La población negra representa el 77 % de las condenas, mientras que el 90 % de los blancos de altos ingresos son absueltos.
“Cuanto más avanza un proceso legal, más personas negras se convierten en personas”, concluye un estudio realizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), basado en una investigación de 3.392 casos pendientes en el estado de Río de Janeiro, gobernado por Cláudio Castro (PL).
Según el estudio, el 69 % de los acusados y el 77 % de los condenados por tráfico de drogas son negros, lo que pone de manifiesto una mayor presencia de la población negra en el sistema judicial. Esta disparidad se confirma al compararla con la composición racial del estado de Río de Janeiro, donde el 58 % de la población es negra y el 42 % blanca.
La selectividad es llamativamente evidente en las penas de prisión por delitos de drogas: en promedio, las personas blancas condenadas reciben una pena de 810 días, mientras que los acusados negros reciben una pena de 1172 días, una diferencia de 362 días, lo que también representa un tiempo de prisión promedio para las personas negras un 44,69 % mayor.
La encuesta titulada «Equipo Selectivo: El Tratamiento Penal de los Delitos de Drogas en Río de Janeiro» revela que el sistema de justicia penal de Río de Janeiro funciona como una máquina que determina, con base en criterios de raza, clase y territorio, quién será castigado por qué delito (posesión para consumo personal, tráfico y asociación para el tráfico) y de qué manera.
Hay una mayor representación de personas negras en todo el sistema, y su presencia se intensifica a medida que avanza el proceso. Constituyen el 69 % de los acusados, el 75 % de los imputados por el Ministerio Público y el 77 % de los condenados.
La palabra del policía
Una investigación realizada entre 2022 y 2023 indica que la intervención policial es el filtro inicial del sistema judicial, ya que casi el 90 % (89,1 %) de las condenas por narcotráfico en Río de Janeiro se basan en la palabra del policía; es decir, la justificación de la condena es el uso del Precedente 70 del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJRJ). «Cuando se cita, prácticamente garantiza la condena, y cuando se omite, las posibilidades de absolución aumentan considerablemente«, señala la encuesta.
El Precedente 70 estipulaba que la palabra de los policías era suficiente para condenar a un acusado. En diciembre de 2024, tras la intervención de la Defensoría Pública, el texto se modificó ligeramente para exigir que los testimonios sean «consistentes con las pruebas del expediente y fundamentados en la sentencia«. A pesar del cambio, se conservó la esencia: el testimonio del policía puede seguir siendo la variable principal para una condena.
“Esta selección comienza con el abordaje; la categoría ‘comportamiento sospechoso’ es una excusa para el racismo en los abordajes policiales, y esto sigue siendo cierto porque, en esta investigación, más del 42 % de los motivos para acercarse a las personas siguen debiéndose a comportamientos sospechosos en las calles de la ciudad”, revela Macedo, refiriéndose a los casos de consumo de drogas con base en el artículo 28 de la Ley de Drogas n.º 11.343/2006.
Resulta alarmante que el 41 % de los registros analizados no contengan ninguna justificación formal para la intervención policial. En los casos de trata y asociación para la trata, el “comportamiento sospechoso” persiste, pero se acompaña de denuncias anónimas como principal catalizador de las acciones.
Otro dato destacado en el estudio señala que casi el 80 % de las sentencias que mencionan el hecho como ocurrido en una favela o comunidad terminan en condena, y que las personas negras tienen un 43 % menos de probabilidades de recibir una oferta de acuerdo con la fiscalía que las personas blancas.
Con base en esto, la investigación muestra que el sistema judicial de Río de Janeiro no solo refleja un racismo estructural, sino que está organizado y perpetuado de cierta manera, analiza Giovanna Monteiro Macedo, investigadora del CESeC. «Ser negro, joven, pobre y vivir en una favela casi con certeza conlleva una condena bajo la Ley de Drogas; los datos son realmente alarmantes«, afirma.
Beatriz Ramos
Editado por: Luís Indriunas
Fuente: Brasil de Fato
[CIDAF-UCM]
