Jennifer Porter Gore advirtió en Word In Black que la nueva legislación federal de los Estados Unidos conocida como «One Big, Beautiful Bill Act» ya está provocando una fuerte reducción de la ayuda alimentaria para millones de afroamericanos en el país. La ley, aprobada en 2025, contempla recortes por 187000 millones de dólares al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) durante la próxima década, además de imponer requisitos laborales más estrictos, restringir los productos que pueden comprar los beneficiarios y eliminar la cobertura para inmigrantes legales.
Según el informe, más de cuatro millones de personas han perdido el acceso al programa desde la entrada en vigor de la norma, afectando de manera desproporcionada a la población negra, que representa cerca del 26 % de los beneficiarios del SNAP, equivalente a más de 10 millones de personas. Los defensores contra el hambre sostienen que la situación refleja las persistentes desigualdades raciales en ingresos y riqueza, y alertan de que el impacto podría agravarse en los próximos años.
El artículo subraya que el beneficio promedio del SNAP es de apenas 187 dólares mensuales —unos seis dólares diarios—, pero constituye una diferencia clave para evitar la inseguridad alimentaria. Además, rebate el estigma sobre los beneficiarios del programa al señalar que más del 75 % de los hogares que reciben ayuda cuentan con al menos una persona empleada, aunque con salarios insuficientes.
La nueva legislación amplió significativamente los requisitos laborales. Ahora, adultos de entre 55 y 64 años, padres con hijos mayores de 14 años, veteranos, personas sin hogar y jóvenes que estuvieron bajo tutela estatal deberán trabajar o participar en programas de capacitación durante al menos 80 horas mensuales para conservar los beneficios. Asimismo, los estados solo podrán conceder exenciones en zonas con desempleo superior al 10 %, lo que, según analistas, dificultará aún más el acceso a la ayuda alimentaria.
Otro de los cambios más controvertidos permite a los estados restringir los productos que pueden comprarse con fondos del SNAP. Nebraska fue el primer estado en prohibir la compra de refrescos y bebidas energéticas, seguido por otros estados como Indiana e Iowa. Actualmente, 22 estados limitan la adquisición de ciertos alimentos, incluidos dulces y bebidas azucaradas. Varios de esos estados —como Texas, Florida, Luisiana y Tennessee— cuentan con importantes poblaciones afroamericanas, lo que ha despertado críticas de organizaciones civiles y de nutrición.
Los opositores denuncian además que muchos de esos estados no han invertido en mejorar el acceso a supermercados en barrios negros, donde predominan tiendas de conveniencia con escasa oferta de alimentos frescos. Mientras tanto, beneficiarios de cinco estados han presentado demandas judiciales contra las restricciones, argumentando que violan la legislación vigente.
Porter Gore advierte que los bancos de alimentos y organizaciones benéficas no tienen capacidad para reemplazar el alcance del SNAP. Defensores contra el hambre estiman que los cambios provocarán la pérdida de más de seis mil millones de comidas para familias de bajos ingresos, afectando especialmente a comunidades afroamericanas ubicadas en zonas con escasos recursos alimentarios.
Fuente: Word in Black
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