Riek Machar, vicepresidente de Sudán del Sur, quien lleva meses sufriendo un arresto domiciliario, fue acusado formalmente el pasado jueves de los delitos de asesinato, traición y crímenes de lesa humanidad. Con posterioridad a la imputación se procedió a la destitución de sus cargos en el Gobierno Transicional de Unidad Nacional. Además, el ministro de Justicia, Joseph Geng Akech, ha implicado a otras siete personas: Puot Kang Chuol, exministro de Petróleo, Gabriel Duop Lam, comandante del SPLM-IO, Mam Par Dhuor, Gatuich Lam Puoch, Camilo Gatumai Kel, Mading Riek Yak y Dominic Gatrgok Riek, todos ellos arrestados desde marzo. La legislación nacional tipifica la traición como un delito extremadamente grave que puede conllevar la pena capital.
Desde el gobierno se les acusa de ser los instigadores, el pasado mes de marzo, del ataque del Ejército Blanco, una organización armada surgida dentro del pueblo nuer, contra una base militar situada en el condado de Nasir, en el estado del Alto Nilo. Una acción que podría haber provocado la muerte de más de 250 soldados, de un piloto de la ONU y del general David Majur Dak.
El Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), que lidera Marchar, ha negado cualquier implicación en dicha acción armada y considera todo este proceso como una estratagema política y judicial para apartar a Marchar del poder y consolidar el control presidencia de Salva Kiir, a quien acusan de tener ambiciones dictatoriales y querer perpetuarse ilegalmente en el poder.
Juol Nhomngek Daniel, antiguo parlamentario y residente en la capital de la vecina Uganda, ha señalado que las consecuencias de estos hechos pueden ser nefastas y provocar “una inseguridad generalizada”. Desde el partido se ha llamado a la movilización de todos sus seguidores, convocándoles a sumarse a las filas de “un servicio nacional en defensa de los ciudadanos y el país”, con todos los “medios disponibles”, con el objetivo de provocar el “cambio del régimen en Sudán y establecer un nuevo modelo político de paz, justicia, igualdad, democracia, Estado de derecho y desarrollo”.
Para el SPLM-IO la destitución de Marchar y su acusación son contrarias al acuerdo de paz de 2018, que puso término a una guerra civil de 5 años, provocando que el actual gobierno haya “colapsado” y que su “legitimidad ha concluido”.
Esta semana el Frente de Salvación Nacional (NAS), del general Thomas Cirillo, y el SPLM-IO han anunciado la formación de una alianza política y militar. El NAS, formado en 2017 como consecuencia de un desacuerdo con Kiir, ha declarado estar dispuesto a “rescatar al país del colapso”.
Desde el punto de vista internacional, la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), mediadora en el acuerdo de paz de 2018, parece divida a la hora de tomar una acción concreta que podría ir desde aumentar la presión sobre el gobierno de Salva Kiir, hasta dejar que se desarrolle todo el proceso judicial. La ayuda internacional proveniente de los países occidentales podría estar en peligro ante el riesgo de sanciones y las organizaciones humanitarias siguen denunciando que los combates en las zona de Alto Nilo y Equatoria están provocando que se dificulte al pueblo el acceso al agua, al alimento y a los servicios de salud, así como provocando el aumento del número de desplazados.
Sudán del Sur, independizada de Sudán en 2011, comenzó una guerra civil en 2013, con connotaciones tribales entre los pueblos dinka y nuer, a la que se puso fin con el acuerdo de Paz de 2018, del que salió un Gobierno Transicional de Unidad Nacional. En 2024, Kiir enmendó la Constitución nacional con el fin de poder extender por dos años el gobierno de transición. Las elecciones previstas para el final de 2024 fueron también pospuestas dos años, hasta 2026.
Rafael Sánchez
CIDAF-UCM
