Honoré Ngbanda Nzambo, siniestro consejero para seguridad de Mobutu, apodado Terminator, ahora arrepentido convertido en patriota frente a la conspiración internacional contra el Congo, describía en 2004 de este modo la situación congoleña: “De Leopoldo II a Kasavuvu, de Mobutu a Kabila I y II, este pueblo no ha cesado un solo instante de gemir bajo el peso de los buitres que siguen desollando sin descanso su piel con sus picotazos y garras para arrancarle sus tesoros”. Bien podría ser ésta la fotografía actual del este de la RDC.
A pesar de las declaraciones del gobierno de Kinshasa, que en boca del ministro de Defensa, Charles Mwando Nsimba, ha asegurado que la seguridad en la RDC ha mejorado notablemente en estos seis meses últimos y que solo hay algunas bolsas de inestabilidad en el este de la RDC, el panorama no es nada alentador. Casi todos los observadores consideran que las distintas operaciones de pacificación que con apoyo de la MONUSCO (antes MONUC) llevan a cabo las FARDC, dirigidas fundamentalmente contra los rebeldes ruandeses de las FDLR y contra el LRA ugandés, designados como los máximos, si no únicos, responsables de la inseguridad, están fracasando a la vez que generan sufrimientos indecibles en las poblaciones civiles y multiplican la violencia. No se ve el final.
Factores que hacen especialmente “probables” los conflictos en el este de la RDC.
Los analistas sostienen que la probabilidad de desencadenamiento de los conflictos está estrechamente ligado a factores económicos: por un lado, la pobreza endémica de poblaciones y por otro la abundancia de recursos fácilmente explotables. Desde este punto de vista, el Ituri y los Kivus constituyen un terreno abonado. Su subsuelo contiene importantes riquezas y las actividades depredadoras y el contrabando son especialmente atractivas. En un contexto de pobreza, una numerosa población joven desescolarizada y sin futuro, la adhesión a una rebelión es fácil. Se puede por lo tanto sostener que las características económicas de esta región la hacen especialmente expuesta a que se desencadenen más conflictos violentos que en otras zonas del Congo o de África.
Pero esta explicación habría que completarla con otros factores. En el caso del Ituri, es evidente que además del deseo de Uganda de acceder y saquear las riquezas congoleñas, está la voluntad política, la ambición de Museveni en convertirse en líder regional de un espacio territorial dominado por Uganda. Puede decirse lo mismo e incluso con mayor fuerza de Ruanda: salida a la alta demografía ruandesa, necesidad de espacio vital, control territorial, liderazgo de Kagame como gendarme de los Grandes Lagos. El papel desestabilizador de Uganda y Ruanda, sobre todo de Ruanda, ha sido patente y así lo han entendido las potencias occidentales, que han tratado de frenar y moderar sus pretensiones. Durante cierto tiempo Museveni y Kagame fueron de la mano en esta empresa desestabilizadora, pero su amistad acabó en violento enfrentamiento por el control de la Provincia Oriental. La rivalidad entre Uganda y Ruanda en suelo congoleño ha sido también un factor añadido y origen de los conflictos.
Otro factor, con frecuencia utilizado más bien como pretexto para intervenir en el Congo, es el factor seguridad, proclamado por Uganda y Ruanda, ya que en el Congo se han establecido grupos rebeldes ugandeses y ruandeses (LRA y FDLR), que inquietarían a los poderes establecidos en Kampala y Kigali. En el caso de Ruanda, además del factor de seguridad estaría la necesidad de proteger la minoría tutsi congoleña de las políticas excluyentes de los “autóctonos”, que consideran dicha minoría como quinta columna colaboradora con las pretensiones ruandesas.
La polarización étnica es otro de los factores de la conflictividad en el este del Congo. La presión demográfica, la lucha por la posesión de la tierra, por el control del comercio y del poder local, son factores que explican también el enrolamiento de gente en los grupos armados. En este sentido hay que entender los terribles enfrentamientos pasados, pero siempre latentes, entre hema y lendu en Ituri, y en los Kivus, entre ruandófonos –“autóctonos”; banyamulenge/tutsi –“autóctonos”; tutsi ruandeses o congoleños -“autóctonos”. Detrás de esta polarización está una historia más o menos lejana, reavivada por intervenciones agresivas recientes de Uganda y Ruanda. Sin negar las influencias exteriores en los conflictos, últimamente los analistas se detienen especialmente en la conflictividad local, casi siempre teñida de lucha interétnica, que remonta al pasado y se activa en muchas ocasiones por manipulaciones internas o externas, pero que está ahí siempre presente en la memoria colectiva de las poblaciones.
Sobrevolando estos factores, pero con una influencia indudable en la perpetuación de los conflictos, está la impunidad. Rara vez los responsables de masacres, violaciones, saqueos, han sido llevados ante los tribunales. Cuando la justicia ha intervenido para juzgar y condenar ha sido contra “la clase de tropa”, mientras los dirigentes no solo no han sido perseguidos sino que en muchos casos, tras las pertinentes negociaciones o acuerdos en aras de la pacificación, han sido promovidos jerárquicamente en el ejército nacional o en la administración local o provincial del Estado. La paz se ha negociado contra la justicia y los procesos de pacificación han ido acompañados de una autoamnistía otorgada entre criminales. El método más eficaz para obtener un puesto relevante en una situación “pacificada” ha sido mostrarse especialmente eficaz como criminal y desestabilizador. La cultura de la impunidad es en consecuencia un factor que alimenta nuevos conflictos. El debate entre Paz y Justicia está abierto en las situaciones post-conflicto, pero en la RDC se ha resuelto en contra de la justicia y en pro de una presunta pacificación.
Principales ACTORES en los conflictos en el Este:
LRA y FDLR. Estos grupos armados son los señalados por la comunidad internacional y por el gobierno congoleño como los únicos responsables de la violencia e inseguridad. Han sido calificados como terroristas, por lo que los esfuerzos de la comunidad internacional (MONUC / MONUSCO) y del ejército FARDC, con sus operaciones Kimia I, Kimia II, Amani Leo etc… van dirigidos a su anulación.
El LRA (Ejército de Liberación del Señor)
La presencia del LRA en suelo congoleño, base territorial de la oposición armada contra el régimen de Museveni, data de hace mucho tiempo. Ha habido varios intentos de negociación, fracasados; todo parece indicare que ha existido un interés compartido en mantener cierto grado de tensión y conflicto. LRA está apoyado por Sudán, del mismo modo que Uganda ha apoyado a las poblaciones del sur del Sudán en sus conflictos con Jartún. Uganda ha justificado su política represiva interior gracias al enemigo exterior y se convierte además en pieza internacional importante contra el denostado régimen del Sudán y contra la expansión del islamismo en África. El LRA, que ha derivado en grupo armado con actividades propias de bandolerismo, no es un enemigo serio para la seguridad de Uganda; sí, evidentemente, para la pacificación del este del Congo.
Las FDLR (Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda)
Una de las decisiones más sorprendentes en su día, enero de 2009, fue el acuerdo entre RDC – Ruanda; acuerdo forzado por la comunidad internacional que consideró que sin un entendimiento entre los dos países no era posible pacificar la región. Ruanda se comprometió a anular al rebelde Laurent Nkunda (CNDP), su fiel aliado hasta entonces, y el Congo a aceptar la intervención directa del ejército ruandés para eliminar a los rebeldes hutu de las FDLR. Los Kabila, padre e hijo, protegieron a las FDLR y agradecieron los servicios prestados por estos ruandeses rebeldes, que constituyeron una fuerza de choque y contención en la época (1998 a 2003), cuando todo el este de la RDC estaba ocupado, administrado y saqueado por Ruanda. A partir de diciembre de 2008, cambian los papeles y el odiado agresor se convierte en imprescindible estabilizador y el aliado de antaño en enemigo a batir.
Las FDLR no son enemigo de consideración para la seguridad del régimen dictatorial de Paul Kagame en Ruanda. Llevan ya muchos años sin penetrar en territorio ruandés, conscientes de la enorme superioridad del ejército RDF (ejército nacional ruandés). Bien es cierto que desde hace unos meses, Kagame, muy debilitado en su imagen internacional de hombre liberador y salvador de Ruanda al descubrirse oficialmente el carácter criminal de su régimen, teme que pueda producirse en suelo congoleño una alianza militar, en principio anti-natura, entre los rebeldes hutu de las FDLR y los cada vez más numerosos descontentos de su ejército (fieles al general Faustin Kayumba Nyamwasa exiliado en Sudáfrica) contra su poder. No parece probable dicha alianza, pero nada puede excluirse en un universo, el de los Grandes Lagos, caracterizado por alianzas cambiantes y movedizas, donde la regla “los enemigos de mi enemigo son mis amigos” se ha cumplido tantas veces.
Las FDLR son a menudo definidas como un grupo formado por genocidas hutu que tratan de penetrar en Ruanda y terminar con la tarea de aniquilamiento de los tutsi. Esta visión no responde a la verdad. Es innegable que este movimiento rebelde, que se autodefine como político-militar, está militarmente dirigido por algunos oficiales de las antiguas fuerzas armadas ruandesas y restos de los siniestros interahamwe. Sin embargo, la gran mayoría de los “soldados” eran niños en esa fecha, huyeron con sus familias y se instalaron en los campos de refugiados de Goma y Bukavu. Son supervivientes de la implacable y planificada persecución y aniquilamiento de los hutu en su huida hacia el interior del Zaïre por parte del ejército ruandés. Existen también, sobre todo en el Kivu-sur, familias enteras de hutu ruandeses, se habla de unas 50.000, personas supervivientes de las masacres perpetradas por el ejército ruandés de 1996 a 1997. Están instaladas en zonas controladas militarmente por las FDLR o simplemente integradas en el entorno social y económico congoleño. Presentarlas como simples rehenes del grupo armado es sin duda una exageración. La falta de garantías para un retorno digno a Ruanda es la razón fundamental de la negativa de la población civil hutu asentada en el Congo a la repatriación impulsada por los programas que al efecto se han puesto en marcha, paralelamente a las operaciones militares contra las FDLR. Sólo cambios sustanciales, y por ahora impensables, en Ruanda, podrían animar una repatriación voluntaria.
Las operaciones diseñadas por la RDC y Ruanda para neutralizar las FDLR, Kimia I, Kimia II, Amani Leo (Paz ahora), etc… han debilitado ciertamente a este grupo. Las FDLR han sido desalojadas de algunas zonas mineras que controlaban y con cuya explotación y saqueo financiaban su actividad armada (una de las muchas paradojas reside en que esta explotación ilegal de coltan, casiterita, oro, era (es) vehiculada y comercializada a través de redes con destino a Kigali, que se lucra evidentemente de un expolio que a la vez sirve de alimento financiero a sus enemigos). Las FDLR han penetrado hacia el interior, a donde han trasladado sus bases y desde donde siguen lanzando razias y practicando bandolerismo. A pesar del debilitamiento señalado, los observadores concluyen que una victoria militar sobre las FDLR no parece posible y que uno de los efectos colaterales de estas operaciones de limpieza es y sigue siendo el enorme sufrimiento de las poblaciones civiles congoleñas, sobre las que recaen represalias, atropellos, quemas de aldeas, robos, violaciones y los obligados desplazamientos. La serie de ofensivas militares, apoyadas por la ONU, ha producido un aumento de las sevicias sufridas por la población civil; ha permitido que miembros del ex-CNPD controlen las principales minas; ha empujado a las FDLR hacia minas más enclavadas sin anular seriamente su capacidad destructiva. Las FDLR son sin duda fuente y responsables de la inseguridad en el este de la RDC, pero son también la expresión de un problema no resuelto en Ruanda.
Los Mai Mai
El fenómeno Mai Mai (o Mayi Mayi) se inscribe en el marco de la defensa de la identidad congoleña y de los derechos de quienes pertenecen a una comunidad enraizada en un territorio desde tempos inmemoriales, frente a los “extranjeros”. El movimiento Mai Mai se circunscribe a los Kivu, Maniema y norte de Katanga. Viene de lejos, de los años 1960, ligado a prácticas mágicas que harían invulnerables a las balas (que se convertirían en agua/mayi) a los combatientes. No existe, sin embargo, una continuidad entre las rebeliones de los años 1960 y los movimientos que con el mismo nombre existen hoy. No existe un mando unificado y jerarquizado y la bandera nacionalista-lumumbista, la reclamación de una “segunda y auténtica independencia”, han cedido el paso a la defensa localista y del “autoctonismo”, aunque se vista de cierto nacionalismo.
La guerra de 1998 y la ocupación ruandesa hicieron que el movimiento Mai Mai se extendiera. Kabila padre e hijo trataron, y lograron en algún caso, integrar a estos milicianos y a sus mandos en el ejército oficial, uniendo el patriotismo local y el nacionalismo global congoleño: el Congo, tierra de los ancestros y patria de quienes generación tras generación la han habitado.
El término milicias Mai Mai designa hoy a numerosos grupos ligados por el sentimiento de pertenencia étnica autóctona, impulsados por notables locales, militares no integrados en el ejército por diversas causas, disidentes, descontentos; reclutan a niños y jóvenes sin perspectivas de futuro y combaten a quienes consideran extranjeros y acaparadores de un patrimonio ancestral. Hay una gran diversificación y fragmentación de estos grupos que se reclaman de un pasado y memoria colectiva.
No es nada sorprendente que este fenómeno se haya extendido en los Kivus, dada la importancia numérica de la población ruandófona (banyarwanda, considerados foráneos y de “dudosa nacionalidad”, que unas veces optan activamente, sobre todos los tutsi, por su pertenencia étnica de origen colaborando con las pretensiones anexionistas de Ruanda y otras denuncian su exclusión y reclaman la “congoleidad”) en estas tierras ya densamente pobladas donde la competición por el acceso a la tierra y por los recursos es especialmente agria. Los enfrentamientos no son sino la expresión de una lucha por el poder local y de una contradicción, difícilmente salvable, entre el derecho consuetudinario tradicional y el derecho moderno sobre el acceso a propiedad de la tierra: una oposición entre los jefes tradicionales y las autoridades político-administrativas que tratan de hacer cumplir lo acordado en negociaciones de alto nivel.
Las tensiones étnicas o intercomunitarias se han agravado con los programas de retorno de miles de tutsi que huyeron y se refugiaron en Ruanda en los años 1990. Los “autóctonos” denuncian que estos programas esconden la llegada/invasión de miles de tutsi ruandeses disfrazados de tutsi congoleños.
Las FARDC (Fuerzas Armadas de la República del Congo
Puede parecer excesivo y hasta provocativo señalar a las fuerzas armadas de la RDC, a las que, con apoyo de la MONUSCO, se ha confiado la pacificación del este del Congo, como actores o parte activa en la generación de los conflictos y de la inseguridad. Sin embargo, los informes de la Sociedad civil congoleña, de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de la misma ONU así lo indican y denuncian.
El ultimo informe de un grupo de expertos de la ONU, hecho público el lunes 29 de noviembre, denuncia que, a pesar de la suspensión o congelación de la explotación minera en el Kivu, anunciada oficialmente por el presidente Kabila en septiembre, existen redes criminales activas en el seno de las FARDC dedicadas al contrabando, a la caza furtiva y a la explotación ilegal de los recursos mineros del este. El informe da el nombre de varios oficiales, la mayoría de ellos antiguos rebeldes tutsi del CNDP, que en virtud de los acuerdos de 2009 se incorporaron bajo el mando de Bosco Ntaganda, buscado por la justicia internacional, a las FARDC. Se dice textualmente “Oficiales de distinta graduación, se disputan el control de las zonas ricas en minerales en detrimento de la población civil”. Como señala Internacional Crisis Group (ICG) en su informe del 16 de noviembre, “la integración rápida de antiguos rebeldes, entre ellos presuntos criminales de guerra, en el seno del ejército nacional y su participación en operaciones militares mal planificadas, no han contribuido a resolver los conflictos en el este del Congo” y añade “Kinshasa se mantiene muy tolerante frente a la criminalidad de origen militar, a pesar del discurso represivo cara a la comunidad internacional” y, concretamente, cierra los ojos ante el reclutamiento de niños soldados. El general Gabriel Amisi Kumba, jefe de estado-mayor del ejército de tierra, por ejemplo, está directamente implicado en la explotación de la mina de casiterita de Bisie. Este mismo general, de acuerdo con la compañía Geminaco, controla ilegalmente la mina de oro de Onate (Walikale), tras haber expulsado a otra sociedad que la explotaba también ilegalmente. El gobierno mantiene en un puesto relevante en las operaciones de pacificación al general Bosco Ntaganda, sobre el que pesa una orden de arresto internacional. Según el informe de la ONU, “el CNDP, en principio integrado en las FARDC, ha formado al menos tres batallones compuestos exclusivamente por sus propios hombres y ha hecho del parque nacional Virunga un terreno de entrenamiento para sus nuevos reclutas”. La pretendida pacificación está totalmente subordinada a los intereses económicos de determinados jefes militares.
Por otro lado, tanto la sociedad civil como expertos de la ONU acusan a las FARDC de una campaña de violaciones sistemáticas que hicieron más de 300 víctimas entre el 30 de julio y el 2 de agosto de 2010 en 13 aldeas.
Este desorden, indisciplina, descontrol del ejército – pieza sin embargo fundamental para que la autoridad del Estado cubra todo el territorio congoleño – viene de lejos. El germen de la situación está en los primeros acuerdos de paz de 2003, Acuerdo Global Inclusivo, y en la transición, sin que las varias reformas iniciadas hayan dado sus frutos hasta ahora. Los acuerdos previeron la formación de un ejército nacional por medio de la fusión de los oficiales y tropas de cada uno de los beligerantes. Pero esta integración sólo ha existido en los documentos.
En primer lugar, cada firmante infló la cifra de sus combatientes, ya que de ellos dependía la parcela de poder que se negociaba y pactaba. Una primera cifra de 220.000 soldados se convirtió pronto en 350.000, para ser rebajada en 2004 a 240.000 y se presupuestaron salarios entorno a esa cifra. En 2005 se realizó un censo más ajustado a la realidad: 130.000 soldados. Mientras tanto, los mandos se quedaban con los salarios de los soldados inexistentes, además de apropiarse de los de la tropa existente.
Por otra parte, la integración propiamente dicha, más allá de los decretos y de los planes oficiales, ha sido lenta, parcial y dificultosa. Numerosos militares (de 10.000 a 20.000) provenientes del RCD-Goma permanecieron fuera de las estructuras de las FARDC. Generales con mando en las FARDC han seguido siendo fieles a su grupo de origen al que deberían combatir en nombre de la nación. Las reticencias y negativas a integrarse en las FARDC han sido especialmente significativas en militares y oficiales de origen tutsi. Está el caso ya señalado del general Laurent Nkunda y de su grupo político-militar CNDP, responsable máximo de la inestabilidad en los Kivu hasta 2009 y pieza fundamental de la política expansionista y depredadora de Ruanda. Cuando tras el acuerdo entre Kinshasa y Kigali de marzo de 2009, el CNDP se disolvió como grupo rebelde para convertirse en una fuerza política e integrar sus tropas en las FARDC, una de las condiciones que impuso fue que sus soldados y oficiales no fueran destinados a otros partes del Estado y permanecieran en los Kivu, cerca de sus lugares de origen. El resultado es que el ejército oficial de la RDC en el este está formado y dirigido en gran parte por militares que hasta hace poco eran sus enemigos declarados.
Las FARDC siguen siendo a pesar de los planes de integración y reforma un conjunto heteróclito cuyos elementos, surgidos de facciones armadas que durante años se han hecho la guerra, se resisten a una verdadera integración. Muchos ven en esta resistencia la mano extranjera interesada en mantener la inestabilidad y, en consecuencia, la debilidad de un Estado que no logra imponer su autoridad en todo el territorio congoleño.
