Activistas, periodistas y políticos ugandeses han criticado la enmienda de la Ley de uso indebido de la informática propuesta por el gobierno del país argumentando que podría restringir la libertad de prensa y la libertad de expresión. Yoweri Museveni, presidente de Uganda, anunció una enmienda a la ley del 2011 en la que se contemplan penas de hasta cinco años de prisión a los ciudadanos que violan la privacidad de los demás o empañan su reputación en línea.
La enmienda, que fue presentada por el miembro del parlamento central de Kampala, Muhammad Nsereko, y aprobada por el parlamento el mes pasado, prevé una pena de prisión para cualquier persona que comparta o envíe información ofensiva no solicitada o discurso de odio. Nsereko defendió la nueva ley diciendo que busca proteger la privacidad de las personas contra el abuso:
“Una persona que utiliza las redes sociales para publicar, distribuir o compartir información prohibida por las leyes de Uganda, o que utiliza una identidad disfrazada o falsa, comete un delito”.
La ley también sanciona la grabación de la voz o el video de una persona sin permiso, o el acceso no autorizado a su información personal. Una cuestión que los activistas de derechos humanos y los periodistas han descrito como peligrosa, ya que interferiría con las labores propias del periodismo y la recopilación de pruebas para el enjuiciamiento en un caso de soborno, entre otros delitos.
Amnistía Internacional (AI) ha pedido que se elimine lo que han llamado «leyes draconianas destinadas a reprimir la libertad de expresión en línea«. Muleya Mwananyanda, directora de AI para África Oriental y Meridional,ha cuestionado las intenciones detrás de la nueva ley en un comunicado:
«Esta ley amenaza el derecho a la libertad de expresión en línea, incluido el derecho a recibir y difundir información, con el pretexto de prohibir la información no solicitada, falsa, maliciosa, odiosa e injustificada. Está diseñada para atacar deliberadamente a los críticos del gobierno y se usará para silenciar la disidencia y evitar que la gente hable«.
La Red de Derechos Humanos para Periodistas-Uganda (HRNJ-U) cuestionó las intenciones detrás de la nueva ley. En declaraciones a medios, su director ejecutivo, Robert Ssempala, recalcó que la ley es un intento de restringir las libertades.
Según el periodista de Nation Media Group, Raymond Mujuni, la ley también afectará el trabajo periodístico, especialmente el periodismo de investigación:
“Para los reporteros de investigación, la ley condena la grabación secreta, incluso si se hace en interés público. En ese sentido, convierte en ilegal un componente central del periodismo de investigación, que es registrar información de interés público”.
Fuente: MONITOR
[Traducción y edición, Jorge Moral Vidal]
[CIDAF-UCM]