La Unión Europea ha comprometido cientos de millones de euros para el «Proceso de Jartum», un esfuerzo multinacional para gestionar la migración del Cuerno de África a Europa.
En Sudán, respalda una combinación de asistencia humanitaria y de desarrollo, pero también el control de la controvertida frontera y operaciones contra la trata y contrabando.
La cumbre AU-EU en Costa de Marfil es una oportunidad para que la UE renueve su compromiso de poner los derechos humanos en el centro de su trabajo, incluida su respuesta migratoria.
Los programas de la UE en Sudán han sido ampliamente criticados por motivo de derechos humanos, en gran parte porque su control fronterizo apoya a las notoriamente abusivas Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que fueron responsables de atrocidades en Darfur.
La UE ha negado rotundamente que financie al RSF, pero la percepción de que sí lo hace muestra el costo de hacer negocios con el abusivo gobierno de Sudán.
Esa percepción se refuerza cada vez que el comandante de RSF, Mohammed Hamdan, conocido como ‘Hemeti’, se jacta descaradamente de capturar migrantes en la frontera de Sudán con Libia a instancias de la UE.
Este enfoque de cerrar los ojos contribuye a un cambio más amplio en la política de Sudán, no solo por parte de la UE, sino también de Estados Unidos, que en octubre revocó formalmente amplias sanciones económicas a Sudán.
Human Rights Watch y el gobierno de Estados Unidos han descubierto que fuerzas sudanesas, incluidas las RSF, se confabulan con los traficantes de personas y contrabandistas en lugar de investigarlos de manera responsable.
Además, la violencia de la que Hemeti se jacta provoca otros abusos. Los funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley en Sudán combinan la trata y el contrabando, lo que resulta en el enjuiciamiento penal de las víctimas de la trata.
En 2017, este fue uno de los problemas que mantuvo a Sudán en el «nivel tres», la designación más baja en las evaluaciones anuales de lucha contra la trata del gobierno de los Estados Unidos.
En Sudán, los migrantes son vulnerables a una letanía de abusos.
Violación, arresto y cárcel
Muchos viven en limbo legal; pueden ser arrestados y encarcelados en cualquier momento y juzgados sumariamente por violaciones de leyes de inmigración; y pueden ser encarcelados, multados y deportados sin el debido proceso o transparencia.
Se enfrentan a extorsión y otras formas de explotación. Cuando estuve en Jartum en Octubre, una vendedora de té de Eritrea me dijo que dos policías la habían violado en Junio y la habían amenazado con deportarla si denunciaba el caso. Finalmente se lo contó a un amigo de confianza en Septiembre.
La violencia sexual contra trabajadores domésticos, muchos de ellos victimas de trata, parece alarmantemente común.
Obtener el estatuto de refugiado- que bajo la política de acampamiento de Sudán significa ir a un campamento de refugiados para registrarse y permanecer allí- influye poco para protegerse de los abusos del servicio de seguridad nacional de Sudán.
Un hombre etíope de unos 60 años que tiene tarjeta de refugiado me contó su angustiosa experiencia durante una noche de agosto, cuando tres agentes de seguridad nacional lo sacaron de su casa en Jartum, lo subieron a la fuerza a un pick up y lo detuvieron durante nueve días en un edificio desconocido donde lo interrogaron sobre sus vínculos con un grupo opositor Oromo en Etiopía. Él está seguro de que el gobierno etíope pidió a Sudán detenerlo, a pesar de que ha estado viviendo en Jartum durante más de 30 años.
Sudán deporta regularmente refugiados en violando las prohibiciones regionales e internacionales de África sobre la devolución, es decir, el envío de refugiados a países donde enfrentan la persecución.
En Agosto y Septiembre, Sudán deportó cientos de eritreos, incluidos 30 niños, por presuntas violaciones de la ley de inmigración, una medida que la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, el ACNUR, dijo que incumplía las obligaciones internacionales de Sudán.
En 2016, Sudán deportó a más de 300 migrantes, la mayoría eritreos, incluidos seis registrados como refugiados, a Eritrea, donde corrían peligro de abusos. Tales deportaciones son probablemente más frecuentes de lo que sugieren los informes de los medios.
Si la UE desea apoyar los objetivos del Proceso de Jartum, debe participar en la difícil tarea de presionar a Sudán para que mejore el respeto por los derechos humanos, no solo de los refugiados, sino de manera más general.
No es suficiente negar que apoya a las RSF; debería mejorar la información y los servicios legales, adoptar un conjunto bien definido de parámetros de derechos humanos para Sudán y llamar la atención a Sudán sobre violaciones específicas y modos de abuso que afectan a todos en el país.
Jehanne Henry
* Jehanne Henry es directora asociada interina de la división de África en Human Rights Watch
Fuente: Sudan Tribune
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[Fundación Sur]
Artículos relacionados:
– Milicia de Sudan detiene a traficantes de personas en la frontera con Egipto y Sudan
– La «gran hipocresía» de Europa frente a la inmigración
– Fuerzas paramilitares violan a una niña en Darfur Norte
– Continúa el desgobierno en Darfur (parte I)
– Continúa el desgobierno en Darfur (parte II/final)
– La colaboración de la Unión Europea con Sudán y Eritrea fortalece el tráfico de personas
