El día 22 de marzo, Pere Sampol i Mas, senador de las Islas Baleares, integrado en el grupo parlamentario mixto, planteó una pregunta al gobierno, en referencia a la reciente publicación por parte del diario “20 Minutos” de cinco cables de wikileaks que dejan al descubierto a las autoridades españolas, cediendo ante presiones de Estados Unidos, en relación al auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, contra 40 altos cargos de la cúpula militar en el gobierno actual de Ruanda, acusados de graves delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad, terrorismo, pillaje, violaciones y el asesinato de nueve ciudadanos españoles.
Según los cables destapados por wikileaks y difundidos por el diario 20 Minutos, el gobierno despreció la causa judicial, y cita afirmaciones textuales de altos cargos del ministerio de Exteriores y de la Fiscalía comprometiéndose con los diplomáticos estadounidenses a que la causa no siguiera adelante y asegurando que no tendría apoyo por parte del gobierno, que afirmó que ni siquiera iba a pedir la extradición de los imputados por su propio sistema judicial y que no pensaban ir más allá (“we do not plan to go further”, es la cita textual del representante estadounidense que informa confidencialmente de esta conversación).
El senador Sampol preguntó ¿Cómo justifica el gobierno su participación en una conspiración para desactivar una investigación judicial sobre los más graves delitos contra la humanidad y el asesinato de nueve ciudadanos españoles?, a la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez.
La ministra, sin responder directamente a la pregunta, se mostró indignada alegando “no estoy dispuesta a aceptar las acusaciones que está formulando” y acusó a su vez al senador Sampol de “poca rigurosidad”, tachando las informaciones de wikileaks como “no contrastadas” “e inexactas”.
La ministra también afirmó «tener muy presente el proceso de la Audiencia Nacional” contra altos cargos de la cúpula militar de Ruanda, aunque después, reconoció no estar informada sobre si el gobierno ha tramitado o no la comisión rogatoria del juez Andreu, dirigida al secretario general de Naciones Unidas, para solicitar informes que son prueba de algunos de los crímenes cometidos por el FPR ruandés, que no ha obtenido respuesta desde febrero de 2009.
(Fundación Sur / 20 Minutos, 23-03-11)
