La señora E. albergó a una compatriota camerunesa en situación irregular. Hoy está en los tribunales por “ayudar a la residencia irregular”.
Hace unas semanas, una inmigrante camerunesa, que se negó a revelar su identidad, fue puesta en la calle por su familia. Se encontraba sola y enferma y encontró la ayuda en la señora E., una amiga que también es de Camerún.
Las dos mujeres fueron denunciadas por la familia de la primera y serán interpeladas por la policía de fronteras. La primera por situación irregular en Francia, y la segunda por ayudar a una persona en situación irregular. Más concretamente, por el delito de “de ayudar a la entrada, a la circulación y a la residencia no autorizada de un extranjero en situación irregular”, el llamado “delito de solidaridad” por las asociaciones.
La situación de la señora E. no es la primera vez que se produce. En efecto, José Shidlovsky fue convocado el lunes día 5 de octubre por la policía de fronteras de Toulouse. Fue acusado de dar refugio a un indocumentado, tras un documental sobre la vida de los inmigrantes clandestinos, realizado por él mismo.
Hoy, el caso de la señora E. ha indignado a las asociaciones, según un amigo suyo que también está regularizado, “esta es una situación ridícula ya que la persona a la que ha acogido ha sido regularizada debido a su patología”, declaró Pierre Grenier, miembro de la Cimade, Comité de Movimientos por los Evacuados.
Además de Cimade, los representantes de los Verdes de Toulouse también han mostrado su indignación y han pedido la anulación de las persecuciones contra aquellos que “por ayudar a un amigo enfermo que lo necesitaba, se encuentran tratados como delincuentes”. También abogan por la anulación del delito de solidaridad, que no es fácil, ya que esta propuesta ya ha sido rechazada con anterioridad.
Ante la presión, Eric Besson, [ministro de Inmigración, Integración, Identidad Nacional y Desarrollo Solidario del gobierno francés] se ha negado a admitir que hubiera una falta de definición de la legislación, pero, sin embargo, ha reconocido que era necesario aclarar la ley y ha desvelado que desde octubre está manteniendo discusiones con numerosas asociaciones humanitarias para “definir hasta dónde llega la acción humanitaria”.
Pero las modificaciones del decreto de ley, que data de 1945, en caso de ser aprobadas, no preocuparán a la señora E., porque no concerniría a las personas que trabajen en organizaciones humanitarias. Los voluntarios sí que todavía podrían ser acusados del “delito de solidaridad”.
Nkwayep Mbouguen
(Bonaberi, Camerún, 03-11-09)
