El 2 de marzo los EE. UU. anunciaron una serie de sanciones contra la Fuerza de Defensa de Ruanda y contra 4 altos oficiales ruandeses, acusados de apoyar logísticamente y militarmente en el este de la República Democrática del Congo (RDC) a la rebelión del M23, que controla e incluso administra paralelamente amplias zonas del este de la RDC (Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri). Estas sanciones significan un evidente cambio de la administración norteamericana, que desde los años 1990 ha sido considerada como protectora del régimen de Kigali y hasta ahora se había mostrado insensible a las reiteradas reclamaciones congoleñas que exigían a la comunidad internacional que Ruanda fuera sancionada. La Fuerza de Defensa de Ruanda está inscrita en la lista negra americana, «Specially Designated Nationals and Blocked Persons» (SDN). Entre los oficiales superiores sancionados está el jefe de estado mayor del ejército ruandés, Vincent Nyakarundi.
Esta medida sancionadora está ligada a los Acuerdos de Washington firmados por iniciativa de Donald Trump en diciembre de 2025. La decisión norteamericana ha sido recibida con alborozo por Kinshasa como “una señal clara en favor del respeto de la soberanía y de la identidad territorial de la RDC” y han expresado “su profundo agradecimiento” a los EE. UU. por su implicación en la búsqueda de la paz. Kigali, tras la ducha de agua fría, ha denunciado las sanciones como “unilaterales” e «injustas»; ha justificado de nuevo su actividad en el este del Congo por la colaboración que las Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda (FDLR) aportan al ejército congoleño (FARDC) y porque representan una amenaza permanente, al ser calificadas de “genocidas”, a la seguridad de Ruanda. Sin duda alguna, la decisión americana ejerce una importante presión sobre Ruanda y confirma que el régimen de Kigali es considerado como el principal desestabilizador de la región.
Denis Mukwege, el médico ginecólogo congoleño definido como el “reparador de las mujeres”, premio Nobel de la paz 2018, ha denunciado reiteradamente que el objetivo ruandés es el controlar el territorio del este congoleño y hacerse con los recursos mineros (cobalto, coltán, oro, estaño, tierras raras, etc.) y debilitar la soberanía congoleña (una anexión de hecho). Según Mukwege, los numerosos acuerdos de paz y alto el fuego, firmados hasta ahora, “para nada han cambiado la suerte de millones de congoleños que han quedado lejos de sus raíces, hambrientos y privados de sus derechos fundamentales”. Las iniciativas internacionales ignoran las realidades locales y persiguen otras prioridades; “el futuro de la RDC no puede ser decidido en capitales extranjeras”.
Con relación a las sanciones norteamericanas contra el ejército ruandés y 4 altos oficiales del mismo, Denis Mukwege las considera “necesarias pero no suficientes”. Opina que dichas medidas deben integrarse en una dinámica internacional más amplia (por ejemplo, aislar a Ruanda), para garantizar la efectiva aplicación de la resolución 2773 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas que exige un alto el fuego inmediato e incondicional, la retirada de las fuerzas ruandesas del territorio congoleño, el fin del apoyo a la rebelión del M23 y el desmantelamiento de las administraciones paralelas puestas en pie en las zonas bajo control rebelde.
Ramón Arozarena
CIDAF-UCM
