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Inicio > Bitácora africana >

Arozarena, Ramón

Catedrático de Francés, jubilado.

Cooperante con su mujer en Ruanda, como profesores de la Escuela Normal de Rwaza, de 1969 a 1973.

Coordinador de la red de escuelas primarias en los campos de refugiados ruandeses de Goma (Mugunga, Kibumba, Kahindo y Katale), en 1995, con un programa de Caritas Internacional.

Observador – integrado en las organizaciones de la sociedad civil congoleña – de las elecciones presidenciales y legislativas de la República Democrática del Congo, en Bukavu y en Bunia, en julio y octubre de 2006.

Socio de las ONGDs Nakupenda-Áfrika, Medicus Mundi Navarra y colaborador de los Comités de Solidaridad con África Negra (UMOYA).

Ha traducido al castellano varios libros relativos a la situación en Ruanda.

Ha escrito y/o traducido para CIDAF (Ahora Fundación Sur) algunos cuadernos monográficos sobre los países de la región de los Grandes Lagos.

Parlamentario por Euskadiko Ezkerra, entre 1987-1991, en el Parlamento de Navarra.

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Uganda debe pagar a la RD Congo 325 millones de dólares como reparación de guerra, por Ramón Arozarena

15 de febrero de 2022.

La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) ha resuelto el 9 de febrero que Uganda debe pagar a la República Democrática del Congo (RDC) 325 millones de dólares en concepto de reparación por los daños causados en el Congo durante la llamada “Primera guerra mundial africana” y la ocupación por países extranjeros (Uganda y Ruanda) de parte del territorio congoleño. La presidenta del tribunal, la juez americana Joan E. Donoghue, ha declarado: “La Corte señala que la reparación acordada a la RDC por los daños causados a las personas y a los bienes refleja el perjuicio padecido por los individuos y las comunidades en razón de la violación por parte de Uganda de sus obligaciones internacionales”. Del montante global, 225 millones corresponderían a las pérdidas en vidas humanas, 40 por los daños en los bienes y 60 por daños en los recursos naturales. `La suma fijada deberá entregarse entre 2022 y 2026 por medio de pagos anuales (el 1 de septiembre de cada año) de 65 millones de dólares.

La Corte considera que Uganda posee la capacidad financiera para hacer frente a las indemnizaciones decretadas y a las modalidades de pago. Por otra parte, felicita el compromiso del Congo de repartir de manera equitativa y eficaz entre las víctimas los fondos, bajo la supervisión de representantes de las víctimas y de la sociedad civil y de expertos internacionales.

Se trata del epílogo de un litigio que desde hace más de 10 años opone la RDC a Uganda. La indemnización fijada está muy lejos de la cifra reclamada inicialmente por el Congo (11 mil millones de dólares, cifra calificada por Uganda de “exorbitante”).

Se trata, como queda dicho, de un “viejo asunto”. Ejércitos ugandeses y ruandeses, después de haber colaborado muy eficazmente, en la toma del poder en Kinshasa por parte de Laurent Kabila y en el derrocamiento de Mobutu, fueron expulsados del Congo a finales de julio de 1998. La inmediata respuesta de Uganda y Ruanda fue, a primeros de agosto, la invasión de la RDC (la citada primera guerra mundial africana en la que 9 países se involucraron) y la ocupación, administración, explotación y saqueo, durante 5 años, de amplios territorios del Congo especialmente ricos en recursos naturales (coltán, casiterita, oro, madera…). Uganda fue denunciado ante la Corte Internacional de Justicia ya en 1999 (Ruanda no reconoce la competencia de la CIJ). La RDC pedía justicia y reparación.

Decepción congoleña e inquietud

Los congoleños, si bien están contentos porque la sentencia reconoce la realidad y naturaleza de los crímenes cometidos por Uganda, se preguntan qué ha pasado para que una reclamación inicial de 11.000 millones de dólares se haya rebajado a, para ellos, la ridícula cantidad de 325. Consideran que se ha producido una banalización de los enormes daños sufridos: miles de congoleños muertos, la destrucción/desaparición de aldeas enteras, el desplazamiento forzoso de la población, el pillaje durante 5 años de la riqueza (minerales y bosques) de la provincia del Ituri. Con relación a la explotación de los recursos naturales por parte de Uganda estiman especialmente humillante, por ridícula, la asignación a este capítulo de 60 millones de reparación.

Muchos comentaristas subrayan que esta escandalosa rebaja establecida por la CIJ no ha hecho más que reflejar la gran debilidad y negligencia del Estado congoleño, incapaz, al parecer, de aportar las pruebas exigidas por el tribunal y documentarlas para evaluar los daños, tan evidentes e indiscutibles, sin embargo, según rigurosos informes internacionales. La juez Donoghue ha subrayado que “no había suficientes pruebas que apuntalaran la afirmación de la RDC según la cual Uganda debía reparar por 180.000 muertos civiles”, estimando que según las pruebas presentadas, “el número de fallecidos por los que Uganda debe aportar reparación se sitúa en la horquilla de 10.000 a 15.000 personas”.

No son pocos los que ponen en evidencia la sorprendente y hasta paradójica coincidencia entre el litigio contra Uganda ante los tribunales internacionales y el acuerdo de cooperación firmado por Tshisekedi y Museveni en los meses pasados para que los ejércitos ugandés y congoleño colaboren en la lucha contra los grupos armados que operan en Ituri y Kivu-norte. ¿Cómo es posible, estiman muchos congoleños, que se recabe el apoyo y cooperación de los ugandeses cuando, al mismo tiempo, se les lleva a los tribunales como agresores y responsables de tantas desgracias?

Uganda ha considerado injusta la decisión de la CIJ, lo que hace temer que ni siquiera las reparaciones establecidas sean efectivas. Los temores e inquietudes aumentan ante la perspectiva de que Uganda vaya pasar factura al Congo, como exige el parlamento ugandés, por los gastos derivados de su apoyo en la eliminación de los grupos armados en el este de la RDC.

Ramón Arozarena

[CIDAF-UCM]



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