“Tutto il mondo è paese”, dicen los italianos. Es decir que en todos los países del mundo se dan los mismos problemas de corrupción, burocracia y escándalos políticos. En todos los países. ¿Y en todas las religiones? En España sigue viva la controversia sobre las propiedades de la Iglesia católica, a la que una antigua ley, derogada en 2015 por Mariano Rajoy (del Partido Popular), consentía oficializar antiguas posesiones, inmatriculando a su nombre bienes inmuebles sin necesidad de documentación acreditativa de propiedad. Se trataba de templos históricos, solares y otros bienes que permitían a la Iglesia realizar su misión, y que la Iglesia debía custodiar y cuidar. Misión y custodia que ahora son cuestionadas en una España postreligiosa, con una comunidad católica practicante muy minoritaria. Por ello me ha llamado la atención la controversia generada en la India por una ley del gobierno central de Narendra Modi (del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party, BJP) con la que se ha pretendido reformar la legislación sobre los bienes “wakf” de las comunidades musulmanas.
En la tradición islámica, son “wakf” (literalmente “tenencia”) las propiedades donadas por musulmanes para beneficios específicos de la comunidad. No se pueden vender ni utilizar para otros fines. Son importantes para los más de 200 millones de musulmanes de la India (aproximadamente el 15 % de la población), y deberían utilizarse sobre todo para mantener mezquitas, madrasas, cementerios y orfanatos. La tradición del waqf remonta en la India al período del sultanato de Delhi, en el siglo XII, cuando los primeros gobernantes musulmanes de Asia Central llegaron a la India. Se trata hoy de unas 872.000 propiedades, por un valor de 14.000 millones de dólares, que hace que las «juntas de waqf» que las administran, cuenten colectivamente como el tercer mayor terrateniente de la India, después de las fuerzas armadas y los ferrocarriles indios. En su larga historia, la antigua legislación de los wakf tuvo que adaptarse, primero al sistema administrativo del imperio Mogol (siglos XVI al XVIII), y luego al sistema colonial británico. Hoy se rige por la Ley Waqf de 1995, que prevé que esos bienes sean administrados por juntas de las que forman parte legisladores musulmanes, miembros del Consejo de abogados del Estado, eruditos islámicos y administradores especializados en propiedades waqf. Y como en toda institución, también en ésta abundan los problemas: la costumbre del “uso hace derecho”, generadora de títulos de propiedad poco claros, especialmente cuando el bien fue declarado “wakf” por tan sólo una declaración oral; leyes inconsistentes; mala administración de las juntas; usos no acordes con la intención original del donante; apropiaciones indebidas, también por parte del Estado; colusión con mafias de tierras; y años de negligencia oficial. Los datos del gobierno muestran que al menos 13.200 propiedades wakf están en litigio, 58.889 han sido dedicadas a fines impropios, y más de 436.000 tienen un estatus poco claro.
La ley propuesta por Modi, “Wakf (Amendment) Act 2025”, aprobada por la Lok Sabha (Cámara Baja) el pasado 3 de abril, y al día siguiente por la Rajya Sabha (Senado), fue firmada el 5 de abril por la presidenta india, Droupadi Murmu. En adelante, las Juntas wakf deberán proporcionar documentos válidos para que una propiedad se considere waqf. Los no musulmanes podrán ser nombrados para las juntas y tribunales del waqf. En caso de conflicto, particularmente sobre tierras consideradas propiedad del gobierno, será el gobierno quien decida, y no los tribunales wakf. Se creará un sistema de registro centralizado, en el que se tendrá que inscribir todos los wakf dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigor de la ley. Las no registradas perderán su condición de wakf. Según Narendra Modi, la nueva ley salvaguardará los derechos de las personas y, sobre todo, dará a la administración de los wakf la necesaria transparencia.
Observadores independientes, y algunos musulmanes, admiten que el sistema necesitaba transparencia, y que era necesario incluir en las juntas a miembros de otros grupos musulmanes (chiitas o sufíes entre otros). Pero apuntan a que la nueva ley se redactó sin consultar adecuadamente a los líderes de la comunidad musulmana, y a que impone cargas que no se exigen a las propiedades de hindúes y otras religiones. “La ley tiene poco que ver con la protección de las propiedades waqf o su mejor administración”, dice Asaduddin Owaisi, un parlamentario musulmán. “Se ha legislado para que el gobierno tenga mayor control y se apodere de ellas”. De hecho, ya algunos líderes del BJP están utilizando la ley para incitar a sus propios seguidores. Yogi Adityanath, el ministro principal del BJP de Uttar Pradesh y un posible sucesor de Modi, dijo en enero que su gobierno estaba examinando los registros para verificar las propiedades designadas indebidamente como waqf. “Recuperaremos cada centímetro de esa tierra”, dijo.
¿Podría tratarse de un nuevo frente del Partido Bharatiya Janata para erosionar los derechos de los musulmanes de la India? Desde que asumió el poder en 2014, Modi ha otorgado la ciudadanía por la vía rápida a los refugiados no musulmanes de los países vecinos, despojó a Cachemira, de mayoría musulmana, de su autonomía y se comprometió a eliminar las disposiciones del derecho de familia musulmán. Y en enero de 2024 inauguró un nuevo templo hindú en Ayodhya, en el sitio de una antigua mezquita destruida por nacionalistas hindúes en 1992. Según el profesor Mujibur Rehman (autor de Shikwa-e-Hind: The Political Future of Indian Muslims), “Puede que el diagnóstico [sobre los problemas de los wakf] haya sido correcto, pero la solución propuesta no lo es…. Parece haber un intento no solo de obtener el control del Estado sobre las propiedades de los musulmanes, sino también de la comunidad hindú sobre la vida de la comunidad musulmana”.
Ramón Echeverría
CIDAF-UCM
