia en Cabo Delgado; sin embargo, la persistente escasez de equipamiento, las debilidades operativas y los abusos contra los derechos humanos siguen socavando sus esfuerzos. Según Borges Nhamirre, investigador del Instituto de Estudios de Seguridad en Pretoria, la incapacidad del gobierno para ganarse la confianza de las comunidades locales está permitiendo que los insurgentes mantengan su presencia y recuperen impulso.
Desde los primeros ataques, el 5 de octubre de 2017, las Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM) han contado con la asistencia de la Unión Europea, Ruanda, Estados Unidos, Argelia y otros socios internacionales. Estas iniciativas han mejorado la formación militar, la coordinación operativa y las tasas de supervivencia del personal. No obstante, el uso de armamento obsoleto, medios de transporte inadecuados y una capacidad logística limitada siguen obstaculizando las operaciones. A pesar de los nuevos acuerdos de defensa con la India y Turquía, su impacto en el campo de batalla continúa siendo limitado.
La retirada de la Misión de la Comunidad de Desarrollo de África Austral en Mozambique, a mediados de 2024, ha otorgado una mayor responsabilidad a las FADM, que desde entonces han liderado sus propias ofensivas y patrullas. Aun así, los insurgentes han reanudado los ataques en las principales vías de comunicación, tomando como objetivo a civiles y personal de seguridad mediante emboscadas, secuestros y exigencias de rescate.
Nhamirre sostiene que los abusos cometidos por las tropas gubernamentales, entre ellos, el presunto asesinato de civiles y la explotación sexual de mujeres desplazadas, están erosionando aún más la confianza pública. Advierte, además, que la falta de coherencia en las doctrinas militares y el insuficiente énfasis político en los derechos humanos han debilitado los esfuerzos por proteger a la población civil y fomentar la colaboración con las fuerzas de seguridad.
El desafío central, concluye, no reside únicamente en la superioridad militar, sino en lograr el apoyo de las comunidades afectadas por el conflicto. Los insurgentes aprovechan la complejidad del terreno y la escasa presencia del Estado, mientras que los residentes locales, al sentir miedo o desconfianza hacia las fuerzas gubernamentales, pueden mostrarse reticentes a informar sobre los movimientos de los insurgentes. Si bien la creación de un centro de lucha contra el terrorismo brinda una oportunidad para mejorar la coordinación, un progreso duradero dependerá de que cesen los abusos, se proteja a los civiles y se fortalezca la cooperación entre el ejército y las comunidades locales.