El Tribunal Constitucional de Uganda se negó, el miércoles 3 de abril, a anular o suspender la ley anti-LGBTQ, que incluye la pena de muerte para ciertos actos entre personas del mismo sexo. Aunque la ley no vaya a ser anulada en su totalidad, el Tribunal anuló algunas disposiciones que, según dictó, son incompatibles con ciertos derechos humanos fundamentales. El presidente del país, Yoweri Museveni, promulgó el proyecto de ley en mayo de 2023, el cual se encuentra entre las leyes antigay más duras del mundo y ha provocado la condena de activistas de derechos humanos y sanciones de países occidentales. Después de que se aprobara la ley, el Banco Mundial suspendió nuevos préstamos a Uganda y Estados Unidos anunció restricciones de visas y viajes contra funcionarios ugandeses. Los activistas denuncian que la ley ha desatado una multitud de abusos contra las personas del colectivo LGBTQ, incluidas torturas, violaciones, arrestos y desalojos. Entre los peticionarios contra la ley se encuentra Frank Mugisha, el activista LGBTQ más destacado de Uganda.
El Tribunal constitucional resolvió anular ciertas secciones de la referida ley que consideró «incompatibles con el derecho a la salud, la privacidad y la libertad de religión«. Según la Ley contra la homosexualidad, los ciudadanos tenían la obligación de denunciar a cualquier persona que sospecharan que se dedicaba a la homosexualidad. El tribunal concluyó que este requisito violaba los derechos individuales. Las partes de la ley que fueron anuladas tipificaban como delito el alquiler de locales para actos homosexuales y la falta de denuncia de actos homosexuales. Adicionalmente, el tribunal dictaminó que los miembros de la comunidad gay no deberían ser discriminados en la obtención de medicamentos. Según el abogado de derechos humanos que representa a los peticionarios, el gobierno ahora tendrá que eliminar estos artículos de la ley. Uno de los peticionarios, Andrew Mwenda, comunicó que el fallo del Constitucional sería apelado ante la Corte Suprema.
La presente sentencia forma parte de una creciente represión contra los homosexuales en toda África. Ghana aprobó en febrero una estricta legislación antigay, intensificando las restricciones a los derechos de las personas LGBTQ. La legislación impone penas de hasta cadena perpetua por relaciones consensuales entre personas del mismo sexo y contiene disposiciones que convierten la «homosexualidad agravada» en un delito punible con la muerte.
Autor: Isdel Kasasira
Fuentes: AP News – Reuters – Imagen: Pixabay
[Traducción y edición, Micaela Llona Bavestrello]
[CIDAF-UCM]
