Puede que en Gran Bretaña (y no sólo allí) el ecumenismo entre las iglesias cristianas esté de capa caída, pero en sus homilías de Pascua, Justin Welby, arzobispo de Canterbury y líder espiritual de la Comunión Anglicana, Stephen Geoffrey Cattell, arzobispo de York y primado anglicano de Inglaterra, y el cardenal Vincent Nichols, arzobispo católico de Westminster, han coincidido en el criticar los planes del gobierno británico de enviar a Ruanda a los solicitantes de asilo que atraviesan el Canal de la Mancha. El pasado 14 de abril, Priti Patel, ministra británica de Interior, y Vincent Biruta, ministro ruandés de Asuntos Exteriores, firmaron en Kigali un “Economic Development Partnership” (Partenariado de desarrollo económico) para, –según el gobierno británico–, proteger a los migrantes de los traficantes de personas. Según ese acuerdo, las personas que entren ilegalmente en Gran Bretaña (unas 28.000 el año pasado), serán enviadas a Ruanda, donde su solicitud de asilo será procesada por agentes ruandeses. A cambio el gobierno británico pagará a Ruanda un montante global de 120 millones de Libras (unos €144 millones). Si las autoridades ruandesas aprueban la solicitud, los solicitantes podrán establecerse en Ruanda, pero no en el Reino Unido.
Ese proyecto plantea “graves cuestiones éticas”, dijo Justin Welby en su homilía pascual, y se opone a la naturaleza misma de Dios. Dios asumió la responsabilidad de nuestros fracasos humanos, mientras que el gobierno prefiere subcontratar nuestras responsabilidades. Vincent Nichols admitió los enormes desafíos a los que se enfrentan los gobiernos para encontrar respuestas al éxodo actual de millones de personas en todo el mundo. Pidió en su oración para que los responsables lo hagan con compasión, y respetando la dignidad innata de cada ser humano. “Pero, –añadió Nichols–, el plan propuesto por el gobierno carece de dichas cualidades”. Algo parecido dijo Stephen Cottrell en su sermón en “York Minster” (la catedral de York):
«Deprime y angustia que los solicitantes de asilo que huyen de la guerra, el hambre y la opresión no serán tratados con la dignidad y la compasión a las que cada ser humano tiene derecho, y en lugar de ser tratados rápida y eficientemente aquí en nuestro suelo, serán enviados a Ruanda”.
Además de los arzobispos, numerosas asociaciones han criticado el proyecto del gobierno porque se salta el derecho internacional, costará mucho más de lo que el gobierno anuncia, no impedirá que las mafias sigan aprovechándose de los emigrantes y es cuestionable que Ruanda sea tal como lo presenta el Home Office (ministerio de Interior), un país seguro y respetuoso de las leyes internacionales de derechos humanos. Al aceptar como solicitantes de asilo tan sólo a aquellos que entren legalmente en el país, el Reino Unido no aplica la Convención de Ginebra de la que es signatario. Al hacer sus cuentas, el gobierno no ha mencionado los costes del traslado de emigrantes hasta Ruanda. Se calcula que en Francia, “experta” en la expulsión de emigrantes no deseados hacia África, el envío de una persona cuesta €14.000 de media. Un artículo en “The Tablet”, conocido y apreciado semanal católico inglés insistía este sábado 23 de abril: “Según el gobierno, lo que se busca con esas medidas es desbaratar el negocio de los traficantes de personas que organizan la travesía del Canal. Probablemente el motivo real sea puro racismo. Un solicitante de asilo es el “otro”, el extranjero que no ha sido invitado y que no es de los nuestros”. El título en The Tablet resumía así el plan del gobierno: “Duro, cruel, y probablemente ilegal”. Y en cuanto a Ruanda, Lucy Fleming (BBC, 14 de abril) resume las dudas con una pregunta: “UK asylum deal: Is Rwanda a land of safety or fear?” (Acuerdo del Reino Unido sobre el asilo: ¿es Ruanda un país seguro o un país del miedo?). Y también con un par de descripciones:
“Ruanda impresiona al visitante. Las cosas parecen funcionar de manera eficiente. Está limpio y ordenado, y el wi-fi es bueno en la capital, Kigali. Todos tienden a pagar sus impuestos; los servicios funcionan; las carreteras son seguras: el gobierno la llama «una de las naciones más seguras del mundo». “Pero detrás de esa observancia y de los paisajes ajardinados de Kigali hay un miedo colectivo. Entra en un bar y trata de iniciar un debate controvertido. Te harán callar, y es muy probable que las autoridades sean informadas de tu comportamiento”.
El Reino Unido no es el primer país que “subcontrata” sus problemas de asilo, y, desgraciadamente, tampoco será el último en hacerlo. Australia comenzó a utilizar centros de detención en alta mar en 2001, y desde 2013 niega la solicitud de asilo a todo aquel que llega por barco. Según su Fuerza Fronteriza, más de 4.000 solicitantes fueron reubicados entre 2012 y 2019. Una parte de los mismos fueron enviados a la República de Nauru, pequeña isla de Indonesia de 11.000 habitantes, situada a 4.500km de Australia, y a la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, a 3.000 km. de Australia.
Israel es otro país que “exporta” emigrantes ilegales. Según la BBC, la mayoría proviene de Sudán y Eritrea, e Israel y los envía a dos países no identificados oficialmente: Uganda y Ruanda. Cuando comenzó el esquema en 2015, a los ilegales se les dio la opción de regresar a su país de origen o aceptar un pago de 3.500 dólares y un billete de avión a uno de los terceros países, o ser encarcelados si se quedaban en Israel.
En junio de 2021 Dinamarca aprobó leyes que le permiten trasladar a los solicitantes de asilo a terceros países fuera de la UE mientras se tramitan sus casos. Y está negociando con Ruanda para poner en práctica un proyecto semejante al del Reino Unido, según explico a Reuters Mattias Tesfaye, ministro para la Inmigración, el pasado 20 de abril, con un argumento parecido al de los británicos: “Garantizar un enfoque más digno que el de la red criminal de traficantes de personas, que caracteriza hoy en día la migración a través del Mediterráneo”. Dinamarca comenzó el año pasado a revocar los permisos de residencia de cientos de sirios del área de Damasco, argumentando que regresar era ahora seguro para ellos. El artículo de la BBC del 14 de abril señala cómo el enfoque de Dinamarca hacia los ucranianos es marcadamente diferente. Planea albergar hasta 100.000 personas y otorgar permisos de trabajo. Lo cual me recuerda lo que un amigo palestino me escribió hace algunos días: “El problema palestino tendría fácil solución si nuestro cabello fuera rubio y nuestros ojos azules”. No estaba del todo equivocado el articulista de The Tablet al atribuir al racismo el proyecto del gobierno británico.
Ramón Echeverría
Imagen: Elaboración propia a partir de Google Maps
[CIDAF-UCM]
