Después de dieciocho años de bloqueos judiciales, el abril de 2015, la justicia militar de Burkina Faso relanzó la investigación sobre el asunto del asesinato de Tomás Sankara, el 15 de octubre de 1987.
Han pasado dieciocho años desde que su esposa Mariam, y sus dos hijos Philippe Relwendé y Auguste Wendyam, se constituyeran como parte civil en la acusación de “X” por asesinato y falsedad de escritura administrativa ante el tribunal supremo de Uagadugu, ya que, para colmo de cinismo, el certificado de defunción señalaba que Tomás Sankara había muerto “de muerte natural”. Es el punto de partida de una larga lucha judicial de la familia. Una y otra vez la familia se encuentra contra un muro infranqueable que reenvía a diversas instancias jurídicas. La justicia civil termina por declararse incompetente y la justicia militar no responde al requerimiento de la familia.
Viendo que la querella contra X por asesinato está bloqueada, la parte civil decide en 2002 presentar una querella contra X por rapto y secuestro. Como el expediente sigue bloqueado en Burkina Faso, los defensores de la familia recurren a procedimientos jurídicos internacionales. El colectivo jurídico “Campaña internacional, justicia para Sankara”, compuesto por abogados canadienses, europeos y africanos presentaron una querella contra el Estado burkinés el 13 de octubre de 2002 ante el comité de la ONU, por violación del Pacto internacional relativo a los derechos cívicos y políticos que Burkina había ratificado en 1999. En 2006, el Comité de derechos humanos de la ONU, hace varias demandas al Estado burkinés: aclarar el asesinato de Sankara; ofrecer a la familia los medios de una justicia imparcial; rectificar el certificado de defunción; probar el lugar de su entierro; hacer pública la decisión del comité. Dos años más tarde, para gran sorpresa de los denunciantes, un nuevo comunicado considera, arbitrariamente, que el caso está cerrado.
En 2012 se archiva la denuncia por secuestro y en 2014 el Tribunal Supremo de Uagadugu se declara incompetente para la exhumación y aplicación de pruebas de ADN para la identificación del cuerpo. Una vez más la familia Sankara se encuentra con el muro que se ha formado para impedir que se descubra la verdad sobre el asesinato/muerte del presidente revolucionario que soñó con un país más libre y más justo.
Con la caída del presidente Campaore se abre por fin una brecha en ese muro. Después de 27 años de una justicia bajo las órdenes de Blaise Campaore, el pueblo burkinés pide cuentas sobre el asesinato del presidente del Consejo Nacional Revolucionario. Una de las primeras promesas de las autoridades de la transición fue desbloquear la investigación del asesinato de Sankara, bloqueado desde hace veinte años por la jurisdicción civil. Muchas sombras, misterios, silencios y secretos han pesado sobre el asesinato y sepultura del presidente revolucionario.
La justicia militar se hace cargo de la causa. El 4 de marzo de 2015, un decreto del gobierno de transición permite a la familia la exhumación e identificación del cuerpo de la supuesta tumba del que fue presidente de Burkina Faso de agosto del 1983 al 15 de octubre de 1987. Por primera vez se nombra un juez de instrucción y se inician diligencias y primeras audiciones. Una esperanza para todos los que durante estos años han luchado por que se haga justicia a Tomás Sankara: su familia biológica, sus amigos y seguidores y todos aquellos que siguen encontrando inspiración en sus ideas por una tierra más sana, una sociedad más justa e igualitaria, un África más solidaria, unida, y respetada.
Muchas preguntas quedarán abiertas después de la identificación de los restos. ¿Quién apretó el gatillo? ¿Quién dio la orden? ¿Quién planeó el atentado?
El camino hasta descubrir la verdad será largo y difícil. El caso Sankara es una maraña donde se cruzan demasiados intereses internos y externos.
Paquita Reche, mnsda
