Funcionarios corruptos han estado cobrando sobornos de cerca de 9.000 euros para otorgar licencias a los civiles que quieren tener un arma de fuego, a pesar de que el coste oficial es de alrededor de 20 euros.
El comercio ilegal está siendo tan lucrativo que los propios grupos criminales han estado presionando al gobierno para que reforme la Oficina Central de Armas de Fuego e imponga los procedimimientos legales. Una de estas medidas, que fue bloqueada por los poderosos funcionarios de la oficina, era un plan para tomar todas las armas de los civiles e inspeccionarlas por los informes de un mercado de licencias paralelas obtenidas manipulando el sistema de seguridad y saltándose las normas.
Al menos 100 casos de armas de fuego dadas bajo licencias sospechosas están siendo investigadas según las autoridades. La organización criminal incluye a funcionarios del registro de armas de civiles, que trabajan juntos con los traficantes de armas. La gente con historiales criminales que quieren poseer armas pero que no pueden debido a su pasado son los objetivos principales, ya que están dispuestos a pagar generosos sobornos.
En otros casos, solicitantes legales que se desesperan por la tardanza también son presas fáciles. Algunos de estos, sin sospechar que les habían dado papeles ilegales, han sido llevados ante el jurado.
A veces, los traficantes se acercan a los solicitantes y les dice que el gobierno ha colocado una moratoria en todas las licencias civiles y que la única opción es «arreglarlo» para que sus datos se coloquen en la lista de espera. Así, se les pide que paguen una «tarifa de facilitación».
Algunas de las víctimas pagan hasta 9.000 euros para obtener una licencia. Las reglas requieren que cada dueño de arma con licencia tenga un archivo, pero el sistema parece haber sido manipulado en la medida en que varias personas comparten el mismo archivo, mientras que algunos números de serie son iguales.
Algunos titulares de armas de fuego con licencia han sido sorprendidos al encontrar que están en posesión ilegal de armas cuando se solicitan la renovación de sus permisos. Esa es la situación en la que se encontraba el empresario Andrew Laird White y su esposa, Joy Akoth Mboya.
Habían ido a renovar sus permisos en noviembre de 2015 sólo para saber que sus armas de fuego no estaban registradas en la oficina. Sus armas, los números de serie de pistolas Taurus THU02119 y THY88863, fueron confiscadas cuando entraron en la Oficina Central de Armas de Fuego de Nairobi para renovar sus licencias. Tenían los números de certificado 9718 y 9716, pero se les informó que pertenecían a los señores G. Nyamaku y M. Talaal, respectivamente. Nyamaku y Talaal habían registrado las armas de fuego dos meses antes de la pareja. White y su esposa han negado las acusaciones de que sus permisos de armas son ilegales.
Otro caso involucró a otro empresario, Richard Alden, que había sido arrestado en relación con la muerte de una mujer en Karen. Más tarde se descubrió que el arma que tenía no estaba registrada. Esto fue después de que la policía le informó que la licencia era una falsificación y más tarde le acusó de estar en posesión de un arma de fuego ilegal.
La policía está investigando los dos casos
Funcionarios de la oficina de armas de fuego dicen que esta organización es tan poderosa que ha resistido los cambios planeados para tener un sistema mejor administrado. «La gente sigue comprando licencias falsas. Incluso algunos individuos cuestionables están recibiendo permisos para poseer armas», dijo un funcionario que está al tanto de los desarrollos.
Funcionarios declaran que las investigaciones han encontrado que aquellos que están decididos a poseer una pistola han estado pagando una cuota de facilitación de entre 1.500 y 2.500 euros. Sin embargo, la cuota de solicitud oficial para un arma de fuego es sólo de 20 euros. «La cantidad excluye el costo de comprar la pistola, que depende del modelo y el distribuidor. Esto es un gran negocio «, dijo una fuente.
Fuentes dicen que la organización produce sus propios registros de armas de fuego, que son folletos que autorizan a uno a comprar una pistola y munición de un distribuidor antes de que se emita el certificado. Éste es generalmente una tarjeta electrónica del tamaño de una tarjeta de cajero automático y el propietario está obligado a llevarla cuando está armado. El folleto se requiere una vez al año durante la renovación de la licencia.
La información en el folleto corresponde a los detalles en el certificado electrónico. Los datos también se registran en el archivo de los individuos en el registro.
El director de licencias Samuel Kimaru dice que su oficina está creando varias medidas para asegurar que el problema sea solucionado. «Todavía estamos limpiando el lugar, con un nuevo registro que se introdujo. Usted sabe que hoy en día tenemos un consejo de administración de la cuestión», dijo Kimaru.
El subinspector general de la policía, Joel Kitili, dijo que se propondrán más cambios a la Ley de Armas de Fuego para tratar estos temas. «Se hicieron cambios en la ley, pero no son suficientes. Estamos proponiendo más cambios para asegurar que se aborden estos problemas «, dijo.
La Asociación Nacional de Dueños de Armas de Kenia (Ngao Kenia) ha pedido al Secretario del Gabinete del Interior, Joseph Nkaissery, que tome medidas severas contra los portadores de armas de fuego civiles deshonestos
Cyrus Ombati
Fuente: Standard Media
[Traducción y edición, Fernando Martín]
[Fundación Sur]
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