Altos funcionarios sudaneses se sentaron la semana pasada con personal del Congreso de los Estados Unidos para informarles sobre la situación económica y política del año después de que el régimen del expresidente Omer Hassan al-Bashir fuera derrocado en un levantamiento popular. La reunión informativa privada fue organizada por el Consejo Atlántico con sede en Washington y contó con la asistencia del ministro de Finanzas de Sudán, Ibrahim al-Badawi, y el ministro de Justicia sudanés, Nasr al-Din Abdel Bari.
Al-Badawi discutió la financiación de los donantes y el plan de reforma económica de Sudán, mientras que Abdel Bari se centró en el estado de la reforma judicial, los esfuerzos para desmantelar el régimen anterior y la negociación de acuerdos con los Estados Unidos y las víctimas extranjeras del terrorismo. Una fuente de la reunión informativa aseguró que el ministro de Finanzas hizo todo lo posible para explicar el impacto de la designación de Sudán como patrocinador estatal del terrorismo por parte de los Estados Unidos y la necesidad de avanzar rápidamente para borrar a Sudán de dicho listado.
Estados Unidos ya confirmó haber llegado a un acuerdo preliminar con Sudán para resolver demandas relacionadas con los atentados de 1998 contra las embajadas estadounidenses de Kenia y Nairobi. El Secretario de Estado Adjunto de Asuntos Africanos de los Estados Unidos, Tibor Nagy, declaró poder «confirmar que hemos llegado a un entendimiento común con Sudán, y mis palabras aquí son muy cuidadosas, sobre los contornos de un futuro acuerdo bilateral de reclamaciones, sobre los contornos de dicho acuerdo […] El acuerdo final incluiría una compensación en relación con reclamaciones relacionadas también con ciudadanos no estadounidenses muertos y heridos en los atentados de las embajadas».
El fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos revivió la posibilidad de recaudar 4.300 millones de dólares en reclamaciones de daños punitivos de Sudán sobre los atentados de la embajada por encima de otros 6.000 millones de dólares otorgados anteriormente. El tribunal también rechazó esta semana una apelación de Sudán para revisar las resoluciones judiciales inferiores sobre su responsabilidad por los atentados y la responsabilidad que representa. Los tribunales estadounidenses responsabilizan a Sudán porque en la década de 1990 acogió a terroristas de al-Qaeda que llevaron a cabo los ataques.
Los representantes de las víctimas africanas han expresado su indignación por el acuerdo y han asegurado que se trata de manera diferente a las víctimas estadounidenses en términos de compensación. Uno de ellos emitió ayer una declaración en la que afirmaba que el acuerdo negociado por el Departamento de Estado «reemplazaría las sentencias de la Corte por un plan que permitiera a Sudán eludir la responsabilidad de aceptar su papel en los ataques y permitir a Sudán pagar a las víctimas y a las familias sólo el 1% de la sentencia total”. “La nueva estructura de pagos establecería una estructura discriminatoria de pago mediante la que se permitiría a Sudán pagar a las víctimas en función de su país de nacimiento, en lugar de la gravedad de la lesión. Esto permitiría a Sudán evitar pagar por completo a 1/3 de los titulares de juicios de la embajada y pagar a las víctimas ciudadanas afroamericanas 25 veces menos de su juicio en promedio que los titulares de víctimas estadounidenses blancas».
Fuente: Sudan Tribune
[Traducción y edición, Patricia Fernández Blanco]
[Fundación Sur]
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