Introducción
La cuestión del poder político en el Ruanda contemporáneo suscita interpretaciones contrastadas, que oscilan entre la puesta de relieve de un modelo de estabilidad post-conflicto y la crítica a un sistema fuertemente centralizado. Desde el fin del genocidio de 1994, Ruanda ha conocido una reconstrucción rápida de sus instituciones y una consolidación de la autoridad del Estado, encarnado por el Frente Patriótico Ruandés (Prunier, 2000), Esta trayectoria es presentada por sus autoridades como una respuesta necesaria al hundimiento político y social que condujeron a las masivas violencias.
Sin embargo, varios trabajos académicos e informes de organizaciones de defensa de los derechos humanos subrayan los límites del pluralismo político así como las restricciones que pesan sobre la libertad de expresión y sobre la oposición (Reyntjens, 2013; Human Rights Watch, 2024). Freedon House , por otra parte, clasifica regularmente a Ruanda entre los regímenes que restringen de modo importante las libertades civiles y políticas.
En este contexto, la noción de “relato del enemigo” constituye un mecanismo de análisis útil para comprender la legitimación del poder. Designa la manera como un sistema político moviliza la representación de una amenaza – interior o exterior – a fin de reforzar la cohesión colectiva y justificar el mantenimiento de una fuerte autoridad. Este tipo de mecanismo encuentra un precedente histórico en la Roma antigua, concretamente por medio de la representación de Cartago como una amenaza existencial para la República romana (Mellor, 1999).
La comparación entre la Roma antigua y el Ruanda contemporáneo no trata de establecer un equivalente histórico, sino de preguntarse por ciertas continuidades en los modos de justificación del poder. Este enfoque permite analizar cómo los discursos sobre seguridad, estabilidad y supervivencia del Estado pueden contribuir a estructurar duraderamente una dictadura como modo de gobernanza.
Roma y Cartago como matriz del enemigo político
En la historia política de Roma, la rivalidad con Cartago constituye uno de los ejemplos más notables de la construcción de un enemigo duradero en el imaginario estatal. Las guerras púnicas (264-146 antes de J.-C.) no se limitan a enfrentamientos militares entre dos potencias mediterráneas; participan igualmente en la elaboración de un discurso político en el que Cartago es presentado progresivamente como una amenaza existencial para Roma (Goldsworthy, 2000). La supervivencia de la ciudad romana aparece entonces estrechamente asociada a la eliminación de este adversario.
La expresión atribuida a Caton el Viejo, Cartago delenda est (Cartago debe ser destruida) ilustra esta lógica. Más que un eslogan de guerra, funciona como un recuerdo político permanente destinado a mantener la atención de las élites romanas sobre una amenaza presentada como duradera, incluso fuera de los periodos de conflicto abierto (Flower, 2010). En este marco, Cartago se convierte menos que en un actor histórico concreto en un símbolo político movilizado para reforzar la cohesión interna y legitimar la expansión militar romana.
Esta representación del enemigo juega igualmente un rol central en el funcionamiento de la República. Al designar un adversario exterior absoluto, las élites romanas refuerzan la unidad cívica y justifican medidas excepcionales, concretamente en materia militar, fiscal y política (Lintott, 1999). El enemigo exterior se convierte así en un factor de estabilización interna, y permite contener temporalmente las divisiones sociales y políticas.
La destrucción de Cartago en el año 146 antes de JC, marca la culminación de esta dinámica sin por ello poner fin a la misma. La desaparición del adversario abre por el contrario la posibilidad del desplazamiento de esta lógica hacia otras figuras enemigas, internas o externas, en la prolongación de la expansión romana (Gruen, 2011). El enemigo aparece así no como una realidad únicamente coyuntural sino como un elemento estructurador del discurso del poder romano.
El caso ruandés: memoria del genocidio, seguridad y construcción del enemigo político
El genocidio de 1994: una verdad histórica incontestable
La trayectoria política del Ruanda contemporáneo no puede entenderse sin referencia al genocidio perpetrado contra los tutsi en 1994, hecho fundador que llevó consigo el hundimiento del Estado, la muerte de cientos de miles de personas y un traumatismo duradero de la sociedad ruandesa. Reconocido como una realidad histórica establecida por la justicia, este drama ha marcado profundamente las estructuras sociales, políticas y psicológicas del país (Longman, 2017; Reyntjens, 2013). Sigue siendo hoy un elemento central de la legitimidad del régimen surgido de la victoria del Frente Patriótico Ruandés (FPR), cuyo discurso asocia estrechamente la reconstrucción nacional a la prevención de cualquier resurgimiento de las violencias masivas (Prunier, 2009).
El FPR, dirigido por Paul Kagame, tomó el poder por la vía militar en julio de 1994. Desde entonces, Paul Kagame ocupa un lugar central en la gobernanza del país, primero como vicepresidente y ministro de Defensa, luego como presidente de la República a partir del año 2000.
En este contexto, algunos analistas evocan una lógica comparable al síndrome de Delenda est Cartago. Desde su llegada al poder, el discurso oficial insiste regularmente en los temas de seguridad nacional y en la existencia de amenazas exteriores o interiores (Longman, 2017).
Esta representación se manifiesta concretamente en el caso de las FDLR (Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda), grupo armado activo en el este de la República democrática del Congo. Las autoridades ruandesas lo presentan frecuentemente como una grave amenaza para la seguridad. Sin embargo, varios observadores se preguntan sobre su real capacidad militar frente al poderío de las fuerzas armadas ruandesas y su protagonismo en operaciones regionales de seguridad. Por otra parte, el hecho de que este grupo haya sido declarado a veces neutralizado militarmente, plantea interrogantes sobre su reactivación recurrente en el discurso político (Amnistía Internacional).
Esta lógica concierne igualmente a algunos opositores políticos, asociados a veces a amenazas contra la seguridad nacional. Varias figuras de la oposición, entre ellas Victoire Ingabire Umuhoza, Paul Rusesabagina, Pasteur Bizimungu o Bernard Ntaganda han sido perseguidos o encarcelados. Otros críticos con el poder, como Patrick Karegeya, André Kagwa Rwisereka, han sido víctimas de violencias políticas o asesinatos según organizaciones de defensa de derechos humanos (Human Rights Watch. Amnistía Internacional).
En esta perspectiva, varios autores consideran que el poder ruandés moviliza frecuentemente la memoria del genocidio y la seguridad en un marco discursivo en el que la distinción entre amenaza política y oposición resulta difícil de establecer (Reyntjens, 2913; Longman, 2017).
La noción de “ideología del genocidio”
Un elemento particularmente significativo del discurso oficial ruandés es el recurso a la noción de “ideología del genocidio”. Su definición jurídica sigue siendo relativamente amplia y a veces imprecisa; esta categoría engloba un variado conjunto de comportamientos, que van desde actos de violencia a tomas de posición públicas o políticas consideradas susceptibles de reavivar las dinámicas que condujeron a las masacres de 1994. Integrada en el derecho nacional y en las políticas públicas, es presentada por las autoridades como un instrumento destinado a prevenir cualquier resurgimiento de las lógicas genocidas.
Sin embargo, varios analistas críticos subrayan que la extensión de este concepto tiende a reducir el espacio de la crítica política en la medida en que ciertas formas de oposición pueden ser asimiladas a una participación en esta ideología (Longman, 2017; Reyntjens, 2013). Esta interpretación extensiva de la frontera entre una contestación política y el negacionismo contribuiría a controlar estrictamente los discursos políticos y mediáticos, con el peligro en consecuencia de restringir la libertad de expresión (Reyntjens, 2013).
La legislación ruandesa relativa a la discriminación y a la negación del genocidio, oficialmente presentada como un instrumento de prevención de los discursos del odio, ha sido objeto, por otra parte, de críticas por parte de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, concretamente por Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Estas organizaciones estiman que su aplicación carece de claridad y coherencia, suscitando preocupaciones en cuanto a su uso en algunos contextos políticos.
En este marco, periodistas, investigadores y opositores políticos han sido a veces perseguidos sobre la base de esas disposiciones, por lo que varios observadores analizan como una forma de regulación del espacio político.
Política regional y construcción del enemigo exterior
El discurso de amenaza permanente no se limita al interior de Ruanda. A escala regional, las autoridades destacan la presencia de las Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda. Esta amenaza es evocada regularmente para justificar intervenciones militares en esta zona, lo que contribuye a una inestabilidad duradera en la región.
Varios analistas estiman que la importancia acordada a este peligro en el discurso oficial mantiene la percepción de un enemigo permanente. Esta representación permite legitimar medidas de seguridad excepcionales, tanto en el exterior como en el interior del país, reforzando una lógica de vigilancia constante (Reyntjens, 2013; Straus & Wlaforf, 2011).
Por otra parte, informes de expertos de las Naciones Unidas han indicado regularmente que Ruanda apoya a ciertos grupos armados que operan en la República democrática del Congo, concretamente al movimiento M23. Estas acusaciones entran en conflicto con el discurso oficial de Kigali, basado en la necesidad de garantizar la seguridad nacional y la estabilidad regional (United Nations Security Council, 2022). Esta contradicción ilustra la manera como la construcción de un enemigo permanente puede estructurar las prácticas políticas y de seguridad a la vez que alimentan dinámicas regionales inestables.
En este contexto, varios investigadores analizan el rol central del relato seguritario en la estructuración del poder político ruandés. El Estado es descrito a menudo como fundamentando su legitimidad en la promesa de prevenir en retorno al caos de 1994. Este relato reposa en la idea de que la supervivencia de la nación depende de un estrecho control de las fuerzas susceptibles de reavivar las divisiones étnicas o políticas- Algunos autores ven en ello un mecanismo de consolidación de la autoridad política, en el que la figura del enemigo, interno o externo, juega un rol esencial en la legitimación del poder (Reyntjens, 2013).
De este modo, la articulación entre memoria del genocidio, amenazas de seguridad regionales y encuadramiento del campo político contribuye a producir un sistema en el que la estabilidad se asocia estrechamente a una fuerte centralización de la autoridad y a una definición ampliada de los peligros políticos.
Consecuencias de una política del miedo en la sociedad
Estrechamiento del espacio democrático
Una de las características puestas de relieve en los análisis de la gobernanza del Ruanda contemporáneo es la reducción del espacio democrático y de las libertades de los actores no afiliados al régimen en el poder. Varios trabajos e informes de organizaciones internacionales señalan que el país figura regularmente entre lo últimos clasificados en materia de libertades civiles y políticas, en concreto en lo referente a la libertad de prensa y la libertad de expresión (Reporteros sin fronteras, 2023; Freedom House, 2023).
A título de ilustración, en el índice mundial de la libertad de prensa de 2023, Ruanda queda clasificado en el puesto 160 de 180 países (Reporteros sin fronteras, 2023). En este contexto, los periodistas que tratan temas sensibles o críticos se expondrían, según varios informes, a riesgos de sufrir intimidaciones y cárcel, y en algunos casos documentados a violencias extremas (Amnistía Internacional, n.d.; Human Rihts Watch, n.d.).
Este clima favorece lo que la literatura en ciencias sociales califica de “efecto de silencio” (self-censorship effect), incluso en ausencia de coerción directa (Kuran, 1991). Esta dinámica conduce progresivamente a una contracción del debate público y a una interiorización de los límites que no deben franquearse. Los ciudadanos adaptan entonces sus comportamientos en función de las consecuencias observadas en aquellos que han transgredido “las líneas rojas” percibidas.
Bajo esta perspectiva, el miedo actúa como un mecanismo implícito de regulación social, orientando los comportamientos colectivos sin recurso permanente a la coerción directa y enmarcando lo que es posible decir, pensar o contestar en el espacio público.
La inscripción de la memoria en el campo político
Otro efecto importante reside en la integración de la memoria del genocidio en los dispositivos institucionales y políticos del Estado. En Ruanda, la conmemoración del genocidio de los tutsi constituye un programa oficial enmarcado por las autoridades públicas, que definen las modalidades y las orientaciones (Longman, 2017; Reyntjens, 2013).
Esta institucionalización de la memoria contribuye a producir un relato dominante en el que el Frente Patriótico Ruandés y Paul Kagame son presentados principalmente como los actores de la liberación y de la reconstrucción nacional. Paralelamente, el espacio acordado a la discusión pública de aspectos más complejos y controvertidos de la historia, concretamente los sufrimientos de otros grupos de víctimas, sigue limitado (Reyntjens, 2013).
Conviene, no obstante, distinguir dos dimensiones. Por un lado, la memoria colectiva del genocidio que es una exigencia moral y social fundada en el reconocimiento de todas las víctimas y en la prevención de nuevas masivas violencias (Longman, 2017). Se inscribe en los principios de dignidad humana, justicia y preservación de la memoria histórica. Por otra parte, su institucionalización por parte del Estado enmarca las formas de su expresión pública orientando los relatos, las interpretaciones y los marcos legítimos del recuerdo. La primera dimensión corresponde a un imperativo ético. Mientras que la segunda se remite a bazas de gobernanza y de regulación del discurso público. Cuando esta última se hace dominante, la memoria puede transformarse en instrumento político, influyendo las representaciones del pasado y las dinámicas del debate público en la sociedad ruandesa contemporánea (Longman, 2017; Reyntjens 2013).
El problema del desarrollo controlado
El régimen político ruandés presenta una configuración compleja, caracterizada por una importante inversión en la construcción de su imagen internacional. Las autoridades ponen el acento en un discurso centrado en el rápido desarrollo, en la modernización y eficacia del Estado, proyectando la imagen de un país estable orientado hacia el crecimiento. Esta estrategia contribuye a atenuar en la escena internacional, las percepciones ligadas a las prácticas autoritarias del régimen (Reyntjens, 2013; Longman, 2017).
Numerosos informes subrayan los progresos realizados en la reducción de la pobreza, la mejora del sistema de salud, el desarrollo de las infraestructuras o la transformación de Kigali en un escaparate de modernidad (World Bank, 2020). Sin poner en cuestión estos avances, varios analistas críticos estiman no obstante que los indicadores macroeconómicos y los relatos institucionales no reflejan plenamente las realidades sociales vividas por una parte de la población (Reyntjens, 2013).
Este desajuste entre representación internacional y percepciones internas ha conducido a algunos socios de Ruanda a relativizar las preocupaciones ligadas a los derechos humanos frente a los logros económicos del país (Human Rihts Watch, n.d.).
En consecuencia, emerge una cuestión central: ¿el desarrollo económico puede ser acompañado duraderamente con una restricción de las libertades políticas y de los derechos fundamentales? Más ampliamente, ¿un modelo de desarrollo fundado en el debilitamiento del debate democrático, de la libertad de prensa y de la autonomía de la sociedad civil, puede ser sostenible a largo plazo?
Varios trabajos recuerdan que los regímenes que se basan en una limitación duradera de la libertad de expresión tienden a producir formas de fragilidad política. La ausencia de mecanismos abiertos a la crítica y contestación favorece la acumulación progresiva de tensiones sociales y políticas, a veces invisibles, pero susceptibles de emerger brutalmente cuando los canales de expresión están bloqueados (Longman, 2017).
En esta perspectiva, el recurso al miedo como modo de gobernanza puede generar una aparente estabilidad a corto plazo, a la vez que, a largo plazo, desequilibrios políticos y sociales estructurales que las generaciones futuras podrían verse obligadas a gestionar.
La construcción de las mentes y de las sociedades en un país marcado por el traumatismo: ¿qué orientaciones serían deseables?
La historia ofrece ejemplos de sociedades que superaron traumatismos colectivos sin recurrir a una gobernanza sustentada en el miedo. La Alemania de la post-segunda guerra mundial constituye un caso frecuentemente citado. Después de los crímenes cometidos bajo el régimen nazi, responsables del exterminio de millones de personas, concretamente judíos, el país construyó progresivamente un sistema democrático basado en el reconocimiento de su responsabilidad histórica, en la memoria y en la defensa de los derechos humanos (Evans, 2005).
Este proceso se apoyó no sobre la restricción de las libertades de expresión o de pensamiento, sino en la educación cívica, en el reconocimiento público del pasado y en la valoración del debate democrático. Así, pone de relieve el rol de la transparencia histórica y de la apertura política en los procesos de reconstrucción post-conflicto (Judt, 2005).
La Sudáfrica post-apartheid constituye igualmente un referente importante. Bajo la dirección de Desmond Tutu, la Comisión Verdad y Reconciliación privilegió una lógica de desvelamiento público de las violencias pasadas más que un enfoque basado en el silencio o la represión. Enmarcado jurídicamente, este proceso permitió a las víctimas y a los autores de las violencias ofrecer sus testimonios en un marco institucional, contribuyendo a la reconstrucción social a pesar de la persistencia de algunas heridas históricas (Tutu, 199; Boraine, 2000).
Estos ejemplos muestran que existen alternativas a los modelos de gobernanza basados en el medio en las sociedades post-traumatizadas. Si bien ningún proceso de reconstrucción no está exento de límites, estas experiencias reposan en una misma lógica: considerar a los ciudadanos no como sujetos a los que controlar, sino como actores capaces de participar en la elaboración de respuestas duraderas a los traumatismos del pasado.
La historia como oportunidad de construcción del futuro
En el caso de Ruanda, una gobernanza basada en la igualdad de derechos a la memoria debería descansar sobre un principio central: garantizar a todos los ciudadanos un acceso legal al deber de memoria. Semejante enfoque de ningún modo trata de minimizar la gravedad del genocidio perpetrado contra los tutsi en 1994, sino de reconocer que este periodo histórico, en toda su complejidad, merecer ser estudiado de manera abierta y profunda.
En efecto, una memoria selectiva corre el peligro de mantener tensiones permanentes excluyendo algunas experiencias o interpretaciones del pasado. Una memoria fragmentada puede de ese modo fragilizar los procesos de reconciliación e impedir una verdadera curación social. En esta perspectiva, un enfoque inclusivo y crítico de la historia aparece como una condición esencial para la consolidación de una paz duradera y para una cohesión social sólida.
Delenda est Cartago: una retórica del enemigo interpretada en el contexto ruandés
La comparación entre Roma y Ruanda pone en evidencia una convergencia conceptual: en los dos casos, el enemigo supera su dimensión estrictamente militar o política para convertirse en una categoría estructurante del discurso del poder.
De la Roma antigua al Ruanda contemporáneo, un mismo mecanismo político aparece así: el uso del miedo como instrumento de consolidación del poder. La fórmula Cartago delenda est no solo es un llamamiento a la destrucción de Cartago; también puede ser interpretada como una lógica de construcción del enemigo y de movilización social por medio del miedo.
Desde esta perspectiva, el enemigo se convierte en una figura flexible, presentada como una amenaza permanente a fin de justificar discurso de protección y de seguridad, consolidando, a la vez, la posición del poder. Esta dinámica descansa tanto en la percepción mantenida de la amenaza como en su realidad objetiva.
Semejante mecanismo puede producir efectos ambivalentes. A corto plazo, favorece la cohesión política en torno a una autoridad central. A lago plazo, sin embargo, tiene a reducir las capacidades críticas de la sociedad, a debilitar las instituciones y a fragilizar la confianza social, cuando el miedo se convierte en modo duradero de gobernanza (Reyntjens, 2013; Longman, 2017).
En esta perspectiva, el futuro de Ruanda dependerá en gran parte de la capacidad de las nuevas generaciones en desarrollar una cultura política basada en el debate, en el pluralismo y en la distancia crítica respecto de los relatos dominantes. Semejante evolución podría favorecer la emergencia de una sociedad más inclusiva, en la que la memoria del pasado constituiría no un instrumento de división, sino de fundamentación común para la consolidación duradera de la paz.
Conclusión
El análisis del Ruanda contemporáneo a través del prisma de la Roma antigua pone en evidencia una dinámica política recurrente: la construcción de un enemigo como base de la cohesión colectiva y de legitimación del poder. Sin establecer una equivalencia entre contextos históricos profundamente diferentes, esta comparación muestra cómo los relatos de amenazas permanentes pueden reforzar un poder centralizado, concretamente en sociedades marcadas por un gran traumatismo colectivo (Gruen, 2011; Mellor, 1999).
En el caso ruandés, la memoria del genocidio contra los tutsi de 1994 sigue siendo un imperativo moral, histórico y político esencial. La prevención de cualquier resurgimiento de violencias genocidas constituye una exigencia legítima, tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad (Longman, 2017; Prunier, 2009). Sin embargo, el estudio de los discursos de seguridad y de los mecanismos de gobernanza muestra que la frontera entre protección de la memoria, seguridad nacional y control del espacio político puede convertirse en particularmente estrecho. Cuando el miedo al enemigo, interno o externo, se convierte en estructurante, tiene a reducir progresivamente los espacios de debate, de pluralismo y de crítica (Reyntjens, 2013; Longman, 2017).
La historia de las sociedades post-traumatizadas sugiere, no obstante, que una estabilidad duradera no puede descansar únicamente en el control político o en la movilización constante de la amenaza. Las experiencias de reconstrucción democrática muestran, al contrario, que el reconocimiento del pasado, la apertura del debate público, la educación crítica y la inclusión de las diferentes memorias constituyen condiciones esenciales para una paz duradera (Judt, 1005; Tutu, 1999; Boraine, 2000).
El futuro de Ruanda dependerá menos de la perpetuación de un relato centrado en el enemigo que de la capacidad para construir un espacio político en el que la memoria, verdad histórica, justicia y pluralismo puedan coexistir. La superación duradera del traumatismo significaría así superar el miedo como principio central de organización política y reconocer a los ciudadanos como actores capaces de participar plenamente en la construcción democrática y pacífica de su futuro colectivo (Longman, 2017; Reyntjens 2013).
Vestine Mukanoheri
Comisión Información y Comunicación – FDU Inkingi (Fuerzas Democráticas Unificadas – Inkingi)
Fuente: echosdafrique.com
[Traducción, Ramón Arozarena]
[CIDAF-UCM]
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