El tribunal de apelaciones de Casablanca ha confirmado la sentencia de tres años de prisión contra un activista de derechos humanos, Chahib Khayari, que acusó a altos cargos entre los empleados del estado de estar involucrados en una red de tráfico de drogas.
Khayari fue sentenciado en primer lugar el 24 de junio, porque sus acusaciones contra los funcionarios civiles, fueron consideradas como una “denigración de las instituciones del estado”.
Khayari es el presidente de la Asociación de Derechos Humanos en la región del Rift. El acusado concedió una entrevista a la prensa en la que lanzó las acusaciones, asegurando que algunos miembros de una gran red de tráfico de droga en Nador, en el norte de Marruecos, han llegado a ocupar puestos muy altos en la administración.
El ministro de Interior descartó las acusaciones de Khayari por infundadas.
Khayari también fue condenado en junio por cargos financieros, en concreto por depositar dinero en una cuenta de un banco extranjero sin autorización. Se le ordenó que pagase a las aduanas marroquíes 750.000 dírhams, [casi 66.000 euros].
La multa fue confirmada por el tribunal de apelaciones, aunque los abogados de la defensa declararon que Khayari sólo tenía 220 euros en una cuenta en el enclave español de Melilla, no 7.500 como afirma la policía.
El círculo de Nador fue desmantelado por la policía el pasado 13 de enero, y cerca de 100 personas fueron arrestadas y procesadas en Casablanca.
Numerosos empleados de las fuerzas de seguridad estaban entre esos arrestados, que están acusados de exportar, o ayudar a exportar, más de 30 toneladas de resina de cannabis a Bélgica y a Holanda vía España, con la supuesta complicidad de la gendarmería de policía y de miembros de la marina real.
Todavía no se ha puesto fecha para sus juicios.
En un comunicado publicado el 23 de noviembre, en Nueva York por el grupo Human Right Watch, se dice que Khayari “ha sido encarcelado por haber denunciado la corrupción”.
HRW pide su inmediata puesta en libertad y presiona a Marruecos para que revise la legislación que convierte en delito privativo de libertad el hacer declaraciones consideradas difamatorias, insultantes o falsas. La organización recuerda que este tipo de leyes “son incompatibles con el compromiso de Marruecos con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos, que protegen la libertad de expresión”.
(IOL, 24-11-09)
