Van pasando las semanas y las elecciones presidenciales y legislativas, previstas en la Constitución para ser celebradas a finales de noviembre, parecen alejarse definitivamente. Reina la confusión, la tensión política y social y aparecen brotes de violencia directa.
Desde la comunidad internacional prosiguen los llamamientos, cada vez más rutinarios por repetitivos, a que se respeten los plazos constitucionales; son más una expresión de deseos (“por favor, sed buenos, portaos bien”) dirigida a los dirigentes congoleños que una presión apremiante. Un ejemplo podría ser la resolución 2277 del 30 de marzo del Consejo de Seguridad de las ONU que contiene un listado de exigencias: respeto a los plazos fijados por la Constitución, diálogo entre todos los partidos, garantía de libertad de expresión, reunión y seguridad de candidatos y establecimiento de un calendario del conjunto de los procesos electorales (elecciones presidenciales, legislativas, locales etc…) por parte de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI).
La Unión Africana (UA) ha designado a Edem Kodjo, expresidente de Togo, como facilitador del diálogo intercongoleño. Esta designación y tarea están siendo criticadas y rechazadas por la oposición, que considera el diálogo promovido, y aplaudido por el poder, un instrumento más para escamotear lo establecido en la Constitución y prolongar así el mandato del actual presidente Joseph Kabila. La oposición en sus diversos agrupamientos (Frente ciudadano 2016, G7, etc.) sigue reclamando el estricto respeto de la Constitución, lo que significa que indefectiblemente el 19 de diciembre de 2016, como fecha tope, Joseph Kabila debería dejar la presidencia. Jean Claude Katende, presidente de la Asociación Africana de Derechos Humanos (ASADHO), es taxativo: “Kabila debe marcharse”; sería la condición básica para que las elecciones se celebraran en un ambiente normalizado y pacífico.
No parece que debieran existir dudas respecto de lo que la Constitución congoleña establece con relación a la limitación a dos de los mandatos presidenciales. Ello no está impidiendo que se produzcan pretendidos sesudos debates entre especialistas sobre la cuestión. Por otra parte, 200 diputados de la Mayoría Presidencial (MP) han decidido someter la interpretación de diversos artículos de la Constitución al Tribunal Constitucional; sus argumentos: “Como hay gentes que leen la constitución a su aire y como los altos magistrados del Tribunal están pagados para que nos interpreten la constitución, hemos acudido a la institución competente para que nos los interprete y para que la población congoleña se aclare sobre el sentido de esos artículos”. Dada la dudosa independencia del Tribunal, puede deducirse que la consulta sólo trata de prolongar la confusión y el statu quo.
Desdichadamente y cada vez con mayor frecuencia, las controversias políticas, tras descender a la calle, se traducen en represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad de las manifestaciones ciudadanas y en detenciones de opositores. Solo en 2015 fueron más de 40 los muertos en las manifestaciones antigubernamentales. Ya han comenzado a producirse ataques a las sedes de algún partido opositor como la Unión Nacional de Federalistas del Congo (UNAFEC), con destrucción, en Lubumbashi y Kinshasa, de emblemas, instalaciones y locales. El nerviosismo del gobierno es evidente ante una oposición que, con grandes vaivenes, trata de presentarse como unida y superar endémicos personalismos y rivalidades.
Mientras tanto, el señor Kodjo trata de reunir en torno a una mesa de diálogo “inclusivo” a todas las partes (mayoría, oposición, sociedad civil). Tarea nada fácil. Ha escrito a todos para que designen a sus delegados. La mayoría presidencial aplaude, pero la oposición recela que Kodjo haga el juego del gobierno y duda de la imparcialidad del facilitador nombrado por la Unión Africana. Por ejemplo, el G7, organización opositora, que ya ha elegido como posible candidato unitario al exgobernador de Katanga, el riquísimo empresario Moïse Katumbi, que agrupa a disidentes de la mayoría presidencial, ha respondido exigiendo un compromiso formal de respeto a la Constitución y la fijación clara de una hoja de ruta. Puede temerse que el bloqueo persista y no se vea la salida.
Los últimos episodios no hacen sino presagiar un aumento de la tensión y de la violencia. El domingo 24 de abril, respondiendo al llamamiento, tanto desde la mayoría presidencial como desde los partidos de la oposición, se celebraron diversas manifestaciones en varias ciudades congoleñas. El motivo declarado era la conmemoración del 26 aniversario de la apertura democrática en el Congo (26.04.1990) que supuso el fin del partido único del dictador Mobutu. Como era de esperar, las manifestaciones promovidas por el poder derivaron en expresiones de apoyo a Kabila, mientras las impulsadas por la oposición se convirtieron en exigencias de respeto a la Constitución y denuncia de la política represiva de Kabila. Si bien las concentraciones ciudadanas de Kinshasa, Goma y Bukavu se desarrollaron sin problemas, la de Lubumbashi (Katanga), a cuyo frente se puso el popular exgobernador de la Provincia, Moïse Katumbi, rico empresario y propietario del club de fútbol “Todopoderoso MAZEMBE”, fue reprimida violentamente con disparos de balas de goma y gases lacrimógenos. Se han producido numerosas detenciones de opositores y de personalidades del entorno de Moïse Katumbi; todo parece indicar que el exgobernador de Katanga es considerado por el sistema Kabila como un peligroso adversario; su popularidad en el Congo y su renombre en el ámbito internacional constituyen, hasta ahora, un escudo de protección.
Ramón Arozarena
