En la región de la costa sobre el océano Pacífico de Colombia está poblada en un 90% por la población afrodescendiente, conocida también como “comunidades negras”, quienes llegaron a este lugar desde la colonia española y comparten su vida con la población indígena o amerindia. Allí las condiciones de marginalidad social son las más altas del país. Para hacer visible esta realidad se ha realizado una investigación titulada “Derecho a la Alimentaciòn y al Territorio en el Pacífico Colombiano”. En esta ocasión se presenta un avance de los resultados del mencionado trabajo.
La mirada sobre el Pacífico y en particular sobre la situación que viven las comunidades negras e indígenas en la región, pasa necesariamente por poner en evidencia cómo en medio de una región ampliamente reconocida por su riqueza biológica y cultural y con la existencia de proyectos de desarrollo que la ubican como epicentro de grandes obras de infraestructura, de extracción de recursos naturales y de agroindustria, presente tan alta incidencia de exclusión y de inequidad social. Y, cómo en medio de un contexto jurídico de reconocimiento de la propiedad colectiva de estas poblaciones sobre su territorio se presentan a la vez dinámicas violentas de expulsión, desarraigo y pérdida del control de las comunidades sobre el destino de su propio entorno.
Este contexto, en términos de las reivindicaciones que han establecido las organizaciones sociales sigue remitiendo a la lucha por la autonomía y la autodeterminación en el territorio como elemento constitutivo de la identidad del ser negro e indígena. Los referentes colectivos de pertenencia, de definición del pasado, asunción del presente y proyección del futuro se han construído a través de las dinámicas particulares de uso, apropiación y control que históricamente las comunidades han desarrollado en el territorio. De esta manera, las dinámicas que afectan la sostenibilidad de las poblaciones nativas del Pacífico en el lugar que habitan, inciden no sólo sobre su bienestar económico y social, sino además, sobre la existencia de condiciones reales para su pervivencia como grupos étnicos.
Si bien, el reconocimiento de la propiedad colectiva por parte del Estado ha significado un paso fundamental en la garantía de los derechos colectivos de estas comunidades, el reordenamiento territorial desarrollado hasta el momento en función de esta figura, no ha cumplido con las expectativas de las organizaciones, puesto que la seguridad en el dominio y mantenimiento del territorio, la sostenibilidad de éste y en este, ha sido seriamente afectada por el avance acelerado de los proyectos económicos de extracción de recursos ubicados en la región del Pacífico. Estos procesos se han implantado violentamente transformando y reordenando los espacios que los ordenamientos jurídicos pretenden proteger. La perspectiva desarrollista de estos proyectos, en términos del crecimiento acelerado de la acumulación de los grandes capitales que se consolidan en el marco de la economía neoliberal, encuentran una seria contradicción con los planteamientos de los grupos étnicos que buscan el reconocimiento de los derechos al territorio.
Desde el momento en el que en el contexto nacional, el Pacífico se reconoce como polo de desarrollo que permite la inserción del país a la economía global, se formulan políticas públicas para la región que responden a la perspectiva que orienta el avance del proceso de globalización y con éste el auge de la economía neoliberal. En este sentido, los planes que se formulan y ejecutan pretenden reconfigurar la región ajustándola a un proyecto de modernidad capitalista que a través de la extracción y explotación de los recursos naturales en lo local pretende fortalecer la acumulación de grandes capitales. La intervención en la región así, se ubica desde cuatro perspectivas, como productora de materias primas, como plataforma para acceder a los mercados internacionales, como corredor de tráfico intenso de bienes y servicios y como potencial extractivo de recursos biológicos dada su significativa biodiversidad.
Es desde la década de los años ochenta, cuando comenzó a estructurarse la formación de proyectos tendientes a aprovechar la gran riqueza del Pacífico colombiano y así dinamizar el capital nacional e internacional para la inversión en el diseño y construcción de lo que se ha conocido como los megaproyectos del Pacífico. Con la implantación de este enfoque del desarrollo para la región, empieza a cobrar cada vez más fuerza la idea de que las formas de apropiación particulares del territorio por parte de las comunidades tradicionales, reconocida a través de los reguardos y titulaciones colectivas, son un impedimiento para el desarrollo económico del país.
En esta perspectiva, las organizaciones sociales de la zona han denunciado cómo existe una gran coincidencia entre la ubicación territorial de los megaproyectos planteados para el Pacífico y los hechos violentos que en la dinámica del conflicto armado vienen ejecutando los actores armados que hacen presencia allí, a través de los desplazamientos forzados, confinamientos y expropiaciones territoriales.
Así, los intereses de los actores involucrados con los proyectos económicos, políticos y miliares en la región, conforman redes que jerarquicamente organizadas aseguran el control sobre todo lo que puede ser asignado, distribuido o poseído dentro del territorio. “El objetivo de las operaciones militares de los distintos actores armados es el de controlar las vías de acceso, la introducción de armas y la salida de los productos. Son los industriales del interior los que han concebido y financiado en gran medida esas estrategias.*1
La articulación de los actores políticos, económicos y militares que han llegado a la región para la implantación de estos proyectos económicos, ha conducido a la generación de acciones como, control y desalojo de las poblaciones, reordenamiento territorial en función de los megaproyectos, control militar del territorio, grandes inversiones públicas que buscan facilitar el funcionamiento de los megaproyectos y no generar condiciones de vida digna para sus habitantes, ajustes normativos que facilitan el desarrollo de los proyectos extractivos y de grandes capitales -ley de aguas y ley forestal-, desterritorialización de la población y repoblamiento controlado del territorio.
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores haremos ahora un breve recuento de las condiciones particulares de exclusión e inequidad en la región, las características de la intervención pública, los impactos de esta intervención en términos de las condiciones de vida de la población y del estado de la tenencia del territorio para las comunidades negras e indígenas en el Pacífico colombiano.
Condiciones de exclusión e inequidad en la región
El Pacífico Colombiano es la región del país en la que convergen de manera más crítica las condiciones de desigualdad y exclusión en el país. Comprende un área de 49.930 kilómetros cuadrados, 1300 kilómetros de costas y está conformado por 23 municipios pertenecientes a los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. Su población está compuesta fundamentalmente por las comunidades negras e indígena.
El 55% del total del área de la selva tropical húmeda del Pacífico aún no está intervenida. «Su diversidad está representada en las aproximadamente ocho mil especies de plantas (de las 45.000 que puede haber en Colombia). El Departamento del Chocó contiene 3.866 especies. También se encuentra una de las mayores concentraciones de plantas y animales endémicos, es decir, con una distribución geográfica pequeña. Por lo menos la cuarta parte de las plantas son exclusivas de la región. La fauna, aunque menos conocida, es muy rica y los anfibios muy diversos. También hay gran cantidad de especies aún sin describir, especialmente en las selvas de la cordillera. Entre las aves, hay varios centenares de especies en las tierras bajas. Es una de las áreas con las mayores concentraciones de especies endémicas de Sur América.*2
De su riqueza en recursos naturales, la región aporta a la economía nacional el 69% de la pesca marítima, el 42.2% de la madera aserrada, el 82.17% del platino, el 18% de oro, el 13.8% de la plata, además se encuentran yacimientos de minerales de importancia estratégica, bauxita, manganeso, cobalto radioactivo, estaño, cromo, níquel y petróleo, destinados a la siderurgia, la electrometalurgia, la industria aeroespacial y la producción de energía nuclear. (DANE, 1993)
Pese al gran aporte de la región a la economía nacional, los beneficios de los proyectos de explotación, extracción de recursos e infraestructura no han revertido en la garantía de condiciones de vida digna para las comunidades indígenas y negras que la habitan, todo lo contrario ésta región se ha articulado al país desde la marginalidad frente al desarrollo de los epicentros nacionales.
Según el último informe sobre Calidad de Vida en Colombia (2006)*3 “El pacífico posee las peores condiciones de vida del país, al estar 15 puntos por debajo del promedio nacional (62 frente a 77). En los últimos 6 años, ha tenido una tasa negativa en el crecimiento de condiciones de vida (-4.7%). Entre 1997 y 2003 cayeron todos los factores que miden la calidad de vida, así, el 63% de los hogares no tienen acceso a inodoro con conexión a alcantarillado o bajamar; 30% carece de abastecimiento de agua de pila pública, carro-tanque, aguatero o acueducto. El 41% aún cocina con carbón, leña o desechos; 60% no tiene servicio de recolección de basuras; 46% de hogares viven en hacinamiento. En la región los municipios con el más bajo estándar de vida son, Carmen del Darién (47.8), Alto Baudó (49.4), Piamonte (49.4), Medio Atrato (49.8) y La Vega (50.1)”(…) A nivel departamental, Chocó tiene el ICV más bajo de la región y del país (58 puntos). (Informe CV 2006: 23).
Con respecto a la situación educativa, se tiene que para Colombia el analfabetismo funcional -menos de tres grados cursados* 4- es de 15.5%, la región Pacífica supera este promedio con un 18%. El municipio de Medio Baudó, ubicado en el Chocó, presenta el más alto nivel de analfabetismo en el país 66% frente al 7% del promedio nacional.
Según la encuesta Nacional de Demografía y salud (2005) la tasa de mortalidad infantil en el país es de 19 por mil para el quinquenio 2000-2005, siendo 17 por mil en la zona urbana y de 24 por mil en la zona rural. Teniendo en cuenta esta tasa por regiones, la más alta (54 por mil) es la del Litoral Pacífico, y en cuanto a departamentos la más alta se encuentra en el Chocó (36 por mil) * 5.
Aunque se reconoce en el Pacífico la gran riqueza biológica, la población que allí habita padece una grave crisis alimentaria, esta situación se puede entender mejor en relación al contexto nacional, de 1996 al 2002, cada año, alrededor de 110000 nuevos colombianos pasaron a ser hambrientos graves, es decir, personas con terribles limitaciones nutricionales por poco o nulo acceso a los alimentos *6. De manera particular, los departamentos de Nariño y Cauca poseen las tasas más altas de desnutrición crónica un 24%, mientras que el promedio nacional es del 13.6%. *7
Intervención pública en la región
En medio de estas condiciones de inequidad y exclusión, en el Pacífico convergen diversos planes que responden a las perspectivas de desarrollo formuladas para la región, entre ellos están, PLAN PACIFICO, AGENDA PACIFICO XXI, Plan Colombia, inversiones que responden a lo proyectado en el Plan Puebla Panamá, la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA) y el TLC (Tratado de libre comercio), estos planes se articulan a su vez a las acciones establecidas en el Plan Nacional de desarrollo “hacia un estado comunitario” 2000-2006 presentado por el gobierno del presidente Uribe.
Los diversos planes para la región proponen, por un lado, una perspectiva de desarrollo sostenible de respeto a la diversidad biológica y cultural, que busca fortalecer la autonomía de las comunidades y sus organizaciones de base para definir los principios valores, fines y lineamientos metodológicos del desarrollo al que aspiran, Plan Pacífico y Agenda Pacífico XXI. Y por otro, proponen proyectos de integración de la región a los procesos de implementación del libre comercio internacional y el fortalecimiento de la competitividad, desde la oportunidad que para la inversión extranjera representa la oferta de la biodiversidad, el mejoramiento de la infraestructura para la extracción de hidrocarburos y recursos naturales renovables y no-renovables, desde allí el apoyo que se ofrece a los proyectos productivos locales, conducen a la exportación directa o a través de la vinculación con la empresa privada nacional o extranjera, privilegiando así las expectativas de crecimiento del capital económico y productivo multinacional sobre las del capital social local, Plan Nacional de desarrollo, Tratado de libre comercio, IIRSA y Plan Puebla Panama. *8
Los megaproyectos ubicados en el marco de estos planes, son los siguientes, Canal Atrato Truando, el proyecto de acuapista pensado como un sistema de comunicación y transporte que une las Bahías de Buenaventura y Tumaco en la costa Sur del Pacifico colombiano *9. El proyecto de navegabilidad del río Atrato y su conexión con el eje terrestre Quibdó-Itsmina-Condoto-Chiquichoque, así como la del río San Juan hacia Buenaventura y en dirección a Quibdó- Pereira-centro del País, de igual forma han ido posionándose las presiones económicas y geoestrátegicas en torno al Proyecto de Agua dulce en el Puerto de Buenaventura, la vía al mar por el Chocó, el proyecto Puerto en Tribuga, Proyecto Puerto en Málaga.
Uno de los aspectos a resaltar sobre lo planteado para el Pacífico desde el Plan Nacional de desarrollo y desde el Plan Colombia, tiene que ver con el énfasis dado a la seguridad. Desde allí se reconoce en la existencia y el accionar de grupos armados ilegales el origen de los problemas del país, y en especial los de aquellas zonas donde su presencia junto a la de los cultivos ilícitos se siente con mayor intensidad – como es el caso del Pacífico, y a las que se les denomina “zonas deprimidas y de conflicto” –. Por consiguiente todos los esfuerzos se dirigen hacia el desmantelamiento de dichos grupos y la erradicación de estos cultivos, acciones a las que se les atribuye el valor de la “integralidad”. Así las cosas lo que se tiene es una visión sesgada en la que se deja de lado la atención de problemáticas de orden social y estructural que sostienen e influyen en la confrontación armada.
Pese a que existen en los planes, postulados que apuntan al desarrollo sostenible de la región, al respeto por las propias alternativas de desarrollo de los grupos étnicos que la habitan y con esto, el respeto por la manera como apropian y conciben su propio territorio, en la práctica estos planteamientos terminan siendo subordinados por los intereses manifiestos en los tratados de libre mercado establecidos por el país, los cuales propenden por la realización de intervenciones extractivistas de los recursos en función de las posibilidades que ofrece el llamado mar del siglo XXI. Esta dinámica ha hecho que la formulación y realización de los planes de desarrollo siga siendo avasalladora de los ecosistemas sostenidos por las comunidades negras e indígenas para el disfrute de las próximas generaciones.
Impactos de la inversión pública en la región
– Los diagnósticos elaborados por los Planes y proyectos para la región -Plan Pacífico, Agenda Pacífico XXI, Biopacífico, el Plan de Manejo de los Recursos Naturales (Min ambiente y dentro de éste, el Proyecto de Zonificación Ecológica (IGAC), el de titulación de territorios colectivos y resguardos (en el antiguo INCORA) y el de planes de manejo de los Parques Nacionales (UESPIN), sustentados en el Plan Nacional de Desarrollo- siguen siendo vigentes, y han formulado estrategias para trascender los problemas caracterizados para la región, sin embargo, hasta el momento no lo han logrado *10. Puede destacarse como avance fundamental la titulación de resguardos indígenas y de territorios colectivos; como también los espacios de participación ganados, entre lo cual se destaca la experiencia de los comités regionales. No obstante, se advierte el agravamiento de la situación, en cuanto a agudización de la violencia, extensión de los cultivos de coca, escasez de alimentos y en términos generales en el desmejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Pacífico. *11
– Las organizaciones sociales de la región advierten que esta situación de desmejoramiento, pese a los planes propuestos, tiene que ver con las contradicciones existentes entre las Políticas Públicas y la ausencia de pertinencia social de estas acciones. En este sentido, mientras, por un lado, la Política de titulación colectiva de tierras durante los últimos 10 años -1996-2006- ha cumplido en un 91.5% la meta propuesta, se formulan y desarrollan políticas que afectan gravemente la estabilidad y seguridad de la población en el territorio titulado. Las acciones de fumigación y asperción aérea de cultivos de uso ilícito formulados en el Plan Colombia, por su impacto, han afectado la salud física de los pobladores negros e indígenas, han destruido los cultivos de pan coger y contaminado seriamente el ecosistema, lo que ha producido desplazamientos forzados de pobladores en las zonas y situaciones graves de crisis alimentaria. Por otro lado, el interés estratégico de incrementar el monocultivo de la Palma aceitera en el territorio del Pacífico formulado en el TLC y el Plan Nacional de Desarrollo ha conducido al establecimiento de empresas agroindustriales en los territorios colectivos, cuyas actividades productivas han estado ligadas a las dinámicas de conflicto armado en la región y por lo tanto, a las causas del desplazamiento forzado.
– En esta misma perspectiva podemos señalar una nueva contradicción, la Política de titulación colectiva de tierras a comunidades indígenas y negras, asume una noción territorial integral, en la cual la propiedad colectiva incluye los bosques, el vuelo forestal y el derecho de prelación de estas comunidades para el uso y aprovechamiento de los recursos del subsuelo, por lo tanto, asume el derecho a la consulta previa cuando la explotación de estos recurso se realiza sobre hidrocarburos, carbones, sales o minerales estratégicos. Sin embargo, el congreso de Colombia ha aprobado la ley forestal, que promueve la explotación indiscriminada de los bosques naturales y establece un claro desequilibrio al generar incentivos para los empresarios y firmas madereras que desarrollen esta actividad a través de exenciones y deducciones tributarias dirigidas especialmente a otorgar seguridad a las inversiones, pero no incluye incentivos para el manejo sostenible de los bosques naturales por parte de comunidades y pequeños propietarios. Por otro lado, genera una grave contradicción con los derechos adquiridos por las comunidades indígenas y negras en cuanto al uso, administración, manejo y aprovechamiento autónomo y sostenible de los recursos en sus territorios (ley 70 de 1993). En este aspecto, la ley busca separar el “derecho al vuelo forestal y el derecho al suelo” con la finalidad de disponer de los bosques para las inversiones comerciales y para el mercado internacional de valores ambientales, lo cual contradice abiertamente el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de la propiedad colectiva y el valor de los bosques y los ecosistemas para la supervivencia física y cultural de los afrocolombianos e indígenas.
– A pesar de los avances de los procesos de titulación de tierras a comunidades negras y de los procesos de fortalecimiento de los cabildos indígenas, las tierras todavía son insuficientes para desarrollar estrategias de producción sostenible, ya que por la condiciones de fragilidad ecológica, solo se pueden implementar sistemas con poca intensidad de uso, que reciclen materia orgánica y se asimilen a la estructura de la vegetación preexistente los cuales requieren de mayores extensiones de tierra que las existentes, en estas condiciones se requieren cerca de 300 has por familia para poder subsistir sin afectar el entorno natural. En Consejos comunitarios, como los asociados a RECOMPAS en el sur del Pacífico, por ejemplo, cada familia tiene en promedio 5 hectáreas , con las cuales no podría generar una propuesta de desarrollo para tener ingresos y para asegurar la alimentación. *12
– La reciente invasión de cultivos de uso ilícito y su propuesta de monetarización que deteriora los valores culturales y humanos, potencializada con la ausencia de oportunidades de desarrollo apropiado para la población, están poniendo en grave riesgo la ya precaria estabilidad socio-cultural de la región. En el Piedemonte nariñense, por ejemplo, existen 14.154 has (18% del País) y en el resto del Pacífico, de acuerdo a datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos – Naciones Unidas (SIMCI 2005), existen 45 has en Valle (0.1 % del País), 1.266 has en Cauca (2% del País) y 323 has en Chocó, (0.4% del País). En la actualidad se esta dando un desplazamiento de los cultivos de uso ilícito que se encontraban en el Piedemonte de Caquetá y Meta hacia la llanura del Pacifico, fundamentalmente hacia el Piedemonte Nariñense. *13
– Las políticas de apertura económica, direccionadas por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, han expuesto de manera desventajosa, la agricultura nacional a los mercados internacionales y han evidenciando la incapacidad de otros sectores como el comercio o la industria para absorber la mano de obra expulsada por la agricultura, generando un aumento del desempleo hasta del 20,5% a comienzos de 2001 (Fajardo 2002). *14
– A nivel nacional y con aportes también de la región, se ha dado una disminución de la producción agrícola, que pasó en el caso de algodón por ejemplo de 130.000 toneladas en 1975 a 427 toneladas en 1997 de acuerdo con Misión Rural 1998, y que en el Pacífico se ve reflejada en los cada vez menos diversos mercados populares de Guapi, Tumaco, Bahía Solano o Quibdo.
– La pérdida de empleos en la agricultura. La reducción de las áreas sembradas en cultivos semestrales del 6,2 % ocasionó la pérdida de 119.600 empleos (Jaramillo 1998), lo que origino migraciones rural – urbanas y rural – rural hacia los cultivos permanentes que crecieron un 2.2% (IGAC – Corpoica 2000), como es el caso de la palma de aceite en el sur y centro del Pacífico.
– La mayoría del suelo, que resiste un uso medianamente intensivo en el Pacífico, y que ha entrado exitosamente en los mercados mundiales, se encuentra en manos de agroindustriales. Para el resto de la región el desarrollo de propuesta productivas o extractivas con participación social y criterios de sostenibilidad es muy débil, y solo han avanzado algunas promovidas por ONGs de desarrollo alternativo como Inguede, Aspave o las iniciativas en agroforesteria impulsadas por algunos consejos comunitarios auspiciadas por el ECOFONDO y que fueron fumigadas en su mayoría por la estrategia de erradicación de cultivos de uso ilícito. *15
– Frente a los graves efectos que ha tenido la implantación de las Políticas Públicas de carácter extractivista en la región, las organizaciones de negros e indígenas en el Pacífico han venido pronunciando su voz de protesta y han construido diversas propuestas alternativas, manifiestas estas, a través de diversos mecanismos. Ejemplo de ello fueron las movilizaciones realizadas el 12 de octubre de 2005 y las de la tercera semana de mayo de 2006, ambas fuertemente reprimidas por el Estado Colombiano.
La primera fue realizada por el Pueblo indígena Embera, y se denomino Minga Embera por la Vida , la autonomía, la dignidad, la soberanía y la justicia social. Esta Minga se pronuncio en contra de las Políticas planteadas en el TLC, el AlCA, La seguridad democrática, megaproyectos y las fumigaciones. El comunicado de esta acción plantea: “los gobiernos colombianos y en especial el gobierno Uribe han mantenido a los pueblos indígenas en la marginalidad adsoluta. El pueblo Embera ha venido sufriendo esta marginación que se agudizó con la construcción de la hidroeléctrica de Urrá en 1994. Desde hace una década venimos luchando por el reconocimiento de nuestros derechos, de nuestra autonomía y sobre todo de nuestra dignidad. Queremos que se declare nuestro territorio como zona de paz; queremos verdad, justicia y reparación por nuestros líderes desaparecidos y asesinados y el cumplimiento de los compromisos de la Empresa Urrá por los daños causados a nuestro pueblo” *16 Esta marcha fue fuertemente reprimida por la Fuerza Pública del Estado, dejando varios heridos y una persona muerta.
La segunda, realizada la tercera semana de mayo de 2006, se denominó “la movilización del Sur occidente colombiano”. Los comunicados realizados por las organizaciones sociales convocantes, campesinas, negras, indígenas, viviendistas y demás sectores populares plantearon que ésta fue una estrategia que tuvieron que buscar para reclamar una negociación directa con el gobierno central frente al abandono de las políticas estatales que han generado crisis económica, social y humanitaria en la región. El proceso de Unidad popular del Sur occidente, como se denomina al espacio conformado por quienes realizaron esta acción, construyó un pliego unificado para negociar en una mesa regional encabezada por el Gobierno Nacional, que incluye los temas de Tierra y territorio, contra la política de erradicación forzada de cultivos de coca y amapola, Educación, Salud, Derechos Humanos, Servicios Públicos, Vivienda y Laboratorios de Paz. Este pronunciamiento de la sociedad civil de la región fue también reprimido por la Fuerza Pública ,
En Nariño más de 25.000 manifestantes protestan en Remolinos, la Guayacana , Chachahuí, el Palmar, el Diviso, Altaquer, la carretera panamericana, vía al mar entre Pasto y Tumaco en el kilómetro 63; ocupación de las cabeceras municipales de los municipios de la Costa Pacífica en Iscuande, el Charco y Barbacoas, manifestaciones todas agredidas por la fuerza pública de manera cruenta y desmedida vulnerando las normas del DIH que el estado dice defender.
La Defensoría del Pueblo de Nariño denunció que «(…) fueron víctimas de gases, entre otros, gas Pimienta (prohibidos por los tratados internacionales del DIH), con lo cual no solamente se puso en riesgo a la ciudadanía sino también afectó al Personal Humanitario que ocupaban los lugares protegidos por el DIH como es el Puesto de Salud y otros que por su connotación cultural y administrativa deben respetarse(…)Hay miembros de las mismas comunidades heridos y otros se encuentran refugiados en las montañas con gran riesgo para sus vidas, habiendo sido victimas del maltrato por parte de la Fuerza Pública ; se pudo constatar que los disparos provinieron de personas no identificadas bajo la mirada permisiva de las Autoridades(…)» continuó afirmando muy preocupada la Defensoría del Pueblo de Nariño. *17
– Las organizaciones negras e indígenas de la región han planteado que las regiones donde han ocurrido desplazamientos forzados de sus comunidades están relacionadas con la ubicación de grandes proyectos de desarrollo que están en detrimento de los bosques y las explotaciones agrarias locales (por ejemplo, el proyecto del canal interoceánico y la espectacular ampliación de los límites de las plantaciones de palma aceitera en Tumaco (Nariño) o el Bajo Atrato Chocó, la existencia de recursos naturales (oro, madera y sitios ideales para turismo) y la propagación de cultivos ilícitos en determinadas área. Esta dinámica de desplazamiento se intensificó además cuando inician los procesos de titulación colectiva, a partir de 1996.
“Los procesos de desarrollo extractivo formulados en las distintos planes de política pública al concebir una noción distinta a las nociones de desarrollo planteadas por las comunidades, generan desplazamiento de comunidades enteras, estos desplazamientos articulados a la dinámica de conflicto armado, acaban entrañando una modificación del uso de la tierra, de los sistemas de producción tradicionales, de la distribución espacial de la población y de los recursos…Los protagonistas del conflicto armado, y más concretamente los grupos paramilitares, han fomentado reasentamientos selectivos autoritarios en los territorios de las comunidades ribereñas desplazando a unos grupos y trayendo a otros con el deseo que los recién llegados se plieguen a las pautas de conducta que se les impongan en los planos cultural, económico y ecológico”. *18
En medio de esta grave situación que viven las comunidades negras e indígenas, las organizaciones que las representan han continuado resistiendo, denunciando las violaciones de las que han sido objeto, formulando planes de vida y etnodesarrollo que responden a sus propias cosmovisiones. El contexto exige que el Estado cumpla realmente sus deberes de protección, garantía y realización de los derechos colectivos de estas comunidades, así, como debe cumplir de manera efectiva lo establecido en los diversos pactos internacionales relacionados con la materia, entre ellos, lo establecido en el convenio 169 de la OIT.
Notas:
1.- Escobar, Arturo “ Desplazamiento, desarrollo y modernidad” En Conflicto e invisibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia. Editores Eduardo Restrepo, Axel Rojas. Editorial Universidad del Cauca. 2004.
2.- Revista Ecológica No. 15-16 mayo octubre 1993.
3.- DNP, PDH, GTZ (2006), Los municipios Colombianos hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Salud, educación y reducción de la pobreza..
4.- De acuerdo a la definición realizada por la Unesco
5.- ICBF, PROFAMILIA, MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL, UNFPA (2005) Encuesta Nacional de Demografía y salud.
6.- Cifra proyectada para el 2006 con base en los informes de inseguridad alimentaria de la FAO (1999-2005).En PLATAFORMA COLOMBIANA DESC (2006) Campaña por el derecho a la alimentación. POR UNA ALIMENTACIÓN DIGNA, SANA, EQUILIBRADA Y SUFICIENTE.
7.- DNP, PDH, GTZ (2006), Los municipios Colombianos hacia los objetivos de desarrollo del milenio. Salud, educación y reducción de la pobreza..
8.- Cabe recordar que Colombia logró ser admitida formalmente a este Plan Puebla Panamá a partir del mes de julio de 2006, lo cual va implicar una mayor integración de la región del Pacífico a estas inicitaivas internacionlaes.
9.- “Es una propuesta que pretende a partir de la gestión Multiestamentaria, generar procesos integrales de desarrollo económico y social, en una región tradicionalmente marginada y abandonada del país. Igualmente plantea la oportunidad de reivindicar una zona hoy amenazada por el narcotráfico y la insurgencia, como modelo de referencia para Colombia y para el mundo”. Síntesis proyecto acuapista pacifico sur. Ministerio de transporte. Programa integral del pacifico, proyecto Arquímedes, 2005.
10.- no obstante tampoco se han evaluado en aspectos particulares su incidencia en la transformación de las realidades evidenciadas
11.- Aporte a la construcción de una estrategia ambiental intercultural con los pueblos indígenas región del pacífico. Organizaciones Indígenas del Pacífico. OIA. 2.002.
12.- RECOMPAZ, comunicado. Noviembre 2005
13.- SIMCI. Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos- Naciones Unidas. 2005
14.- Sistemas sostenibles para la conservación en el pacifico colombiano. Proyecto Parques del pacífico. Acosta Carlos y otros.
15.- Sistemas sostenibles para la conservación en el pacifico colombiano. Proyecto Parques del pacífico. Acosta Carlos y otros.
16.- Comunicado Minga Embera por la Vida , La Autonomía , la dignidad, la soberanía y la justicia social. Manizales, octubre de 2006
17.- Comunicado Urgente de la Defensoría del Pueblo de Nariño. Pasto mayo 19 de 2006
18.- Escobar, Arturo “ Desplazamiento, desarrollo y modernidad” En Conflicto e invisibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia. Editores Eduardo Restrepo, Axel Rojas. Editorial Universidad del Cauca. 2004.
Este texto es una presentación de avance de la investigación sobre “Territorio y Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, realizado por Jesús Alfonso Flórez L y Constanza Millán, como parte del trabajo de las copartes de Misereor en el Pacífico Colombiano, las cuales son: Diócesis de Tumaco, Vicariato Apostólico de Guapi, Diócesis de Buenaventura, Diócesis de Istmina, Diócesis de Quibdo; Las Organizaciones ASCOBA, COCOMACIA, ACADESAN, la Asociación de Cabildos OREWA, Asociación Casa del Niño y ASDES.
