Cómo las normas comerciales configuran la capacidad de los países africanos para gravar sus economías digitales.
La digitalización ha alterado fundamentalmente la composición del comercio internacional, a medida que los flujos de datos y el comercio en línea han cobrado importancia rápidamente. Lo que a menudo se comprende menos es que, en el proceso, la digitalización ha también recalibrado el panorama tributario a nivel nacional. Basándose en su reciente investigación sobre este tema, Karishma Banga ha analizado las políticas de este cambio y cómo impacta negativamente el espacio político y la autonomía fiscal de los países más pobres.
A medida que las economías africanas aceleran su transición digital, se enfrentan a una crítica paradoja: si bien los modelos de negocio digitales se expanden rápidamente, la capacidad para gravarlos sigue siendo profundamente limitada. Diseñadas originalmente para la era analógica, las normas comerciales están consolidando cada vez más disposiciones que limitan la forma en que los países pueden gravar servicios, productos y plataformas digitales.
En este contexto, Karishma Banga, Alexander Beyleveld y Martin Luther Munu han explorado en su informe un marco para examinar cómo las normas comerciales sobre servicios, transmisiones electrónicas y productos digitales influyen en la capacidad de países africanos para gravar sus economías digitales, «¿Cambiando la soberanía fiscal? Cómo las normas comerciales cambian la tributación de la economía digital en África«.
Centrándose en cuatro instrumentos tributarios —impuesto sobre la renta de sociedades, impuesto sobre el valor añadido, aranceles aduaneros sobre transmisiones electrónicas e impuestos sobre servicios digitales—, los autores aplican el marco a Kenia, Ruanda y Sudáfrica. Los estudios de caso revelan que las normas comerciales no solo restringen la autoridad legal directa, sino que también crean barreras indirectas y administrativas en áreas clave, desde localización de datos hasta el acceso al código fuente. Estos hallazgos destacan cómo la gobernanza del comercio digital puede consolidar asimetrías en la tributación global, socavando la recuperación económica y la justicia fiscal en el Sur Global.
Nos reunimos con Karishma Banga, profesora de Economía Digital del Departamento de Humanidades Digitales del King’s College de Londres, para profundizar sobre las perspectivas e implicaciones que su artículo tiene para los responsables políticos.
Sherina Poyyail: ¿Podría explicarnos cómo y por qué eligió esta área para su artículo?
Karishma: Las normas del comercio digital se estudian cada vez más en el contexto de cómo influyen en el desarrollo económico, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Pero creo que un aspecto poco explorado es cómo las normas comerciales, en concreto las normas del comercio digital, afectan a la capacidad de un país para gravar su economía digital. Esto es especialmente importante para los países en desarrollo, donde la generación de ingresos es un componente clave de crecimiento económico.
Así, de ahí surgió la idea de este artículo, y lo que intentamos hacer es analizar cómo las normas comerciales y las normas del comercio digital afectan a diferentes instrumentos tributarios, analizando el impuesto sobre el valor añadido (IVA), el impuesto sobre la renta de sociedades, los impuestos sobre los servicios digitales (ISD) y los aranceles aduaneros sobre las transmisiones electrónicas. Intentamos elaborar un marco para ayudar a los responsables de fijar políticas a comprender la relación entre ambos conceptos y hacer un llamamiento a académicos para que profundicen más en áreas específicas.
Sherina: Bien, eso suena interesante. Su trabajo analiza la dimensión fiscal de las tecnologías digitales y su impacto en las políticas de desarrollo. ¿Podría darnos más explicaciones sobre esta dimensión y cómo cambió la práctica tributaria con la llegada de la digitalización?
Karishma: Las grandes empresas tecnológicas han estado a la vanguardia de esta transformación digital y la transición hacia actividades como la publicidad en línea, el comercio algorítmico y la minería de datos. Es fundamental poder gravar eficazmente estas nuevas actividades digitales para generar nuevas fuentes de ingresos. También observamos que el advenimiento de modelos de negocio digitales basados en datos ha aumentado los riesgos de evasión fiscal y erosionado la base imponible, con los ingresos provenientes de actividades digitales siendo transferidos a jurisdicciones con bajos impuestos.
Por lo tanto, es muy importante analizar la dimensión tributaria de las normas comerciales digitales, que es lo que hacemos en nuestro informe. Analizamos un marco de normas comerciales e impuestos digitales y profundizamos en tres específicos casos prácticos: Kenia, Ruanda y Sudáfrica. Descubrimos que las normas comerciales tienen efectos tanto directos como indirectos sobre la capacidad de un país para gravar la economía digital. Directamente, normas las comerciales– especialmente aquellas bajo el AGCS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios)— pueden limitar el alcance regulatorio de un país para gravar su economía digital a través de Impuestos a Servicios Digitales.
Los países han asumido ciertos compromisos relativos a sectores específicos bajo el marco de AGCS, lo que puede limitar la capacidad de un país para adoptar un Impuesto sobre los Servicios Digitales. También puede influir en el diseño del Impuesto sobre Servicios Digitales (ISD) mediante compromisos de acceso al mercado o de trato nacional. Diferentes países han asumido compromisos para sectores como servicios informáticos, telecomunicaciones o servicios audiovisuales, que están estrechamente vinculados con la economía digital. Por lo tanto, en primer lugar, esto tiene un efecto directo sobre el alcance regulatorio para aplicar y diseñar un ISD. Por supuesto, estas decisiones deben tomarse caso por caso, dependiendo del tipo de liberalización que se haya producido en el marco del AGCS.
Otra limitación directa es la moratoria [de la OMC] sobre los derechos de aduana sobre transmisiones electrónicas, acordada en 1998. En virtud de esta, los países han acordado establecer una especie de moratoria o prohibición sobre cobro de derechos de aduana sobre transmisiones electrónicas, incluidos los libros electrónicos, los videojuegos en línea y los servicios de software. Esta decisión es revisada casi cada dos años en las conferencias ministeriales de la OMC. Esto es también otro efecto de cómo estas normas de comercio directo pueden limitar o condicionar la capacidad de un país. La próxima Conferencia de la OMC tendrá lugar en marzo de 2026, donde se revisará esta decisión para determinar si los países continuarán haciéndolo.
Por lo tanto, si una empresa opera en un país y realiza transacciones digitales, al obligarla a establecer un centro de datos para almacenar los datos de sus ciudadanos dentro del país, tú puedes, al menos, establecer una presencia local sujeta a impuestos.
En términos de tributación indirecta, si piensas en un país como Sudáfrica, el cual tiene compromisos sobre servicios informáticos bajo el acuerdo del AGCS, podría darse el caso de que a Sudáfrica le resulte difícil imponer o aplicar un IDS. Para estos países que han asumido estas obligaciones en ciertos sectores de servicios, la localización de datos podría ser una forma muy interesante de obligar a las grandes empresas tecnológicas a establecer centros locales de datos para establecer una presencia local sujeta a impuestos. Por lo tanto, si una empresa opera dentro de un país y realiza transacciones digitales, al obligarla a establecer un centro de datos para almacenar los datos de los ciudadanos en ese país, al menos puedes establecer una presencia local sujeta a impuestos.
También existen efectos indirectos en cuanto a cómo las normas del comercio digital afectan a la capacidad administrativa de ciertos países. Si tienes flujos de datos transfronterizos libres y no se localizan, es muy difícil para los países o las autoridades fiscales rastrear dónde se generan, procesan y monetizan los datos. Muchas autoridades fiscales necesitan estos datos de usuarios para comprender realmente cómo se extraen y monetizan; necesitan acceso a este tipo de datos, modelos de negocio basados en datos, códigos fuente y algoritmos. Esto es lo que analizamos en nuestro documento: este tipo de efectos directos e indirectos, y luego intentamos profundizar más en ellos a través de ejemplos de países africanos.
- Karishma Banga: Tiene un doctorado en Economía del Desarrollo por la Universidad de Manchester y una maestría en Economía por la Universidad de Cambridge y es economista especializada en la interrelación entre las tecnologías digitales, el comercio internacional y el desarrollo económico. Es profesora de Economía Digital en el Departamento de Humanidades Digitales del King’s College de Londres y asesora de Políticas Comerciales Digitales de la Red de Mujeres Empresarias de la Commonwealth (Reino Unido). Es miembro de la Red de Comercio y Políticas Públicas (TaPP). Su investigación se centra en las implicaciones para el desarrollo de la Industria 4.0, las negociaciones comerciales digitales y las Cadenas Globales de Valor (CGV). Karishma ha liderado y contribuido a proyectos de alto impacto con diversas instituciones internacionales y multilaterales, como la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África (CEPA), la Secretaría de la Commonwealth, la UNCTAD, Afreximbank, la Unión Africana y la Organización Mundial del Comercio (OMC). Ha publicado en revistas de prestigio como Journal of International Economic Law, The World Economy, Review of Development Economics, European Journal of Development Research y Journal of International Trade and Economic Development. Su trabajo ha sido presentado ante organismos influyentes, como el Gobierno del Reino Unido, la Unión Africana, el Grupo de Trabajo OCDE-G20 y el principal asesor económico del Gobierno de la India. Anteriormente, ocupó puestos de investigación en el Instituto de Estudios de Desarrollo (IDS) de Brighton, el Grupo de Desarrollo Económico Internacional del ODI de Londres y el Centro para el Comercio y la Integración Económica de Ginebra.
- Sherina Poyyail: Trabaja en la intersección de comunicaciones e investigación, con un enfoque en género, tecnología y salud. Ha trabajado como reportera, editora e investigadora para organizaciones en la India y en el extranjero. Es escritora y ha liderado diversas iniciativas de consejería y redes de desarrollo comunitario para mejorar el acceso a medios de comunicación y a espacios de políticas públicas. Sherina es licenciada en Estudios de la Comunicación por la Universidad Symbiosis, tiene una maestría (medalla de oro) en Políticas Públicas por el St. Xavier’s College y un posgrado en Ciencias de Datos por la Universidad Ashoka. En su tiempo libre es una ávida consumidora de cafeína, programas de televisión de realidad basura y documentales sobre crímenes.
Fuente: Bot Populi
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[CIDAF-UCM]
