Los propietarios británicos de una mina de Zimbabue que está en el centro de las acusaciones de “diamantes de sangre” aseguran que todavía está en negociaciones provisionales con el gobierno de Robert Mugabe, sobre la devolución de la propiedad de la mina.
African Consolidated Resources, ACR, una compañía que cotiza en el Mercado de Inversión Alternativa, AIM, de Londres [Mercado de Inversión Alternativa es un sub-mercado de la Bolsa de Valores de Londres creado para dar la posibilidad a las compañías más pequeñas de sacar acciones con un sistema regulatorio más flexible que la Bolsa principal], compró los derechos de explotación minera de los territorios de diamantes Marange, en febrero de 2006, pero fue desahuciada ocho meses más tarde. Eso dio lugar a la práctica de minería ilegal en el emplazamiento, seguido de una reacción violenta y sangrienta por parte del ejército de Zimbabue, que supuestamente dejó más de 200 personas muertas.
Después de ser desahuciada, la ACR inició una batalla legal para cuestionar la decisión de las autoridades y recuperar el control de las 40.000 hectáreas. La semana pasada, ganó el caso en el Tribunal Superior de Zimbabue, cuando el juez Charles Hugwe pidió a la Corporación de Desarrollo Minero del estado de Zimbabue, que ahora posee el terreno, que dejase de explotar las minas de diamantes y ordenó al gobierno que le devolviese la propiedad a la compañía británica.
La decisión del tribunal representa una victoria significativa para la ACR, que dice que quiere establecer una empresa conjunta con el gobierno. Pero la administración Mugabe ha señalado que puede apelar la sentencia y ha presentado una lista de otras dos compañías, cuyo nombre no menciona, que están interesadas en gestionar las minas, en lugar de la británica. El director financiero de la ACR, Roy Tucker declaró que “Es un tema muy delicado y tenemos que ser cautelosos con lo que decimos sobre el mismo. Se han producido conversaciones con funcionarios y esperamos que se llegue a una solución en unas semanas, ni siquiera en meses”.
Después de la salida de ACR del terreno, en 2006, miles de mineros amateur se trasladaron a Chiadzwa, en el distrito de Marange. Mujeres y hombres armados con palas y tamices cavaban donde querían, supervisados por la policía local, a cambio de sobornos.
Sin embargo, preocupado porque el gobierno no estaba recibiendo su parte, el presidente Robert Mugabe envió al ejército, la policía y los agentes de seguridad para retomar el lugar.
La ofensiva se llevó a cabo con incontables arrestos, palizas y asesinatos de cualquiera que fuese sospechoso de tener algo que ver con la minería sin autorización o su comercio ilegal. Los soldados montaron un cordón gigantesco alrededor de los campos de diamantes y los militares recibieron libertad de acción a cambio de riqueza y, algunos dicen, que con el apoyo del régimen de Mugabe.
El 26 de julio, el grupo de presión con sede en Nueva York, Human Right Watch citó relatos de más de 100 testigos, mineros, oficiales de policía, soldados y niños sobre supuestos abusos de los derechos humanos por parte de los soldados. La organización asegura que sus investigadores habían recopilado pruebas de fosas comunes y relata un incidente en el que helicópteros militares dispararon a los mineros mientras que soldados armados por tierra expulsaban a los aldeanos.
El ejército está acusado de obligar por la fuerza a la gente del lugar a trabajar en las minas para ellos a cambio de una miseria. Los pueblos y ciudades que consideraban que estaban demasiado cerca del enclave fueron demolidos y sus residentes forzados a marcharse a otros lugares.
Cuando el boom estaba en plena efervescencia, antes de la represión militar, la ciudad cercana de Mutare, 96 kilómetros al norte, se había convertido en lo que muchos llamaban el “salvaje oeste”, con mineros adinerados alardeando de su riqueza con toda clase de artículos nuevos, coches y dólares estadounidenses. Los diamantes eran vendidos en el mercado negro a través de la cercana frontera de Mozambique, donde comerciantes de Líbano, Bélgica, Irak, Mauritania y de los Balcanes, esperaban para comprar al contado.
Los observadores del proceso Kimberley, un organismo internacional de control de los diamantes, visitaron la zona en el verano, para investigar las acusaciones de “diamantes de sangre”. Este término se refiere a los diamantes extraídos en zonas de conflicto, cuyos beneficios se destinan a financiar la guerra, la insurgencia o la violencia.
En cualquier caso, el grupo de trabajo que visitó Marange a principios de julio hasta el momento no ha podido hacer una recomendación pública sobre si Zimbabue debería ser suspendido en los procesos de certificación de diamantes. Bernhard Esau, director del Plan de Certificación del Proceso Kimberley, dijo el mes pasado: “el equipo dio julio como una fecha provisional, tanto al Proceso Kimberley como a Zimbabue, para dar un informe, pero aún no se ha producido un informe final. No se ha tomado ninguna decisión todavía y el presidente no ha tonado ninguna decisión unilateral”.
Después de la visita de julio, El periódico oficial del gobierno de Zimbabue, The Herald, dijo que las tropas se retirarían de la zona, pero no se ha informado de si esa retirada ha tenido lugar.
Tucker, de ACR asegura que su compañía “quiere volver a las minas, que necesitaran una mejora en cuanto a seguridad y transparencia en las operaciones. Eso significa que no habrá negocios ilegales ni acuerdos paralelos”.
“Se ha hablado mucho de lo que pasó en Marange y del Proceso Kimberley, pero nosotros queremos gestionar las minas de una manera apropiada. En un momento había allí 15.000 personas trabajando con picos y palas, cavando agujeros para sacar diamantes”.
ACR obtuvo la propiedad de la zona después de que De Beers dejase caducar su licencia de explotación. Tucker dice que los diamantes de la mina estaban “gaseados”, dando la impresión de que eran menos valiosos a nivel industrial y añade: “creemos que otros perdieron la oportunidad, nosotros conocíamos el valor real, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de extraer de esta mina. Todavía estamos esperando la sentencia final del tribunal, pero esperamos poder resolver esto con el gobierno. Tendremos que cumplir con algunos gastos obligados en la mina, pero pensamos que se puede solucionar”.
(Publicado en Mail & Guardian, Suráfrica, el 4 de octubre de 2009).
