¿Cómo se complica una situación con rehenes en la que hay 36 hombres cautivos en un barco por piratas blandiendo sus armas? No hay más que preguntarle al gobierno español. El 2 de octubre, los piratas secuestraron en Alakrana, un pesquero vasco que faenaba en el Océano Índico. Un día después, la marina española arrestó a dos que ellos creían que eran piratas, y los deportaron a Madrid, para ser juzgados. Eso puede que haya sido un triunfo para la ley y el orden, si el resto de la banda de piratas no estuviera todavía a bordo del Alakrana, reteniendo cautivos a los miembros de su tripulación.
Ahora, la administración del primer ministro, José Luis Zapatero, debe intentar encontrar la mejor solución militar y diplomática a este callejón sin salida, incluso mientras se ocupa de las consecuencias de la inminente sentencia judicial. “Al capturar y extraditar a estos dos somalíes, el gobierno tomó una decisión precipitada”, asegura Carlos Echevarría, profesor de Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, “No pensaron en las consecuencias”.
Uno de los 148 barcos atacados en el golfo de Adén durante el mes de septiembre de este año, el Alakrana y sus tres docenas de miembros de tripulación han estado retenidos como rehenes, cerca de las costas de Somalia durante las últimas seis semanas. Los piratas han pedido un rescate de 4 millones de dólares, mucho más del 1.2 millones que se dijo que habían pagado por la liberación de otro atunero español, que fue secuestrado en abril de 2008. Se han difundido informaciones, aunque sin confirmar, desde Echebaster, la compañía propietaria del Alakrana, de que esta estaría dispuesta a pagar esa cantidad. Pero por el momento, su disposición es en gran parte irrelevante.
Esto es debido a que los piratas han hecho del retorno de sus dos colegas, que fueron arrestados por la fragata española Canarias, el día 3 de octubre, una condición para liberar a los rehenes. No es la primera vez que se ha extraditado a piratas somalíes para ser juzgados lejos de su país. Francia, los Países Bajos y Estados Unidos han hecho lo mismo. Sin embargo, ninguna de esas extradiciones tuvo lugar mientras los piratas todavía retenían a los rehenes. Para el gobierno español, ahora atrapado entre arriesgar las vidas de sus ciudadanos o derrumbarse ante la presión de los piratas, la situación parece no tener una fácil resolución.
“La opción más simple sería sencillamente ceder ante las demandas de los piratas, pagar el rescate y devolver a los dos detenidos”, afirma Echevarría. “Eso resolvería la crisis humanitaria, pero también invitaría a otros piratas a empezar a hacer demandas similares”.
Dada la situación, muchos –entre los que se incluye el diario El País, que está llevando a cabo una encuesta sobre la cuestión- se preguntan en primer lugar, por qué España se ha colocado ella misma en esta situación. “Menos del 50 % de los piratas capturados en el mar son después llevados a otro país”, explica Stephen Askins, un abogado marítimo de Ince and Co., una compañía con sede en Londres, especializada en comercio internacional. “Hay una política de captura y liberación en un muchos de estos casos. Así que no está claro por qué, dadas las circunstancias, los españoles hubieran decidido complicar la situación extraditando a los dos somalíes”.
Lo que está claro es que la presión para encontrar una solución está aumentando. Después de amenazar con matar a los rehenes de tres en tres, hasta que sus camaradas estuvieran de vuelta, los piratas en el Alakrana tomaron a tres de los secuestrados del barco y los llevó a tierra el 6 de noviembre. Aunque el ministerio español de Asuntos Exteriores asegura que los tres han sido devueltos sanos y salvos a bordo del barco, Andrew Mwangura, director del Programa del África Oriental de Asistencia a los Navegantes, que está involucrado en las negociaciones, niega estas afirmaciones. “Estos tres no están en el barco”, asegura.
Las familias de los rehenes españoles, que se han comunicado con sus seres queridos ocasionalmente, cada vez se desesperan más. “Sabemos que su situación está empeorando y que sus vidas corren peligro si no encontramos una solución inmediatamente”, asegura Argi Garribaltu, hermana del capitán del Alakrana. “Esto no es un juego”.
Pero la postura del gobierno parece estar marcada. El 8 de noviembre, el embajador de España en Kenia se reunió con Omar Abrirashid Ali Sharmarke, el primer ministro del Gobierno Federal de Transición de Somalia. Al día siguiente, después de declarar que los dos piratas “debían ser juzgados”, el ministro de Justicia Francisco Caamaño Domínguez, afirmó que la administración había dejado abierta la puerta a un juicio celebrado en Somalia, si se logra alcanzar un acuerdo. Porque España no tiene acuerdo de extradición con Somalia, a la que considera un estado fallido, se dice que el gobierno está considerando devolver a los dos hombres a Kenia, para que sean juzgados allí, una opción empleada en el pasado por Estados Unidos y Gran Bretaña.
Por todos los esfuerzos, no hay muchas posibilidades de que la tripulación sea liberada pronto. “Esta clase de negociaciones normalmente lleva un mes o dos, y eso cuando sólo hay dinero de por medio”, recuerda Askins, “Estos tipos tendrán mucha suerte si vuelven antes de Navidad”.
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