Esta decisión fue tomada el día 8 de abril, después de que el fiscal general no respondiese a una solicitud presentada por un hombre de negocios acusado, Konatra Suresh, que quería que el caso fuese suspendido temporalmente.
El señor Suresh quería que el tribunal suspendiese el proceso criminal contra él, alegando que había sido acusado erróneamente. El empresario está acusado en nombre de Vulcan Ltd., una compañía que supuestamente está involucrada en el escándalo.
Según el pliego de cargos, Suresh se enfrenta a un cargo de conspiración para defraudar al ministerio de Educación, y se acusa a la compañía de haber recibido 75 millones de chelines keniatas [unos 725.000 euros] en pago de bienes que nunca suministró.
El juez George Dulu declaró que no tenía razón para no emitir el requerimiento judicial, ya que nadie se había opuesto a ello. “El fiscal general y el registro de compañías no han respondido a la solicitud del demandante, así que se asume que no hay objeción y por tanto he emitido la orden”, señaló.
El juez Dulu dictaminó sobre una apelación del señor Suresh, que afirmaba que se estaban violando sus derechos constitucionales. Suresh asegura que él no era el director de la compañía durante el periodo en el que supuestamente se cometieron los crímenes.
El demandante quiere que el tribunal suspenda el proceso y determine que él no era el director en el momento del delito. En su apelación, quiere que el registro de compañías sea obligado a presentar los documentos que justificarían sus afirmaciones.
El fiscal general y el registro de compañías no han respondido a la apelación, no dejando al juez más opción que acceder a los deseos del señor Suresh.
Robo de 226 millones de chelines
El hombre de negocios estaba acusado, junto con algunos funcionarios del ministerio de Educación de Kenia, Benson Anyona, Patrick Mwalwala, Wilson Shivachi y Bernard Onginge, de estar implicado en el robo de 226 millones de chelines [unos 22 millones de euros] del ministerio.
También están acusados de no haber cumplido con las leyes de contratación pública, al adjudicar contratos por valor de 226 millones a una sola empresa.
Suresh volverá a comparecer ante el tribunal supremo el 28 de abril, para la audiencia de su caso.
(Daily Nation, Kenia, 09-04-10)
