Si hay algo que puede afirmarse con seguridad es que el policía de Minneapolis Derek Chauvin no habría sido acusado del asesinato de George Floyd si la amenaza de una revuelta nacional en Estados Unidos no hubiera sido tan evidente. Si los manifestantes no hubieran salido en grandes cantidades en a la calle, el sistema legal estadounidense simplemente habría hecho la vista gorda como lo ha hecho en innumerables ocasiones. Sin las protestas masivas, el asesinato de Floyd y sus gritos de «No puedo respirar» habrían sido pronto olvidados. A lo sumo, Chauvin habría tenido que enfrentar, como lo había hecho muchas veces antes, una investigación disciplinaria sobre «mala conducta». Sin la ira de todo un país, de todo el mundo, Chauvin no habría tenido que rendir cuentas a la justicia, en cambio, se ha convertido en el primer policía blanco del estado de Minnesota en ser acusado por la muerte de un hombre negro.

Aunque la mayoría de los manifestantes han mantenido una postura pacífica, muchos de los agentes de policía parecen ajenos a la situación. Los ataques violentos de la policía contra los manifestantes sugieren que es el cargo de asesinato de Chauvin y no la propia muerte de Floyd lo que ha enfurecido a otros policías, que esperan una impunidad continua en respuesta a su violencia. Del mismo modo, se ha podido observar el maltrato policial de los medios de comunicación, desde la detención de miembros de la CNN hasta las agresiones físicas contra el personal de la BBC.

En Estados Unidos, el monopolio del Estado sobre la violencia ha sido enturbiado por un «derecho a portar armas» constitucional, aunque, por supuesto, parece que sólo los hombres blancos tienen derecho a llevarlas. Esta situación está justificada porque la mayoría de la población supuestamente lo ha consentido en un intento por evitar la violencia generalizada Pero, por supuesto, el estado no es tan neutral como asegura, o como la mayoría de nosotros asume.

Los tribunales no pueden racionalizar y justificar el uso implícito y explícito de la violencia en la aplicación de la ley sin tener en cuenta el sentimiento público. Las leyes se modifican, pero también son interpretadas por los jueces para que se ajusten a las modas y prejuicios ideológicos y morales de la época, para asegurar que el público sienta que se está haciendo justicia. Es por eso que el mundo está consternado por los saqueos, pero a regañadientes acepta como inevitable el robo de impuestos, de bancos, de sus beneficios por el estado para rescatar a una élite corporativa que no puede manejar la economía que creó.

Los sujetos del sistema legal, las fuerzas de seguridad, deciden quién es sospechoso, peligroso y quién necesita ser privado de su libertad. Y en algunos casos, como en el de George Floyd, es la policía la que decide quién va a ser ejecutado sin un juicio o un jurado. El Estado preferiría que los agentes de policía no mataran a ciudadanos desarmados en la calle, y menos que lo hicieran a plena vista de los testigos. La cuestión es para quién se mantiene la seguridad hoy en día, en un momento en el que la política estadounidense está prácticamente controlada por las grandes corporaciones. Como resultado, la defensa de la seguridad consiste menos en garantizar el orden y tranquilidad de los ciudadanos que en crear una plataforma para que las empresas saqueen los recursos, exploten las fuerzas laborales y generen mayores beneficios transformando a los trabajadores en consumidores.

Fuente: Jonathan Cook Blog

@Jonathan_K_Cook

[Traducción y edición, Patricia Fernández Blanco]

[Fundación Sur]

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