El Parlamento de Ruanda se encuentra en medio de un proceso legal para sacar adelante una ley que obligaría a las ONGs que operen en el país a dedicar un máximo del 20 % de su presupuesto en costes operacionales, dejando un 80 % de los recursos económicos para la acción directa en el país. Entre los costes operacionales se incluyen materiales, útiles, pagos y otros elementos.

La propuesta tiene como objetivo asegurar que la acción de las ONGs se dirijan directamente al interés de sus beneficiarios. También se prevé evitar estafas por parte de algunas organizaciones en el país, solucionando así el problema común de la apropiación indebida de fondos en Ruanda. Las ONGs fraudulentas suelen conseguir donaciones con el pretexto de causas solidarias, dedicando después el dinero recolectado para gastos personales. La ley también obligaría a las ONGs a mantener informes de al menos 10 años de antigüedad del uso de la propiedad en Ruanda. La puesta en marcha de la ley implica la aprobación por parte del gobierno de los planes de cada organización, así como de sus informes financieros. La ley ofrece una clasificación de las ONGs en base a los intereses que reflejen: desarrollo de la comunidad, interés general, interés de los miembros, basadas en la progresión, deportes, y organizaciones paraguas o coordinadoras.

Las quejas han surgido en torno a esta ley. Varios activistas argumentan que las ONGs suelen asignar su presupuesto en base a las demandas de sus donantes, siendo el 20 % máximo de costes operacionales una contradicción con el funcionamiento típico de las organizaciones. Por otra parte, si bien la ley eliminaría las ONGs fraudulentas, podrían convertir a las organizaciones en esencialmente órganos gubernamentales sin una clara independencia. Desde el gobierno informan que el objetivo de la ley es generar una actuación efectiva y eficaz de los fondos de las ONGs. Representantes de las ONGs en Ruanda declaran que los costes administrativos son vitales para que las actividades de la organización lleguen a los beneficiarios, siendo el máximo del 20 % en costes operacionales una exigencia imposible de cumplir y mermaría críticamente las capacidades de las organizaciones. LandNet Rwanda, una red de organizaciones nacionales e internacionales presentes en Ruanda, escribió al parlamento pidiendo más consideración y el establecimiento de un foro de ONGs para acercar posiciones y formar un frente común, así como la consulta a la sociedad civil sobre la materia.

Autor: Michel Nkurunziza

Fuente: The News Times

[Traducción y edición, Gonzalo Querol]

[CIDAF-UCM]