Presidente, ministros, diputados, senadores o generales: numerosos antiguos rebeldes ocupan puestos clave en la República democrática del Congo, cuando la Corte penal internacional (CPI) está juzgando a Bosco Ntaganda. Desde el 2 de septiembre, este antiguo jefe de milicias comparece en la Haya a causa de los crímenes contra la humanidad, cometidos en 2002-2003 en el noreste del país. Apodado “Terminator”, por su crueldad sanguinaria, Ntaganda participó en varias rebeliones hasta ser integrado en el ejército congoleño en 2009 con el grado de general gracias a una amnistía concedida a varios grupos armados. Para el poder de Kinshasa, la amnistía era el precio que había que pagar para lograr la paz.
Esta receta ya había servido al final de la segunda guerra del Congo (1998-2003), en la que se enfrentaron varios ejércitos extranjeros y rebeliones congoleñas al poder central, que en ese momento estaba en manos de, también, un antiguo rebelde, Laurent-Désiré Kabila. Asesinado Kabila padre en 2001, fue sustituido por su hijo Joseph, actual presidente, que había aprendido a manejar las armas en la Alianza de las fuerzas democráticas de liberación (AFDL); rebelión encabezada por su padre que expulsó del poder en 1997 al dictador Mobutu Sese Seko.
A la segunda guerra del Congo siguió un periodo de transición, bajo la dirección de un Presidente, Joseph Kabila, rodeado de 4 vice-presidentes; dos de estos vice-presidentes surgían de los movimientos rebeldes: Azarias Ruberwa, de la agrupación congoleña por la democracia (RCD), y Jean-Pierre Bemba, del Movimiento de liberación del Congo (MLC). Bemba perdió las elecciones frente a Kabila en 2006 y hoy está siendo juzgado en la CPI por crímenes cometidos en Centroáfrica; es una excepción y sigue siendo senador.
De los en torno a cuarenta ministros que componen el gobierno, una decena son antiguos rebeldes del RCD o del MLC (que se han transformado en partidos políticos). En el ejército pueden contarse muchísimos oficiales superiores o generales que en su día estuvieron en el RCD.
El abismo de la impunidad
La contestación siempre ha sido positiva”, estima Tryphon Kin Kiey, ministro de relaciones con el Parlamento y antiguo encargado de la comunicación del RCD. “Permite, afirma, evolucionar y Francia, si hoy es la que es, es porque ha conocido protestas”. Tomar las armas “fue útil”, pero “la rebelión armada jamás es una marca honorable”, matiza Olivier Kamitatu, exMCL y ministro del Plan; “lamento por los que la han sufrido”. El “único trampolín” para acceder a las responsabilidades “es el pueblo”, asegura este político miembro de un pequeño partido integrado en la mayoría presidencial y que hace un llamamiento a Kabila para que no ceda a la tentación de mantenerse en el poder y deje su puesto a finales de 2016, tal y como lo exige la Constitución.
En 2010, la ONU publicó un monumental informe que levantaba un inventario de 617 crímenes graves, que causaron la muerte de decenas de civiles entre 1993, fecha del inicio de las turbulencias de carácter étnico en el este de la RDC, y 2003. La casi totalidad de esos crímenes ha quedado impune. A pesar de algunos “progresos”, “sigue habiendo un enorme abismo de impunidad por las graves violaciones de los derechos humanos”, cometidas por todas las partes en conflicto durante esa década, lamenta José María Aranaz, jefe adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para los derechos humanos en Kinshasa.
Tras su integración en el ejército congoleño, Bosco Ntaganda se benefició durante varios años de la protección del poder, que rechazaba las presiones internacionales para que lo entregara a la CPI. Ntaganda, se percató de que la determinación de las autoridades congoleñas comenzaba a debilitarse y desertó en 2012 para lanzarse meses después a la aventura del Movimiento 23 de marzo (M23), última aventura rebelde de los tutsi en el este del Congo; luego se entregó a la CPI.
Después de la adopción de la ley de reforma del ejército de 2011, Kinshasa rechaza categóricamente ofrecer la amnistía en bloque a las decenas de grupos armados congoleños que todavía están presenten en el Este e integrar a sus combatientes en el seno del ejército nacional. La amnistía no ofrece “garantía alguna de que no se reincida (en la rebelión)”, por lo que “no daremos marcha atrás”, afirma François Muamba, ex-MLC, encargado del seguimiento del acuerdo que puso fin a la rebelión del M23, vencida en noviembre de 2013. Algunos jefes rebeldes han tratado en vano de negociar su rendición a cambio de ser integrados en el ejército: hoy o han muerto o están en la cárcel. Otros no han sido inquietados nunca. Por ejemplo, Sheka Ntabo Ntaberi, cuya milicia está acusada de violaciones en masa en 2010 en el Este, hizo campaña libremente en las elecciones legisaltivas de 2011. No fue elegido y sigue haciendo estragos en la selva.
Habibou BANGRÉ
Fuente: AFP