El 4 de marzo pasado, la Corte Penal Internacional de la Haya cursó una orden internacional de arresto contra el Presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, acusado de crímenes de guerra y de lesa humanidad, delitos perpetrados en el Darfur, región occidental de Sudan. Desde el 2003, los conflictos y la violencia en esa región de Sudan han causado tantas muertes que muchos no dudan en calificarlos de genocidio. Aunque las cifras siempre sean difíciles de establecer, se estima que más de trescientas mil personas han podido morir. Además han sido causa de más de dos millones de desplazados y refugiados.
A pesar de la fuerte presión para que se le imputase también el crimen de genocidio, la Corte no accedió a ello al considerar que no había pruebas suficientes. Al final, solo prevaleció la acusación de dos crímenes de guerra (ataques intencionales contra la población civil y saqueo) y cinco crímenes de lesa humanidad (asesinato, exterminio, desplazamiento forzado, tortura y violación).
Esta orden de arresto es sorprendente por ser la primera vez que se emite contra un Jefe de Estado en funciones. El derecho internacional está dando pasos de gigante respecto a los derechos de los pueblo frente a la tradicional inmunidad otorgada a sus gobernantes. Es, en realidad, la conclusión lógica del proceso de democratización de la sociedad en vías hacia un estado de derecho.
Críticos de esta decisión de la Corte Penal argumentan que dicha Corte no tiene jurisdicción (el derecho) para inculpar a un Presidente de Estado, ya que, por ser el símbolo de la soberanía nacional, goza de inmunidad. Hay que saber que la inmunidad que reciben los políticos al acceder a sus cargos gubernamentales tiene como función el darles una cierta seguridad para que ejerzan sus funciones sin preocupaciones inoportunas. Sin embargo, algunos se aprovechan de dicho privilegio para cometer delitos con impunidad. Con la presente decisión, la Corte Internacional afirma que tal impunidad tiene los límites impuestos por su propia finalidad, es decir, se trata de un privilegio para servir mejor al pueblo, fuente de todo derecho, soberanía y privilegio. Por ello, ningún crimen contra el pueblo puede protegerse apelando a la inmunidad de su ejecutor, sea éste gobernante o el mismo Presidente. La Corte está afirmando que, en un estado de derecho, no hay nadie por encima de la ley, ni siquiera el mismo presidente. A todos hay que pedir cuentas. Normalmente, es el mismo pueblo quien debe de hacerlo, pero, en caso de imposibilidad nacional, es la propia comunidad internacional quien, a través de sus órganos de justicia, como la Corte Penal Internacional, sale en ayuda de la soberanía del pueblo y pide cuentas. Los días en que los crímenes perpetrados por los propios gobiernos eran impunes están llegando a su fin.
Sin embargo, la situación es algo más compleja de lo que parece. Existen consideraciones políticas, económicas, geoestratégicas… que hay que tener en cuenta, según se deduce de los comentarios provenientes de algunos países. Por una parte, la Liga Árabe, la Unión Africana, China y Rusia que han manifestado su oposición a la decisión de la Corte por inaudita, además de tener graves consecuencias en el crítico momento actual de proceso de paz y reconciliación en el país y su democratización.
Por otra parte, el mundo occidental se alegra de dicha decisión y la apoya. Curiosamente, USA es uno de los más entusiastas, aunque no ha reconocido la jurisdicción de la propia Corte (!). Que USA apoye a la Corte Internacional en casos concretos, aun dudando de su competencia, da pie a una interpretación política de dicha decisión judicial. Así lo ha hecho el presidente de Sudan, quien ve en la Corte un arma usada por las potencias Occidentales para conseguir lo que quieren, a saber: el expolio de las riquezas del Sudán.
Es triste que la utilización política de la justicia, no sólo sea posible sino que, habitualmente, es un hecho real, y pone en peligro los avances realizados en el derecho internacional.
