Al-Badawi aseguró ayer a los empleados del Congreso que el país tiene dificultades para pagar incluso los 300 millones de dólares ofrecidos bajo los términos del acuerdo, y mucho menos los miles de millones demandados por los tribunales estadounidenses. Se esperaba que los Estados árabes del Golfo estuvieran dispuestos a ayudar a Sudán a pagar la totalidad o parte de la cantidad del asentamiento, pero ese intento parece haber fracasado a causa de la lucha contra la pandemia COVID-19.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) clasificó a Sudán en el primer lugar del mundo en su relación deuda pública/PIB (por delante de Japón y Grecia). Debido a sus atrasos de larga duración al FMI y al Banco Mundial (BM) y a los cerca de 60.000 millones de dólares en deuda externa, Sudán no puede obtener préstamos concesionales. La designación de terrorismo también obliga a la administración estadounidense a oponerse a cualquier préstamo de las instituciones financieras internacionales a Sudán o al alivio de la deuda a pesar de ser elegible para ello en el marco del plan de países pobres muy endeudados (HIPC).
Funcionarios sudaneses aseguraron que el año pasado se necesitaban hasta 5.000 millones de dólares para evitar el colapso económico. Desde entonces, han estado luchando para contener el empeoramiento de la falta de combustible y pan vinculado a la escasez de dólares y el contrabando de bienes subvencionados, a pesar de algunas ayudas de los países del Golfo. El gobierno aseguró el mes pasado que la tasa de inflación anual ha alcanzado el 80 %, una de las tasas más altas del mundo. Además, casi el 25 % de la población necesita ayuda humanitaria y las tasas de desnutrición infantil están aumentando.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró el mes pasado que el impacto del empeoramiento de la situación económica resultante de la COVID-19 en Sudán se ve agravado por los efectos de que el país permanece en la lista de Patrocinadores del Terrorismo del Estado de los Estados Unidos. «La única manera en que Sudán podrá salir de este ciclo de pobreza y desesperación es liberarse de los impedimentos de las sanciones impuestas en el momento del gobierno anterior», argumentó Bachelet, quien aseguró que si se eliminaba, el Estado sería capaz de «atraer inversiones por sus reformas económicas y de acceder plenamente a los fondos de las instituciones financieras internacionales”. La administración estadounidense del presidente Bill Clinton añadió Sudán a su lista de patrocinadores estatales del terrorismo en 1993 por acusaciones contra al entonces presidente Omar Al Bashir.
Fuente: Sudan Tribune
[Traducción y edición, Patricia Fernández Blanco]
[Fundación Sur]
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