La Cámara de los Diputados, siguiendo los dictados autoritarios de la mesa, en flagrante violación de la ley, aprueba por aclamación, el paquete de proyectos de leyes enviados por el Gobierno, elaborados supuestamente para materializar los acuerdos de la V Mesa de diálogo nacional, Gobierno – partidos políticos, celebrada del 7 al 15 de noviembre de 2014.
Este portavoz del Grupo Parlamentario Mixto de la Cámara de Diputados sale al paso para denunciar una vuelta de tuerca más en la anulación de la función de la Cámara, al imponer a dicha Cámara de los Diputados la aprobación en paquete de cinco proyectos de Leyes por una vía “express”, y por aclamación, en apenas tres días. Los proyectos de leyes fueron presentados por el Primer Ministro el miércoles día 13 y, el viernes día 15, a las 13 horas, el “paquete” de los 5 proyectos de ley ya estaba aprobado, en una sola votación.
El martes día 12 de mayo de 2015, a las 11h de la mañana, se reunió la Comisión de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado, para aprobar el acta de las sesiones de “trabajo” ( si bien, trabajo como tal, no lo hubo ) dedicadas al estudio ( aunque, en realidad, no hubo ningún estudio ) de los proyectos de leyes, enviados por el Gobierno a la Cámara de los Diputados así como la adopción del consiguiente dictamen de remisión al Pleno de la Cámara, para su aprobación y remisión al Senado. La reunión del Pleno de la Cámara tuvo lugar media hora después de la reunión de la Comisión y, en la misma, se prescindió de la lectura del acta de la Comisión, procediendo a la del dictamen, y tras las intervenciones de los tres Portavoces, se procedió a la ficción de votación y se adoptó el “paquete” de los proyectos de leyes.
Se trata de los proyectos de leyes reguladores siguientes: 1.- Los partidos políticos en Guinea Ecuatorial; 2.- la libertad de reunión y manifestación; 3.- las elecciones a la Cámara de los Diputados, Senado, Municipales y Referéndum en la República de Guinea Ecuatorial; 4.- las elecciones presidenciales en Guinea Ecuatorial, y 5.- la financiación de los partidos políticos.
Estos proyectos de leyes son todos, según el Gobierno y la Mesa de la Cámara de los Diputados, fruto de la V Mesa de Diálogo Nacional entre Gobierno y los Partidos Políticos celebrada en Malabo del 7 al 15 de noviembre de 2014. Sin embargo, teniendo en cuenta que, el Gobierno y la Mesa de la Cámara han actuado de tal modo que han impedido que los firmantes del Documento Final de la Mesa de Dialogo, puedan ver y ratificar si lo acordado es lo recogido en los proyectos de leyes presentados así como que los Honorables Diputados puedan leer y conocer el contenido de los proyectos de leyes, para entre otros extremos comprobar que las modificaciones son fruto de los acuerdos de la Mesa de Diálogo y que el resto del articulado de las leyes reformadas, no ha sido objeto de cambios interesados y fraudulentos, resulta que los proyectos de leyes presentados son, sólo supuestamente, fruto de los acuerdos de la Mesa de Diálogo, sin garantía alguna al respecto. La Comisión adoptó por aclamación el “paquete” de los proyectos de leyes, con el voto en contra del diputado de CPDS Plácido Micó Abogo.
La reunión de la Comisión de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado se levantó a las 14:30 h y, media hora después, daba inicio la reunión del Pleno de la Cámara, con los mismos Diputados que en la Comisión y que, después de una hora de discursos y unas votaciones que arrojaron 80 votos a favor, uno en contra, el del diputado Plácido Micó Abogo de CPDS y cero abstención, adoptó “el paquete” de los proyectos de leyes enviado por el Gobierno, acordando su remisión al Senado.
El procedimiento legislativo “express” al que ha recurrido la Mesa de la Cámara de los Diputados, para la aprobación del “paquete” de proyectos de leyes enviado por el Gobierno, aunque ya es habitual, no por ello deja de ser una ilegalidad, una arbitrariedad y una manifestación del comportamiento autoritario de los miembros de la Mesa, siguiendo los dictados de la “superioridad” pero en flagrante violación de la Constitución, del Reglamento de la Cámara y demás Leyes vigentes en la materia. El nivel de arbitrariedad en el comportamiento de la Mesa de la Cámara de los Diputados, convierten su actuación en un puro cachondeo.
Este procedimiento legislativo “express” al que nos referimos dio comienzo el martes día 12 de mayo, con una reunión de la Junta de Portavoces celebrada de las 9:30 a las 11h, seguida del reparto de los ejemplares de los proyectos de leyes en cuestión a los Diputados, mientras estaban reunidos en sesión de la Comisión de Quejas y Peticiones, la cual dio paso, a las 14 h., a una reunión de concertación entre los miembros de la Mesa de la Cámara y una Delegación del Gobierno. Fue precisamente en esta última reunión de concertación en la que se terminó de perfilar la estrategia de adopción “por aclamación” del “paquete” de proyectos de leyes.
La estrategia de adopción de los proyectos de leyes, “por aclamación”, que se materializa por vez primera en la Cámara de los Diputados, consiste sencillamente en no dar lectura al articulado de los proyectos de leyes, ni en la Comisión legislativa correspondiente ni en el Pleno de la Cámara, limitándose los Honorables Diputados a aplaudir tras la intervención del miembro del Gobierno que presenta el proyecto o proyectos de ley/es, la del portavoz del Grupo del PDGE y la del Presidente de la Cámara, que casi siempre consiste en elogiar la gran labor política de la institución y la alta visión política de Su Excelencia el Presidente de la República, Jefe de Estado y del Gobierno y Presidente Fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial.
El procedimiento legislativo “express” siguió el miércoles día 13, con la presentación del “paquete” de proyectos de leyes por parte del Primer Ministro ante el Pleno de la Cámara. Dicha presentación dio lugar al correspondiente debate, con las intervenciones de los Portavoces de los tres Grupos Parlamentarios. La sesión plenaria tuvo una duración aproximada de dos horas. Durante los minutos previos al inicio de la misma, el Presidente de la Mesa de la Cámara ordenó el reparto de los ejemplares del “Documento Final” de la Mesa de Diálogo a los Honorables Diputados. Dicho documento, se supone, era esencial para el estudio de los proyectos de leyes salidos precisamente de su contenido.
El viernes día 15 de mayo, continuando con el procedimiento legislativo “express”, se reunió a las nueve de la mañana la Comisión de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado, para dar inicio a los trabajos de estudio de los proyectos de leyes en cuestión. Se esperaba que las sesiones de trabajo fueran largas y muy debatidas. Esta primera duró sólo tres horas. Fue la primera y la última. El Primer Vice-Primer Ministro Primero Don Clemente Engonga Nguema Onguene, presentó durante más de una hora y de corrido, los cinco proyectos de leyes, a pesar de la moción de procedimiento contra tal proceder presentada por el Diputado Plácido Micó Abogo, rechazada, por el Presidente de la Mesa de la Cámara.
Tras la referida presentación, el Portavoz del PDGE, Miguel Edjang Angué, intervino para pedir la aprobación por aclamación del paquete de los proyectos de leyes, ya que ningún Diputado de su Grupo Parlamentario, tenía nada que decir en relación a los proyectos de leyes, a los que se adherían incondicionalmente y sin reserva de ningún tipo, y, pedía a la Mesa que se instruyera a la Secretaría de la Comisión a elaborar el correspondiente acta, para que fuera aprobada en una siguiente reunión de la Comisión, el martes día 12 y por el Pleno, el mismo día y por el mismo procedimiento. El Portavoz adjunto del Grupo de la Coalición Democrática, David Nguema Mañana, pidió a la Mesa un receso de media hora, que permitiera a su Grupo concertarse y adoptar una posición unitaria en relación al debate. Acordado el receso y reanudada la sesión, el Honorable David se manifestó en la misma línea y términos del portavoz del Grupo del PDGE. El Portavoz del Grupo Mixto, el Honorable Plácido Micó Abogo, en su turno de intervención manifestó su oposición a la propuesta de los otros dos Grupos, por ser ilegal y contraria a lo establecido en el Reglamento de la Cámara. La Mesa de la Cámara, con su Presidente al frente, manifestó su apoyo en toda su integridad, a la propuesta del PDGE, dando por finalizado el debate y aprobado por “aclamación” el “paquete” de proyectos de leyes enviados por el Gobierno a la Cámara, emplazando a los Diputados a reunirse el martes siguiente día 19 de mayo, para la aprobación del acta y la proclamación final por el Pleno de los proyectos de Leyes. Como así ha sido.
En resumen, resulta que los ejemplares de los proyectos de ley fueron distribuidos a los Diputados el martes día 12 de mayo, y presentados ante el Pleno de la Cámara por el Primer Ministro el miércoles día 13 y, el viernes día 15 a las 13 horas, el “paquete” de los 5 proyectos de ley ya estaba aprobado, en una sola votación, en apenas tres días.
Conviene subrayar que se trata de cinco proyectos de leyes, el primero, de los partidos políticos, de 15 páginas, consta de 27 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una final, (total 30); el segundo, de la libertad de reunión y manifestación, de 14 páginas, consta de 26 artículos, una disposición adicional, una derogatoria y una final, (total 29); el tercero, de las elecciones a la Cámara de los Diputados, Senado, Municipales y Referéndum, de 128 páginas, consta de 260 artículos, una disposición derogatoria y dos finales ( total, 263 ); el cuarto, de las elecciones presidenciales, de 77 páginas, consta de 154 artículos, una disposición derogatoria y una final, ( total, 156 ); y, quinto, el de financiación de los partidos políticos, de 24 páginas, consta de 27 artículos, una disposición derogatoria y una final, ( total, 29 ). Todo lo anterior suma 258 páginas y más de 528 artículos. A lo que cabe añadir el texto del Documento Final de la Mesa de Diálogo Nacional Gobierno-Partidos Políticos, de 30 páginas, distribuido a los honorables Diputados, el mismo miércoles día 13, minutos antes de la comparecencia del Primer Ministro ante el Pleno de la Cámara, para la presentación del “paquete” de proyectos de leyes. Todo esto decimos, es lo que la Cámara de los Diputados “estudió” en apenas dos días (13 y 14 de mayo), y “proclamó” al tercer día (viernes 15 de mayo) en la Comisión de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado y ratificó el Pleno de la Cámara de los Diputados el martes día 19 de mayo.
El procedimiento express y la aprobación por aclamación de un proyecto o paquete de proyectos de leyes constituyen una flagrante ilegalidad y un abuso de poder extremo.
El procedimiento legislativo “express”, por llamarlo de alguna manera, del que habitualmente hace uso la Mesa de la Cámara de los Diputados, consiste pura y llanamente en abandonar el procedimiento legislativo establecido en el Reglamento de la Cámara, y proceder de forma caprichosa, precipitada y prácticamente sin estudio ni debate, a la adopción de los proyectos de leyes.
El Reglamento de la Cámara establece sólo dos procedimientos legislativos. El procedimiento legislativo común y el de urgencia. La diferencia entre los dos está solo en los plazos, particularmente en los de presentación de enmiendas, que son de 15 días hábiles desde la publicación oficial y formal del proyecto de ley en el Diario Oficial de la Cámara, cuando se trata del procedimiento legislativo común y la mitad, cuando se trata del procedimiento de urgencia. El procedimiento de urgencia no es automático ni puede adoptarse a iniciativa de la Mesa, si no que ha de ser solicitado por escrito, ya sea por el Gobierno, por dos Grupos Parlamentarios o por la quinta parte de los Diputados, y la Mesa decide sobre la referida solicitud, oída la Junta de Portavoces. En esta ocasión, como en todas las demás, no se ha registrado ninguna solicitud en este sentido.
El procedimiento legislativo “express” que denunciamos, no está contemplado en el Reglamento, por eso es una arbitrariedad, una ilegalidad y constituye un abuso de poder por parte del Presidente de la Cámara y su Grupo Parlamentario, el del PDGE, en el que se apoya para llevar a cabo esta violaciones a la ley. En el caso que nos ocupa, si se tratase de un procedimiento de urgencia, que nadie solicitó, ni se pudo acordar formalmente, el plazo de presentación de enmiendas a los proyectos de leyes debería haber sido del miércoles 13 al viernes día 21 de mayo, iniciándose los trabajos en Comisión, como pronto, el lunes día 22 de mayo. El hecho de que los textos de los proyectos legales hayan sido distribuidos el martes día 12 y el miércoles 13 de mayo, sin conceder ningún plazo de presentación de enmiendas y que, el “paquete” de los cinco proyectos de leyes, haya sido ya aprobado por “aclamación” el viernes día 15, dos días apenas tras la distribución de los ejemplares a los Diputados, es una flagrante violación de la ley, una auténtica burla a la función legislativa del parlamento en un Estado, cualquiera que sea la naturaleza de éste y un insulto a la inteligencia humana.
El procedimiento legislativo, tanto el común como el de urgencia, exige el respeto al plazo de presentación de enmiendas, 15 u 8 días respectivamente, tras el cual, se debaten primero, cuando las haya habido las enmiendas a la totalidad, y después las enmiendas al articulado, que han de ser objeto de informe de una ponencia, la cual ha de constituirse en el seno de la Comisión parlamentaria, en su primera reunión tras el plazo de presentación de enmiendas.
En el procedimiento legislativo “express” impuesto por la Mesa de la Cámara, desaparece el plazo de presentación de enmiendas. Cuando se presenta alguna enmienda a la totalidad, dado que la presenta un grupo minoritario de la oposición, concretamente el Grupo Mixto, representado por el Diputado de CPDS Plácido Micó Abogo, no se tiene en cuenta, es decir, no se debate ni en el Pleno de la Cámara ni en la Comisión. Tampoco se forma la ponencia encargada de informar sobre las enmiendas parciales o al articulado, ya que no las ha habido, porque se procede para que no las haya.
Los trabajos se inician uno o dos días después de la distribución de los ejemplares de los proyectos de leyes a los Diputados, cuando más del 90% de estos no han tenido todavía el tiempo siquiera de echarles una mirada y ya no digamos leerlos, ni mucho menos estudiarlos. En la Comisión, lo que se hace pues es proceder a la lectura, artículo por artículo, del proyecto de ley por parte de la Secretaría de la Comisión, mientras que el Presidente va preguntando si alguien tiene alguna enmienda. Si no las hay, se pasa al siguiente artículo y si las hay, se debaten y se decide sobre su admisión o no. La mayoría de las enmiendas suelen referirse a cuestiones de estilo, es decir gramaticales o lingüísticas. Cuando surge alguna enmienda de fondo, el debate suele ser a veces largo y fuerte, pero casi siempre se termina por no admitirla, con el voto “aplastante” de la mayoría del PDGE o por la “autoridad” del Presidente de la Mesa, siguiendo siempre la posición de la delegación del Gobierno, presente en todo el debate y a la que la Mesa se dirige en términos de “ponentes” del proyecto de ley siendo en definitiva la que suele tener la última palabra, por “disciplina del PDGE” y por el efecto intimidatorio que su presencia y las intervenciones a veces amenazantes de sus miembros, tienen sobre los Diputados del Grupo del PDGE y el de la Coalición Democrática.
El procedimiento legislativo “express” vulnera además el artículo 58 del Reglamento de la Cámara de los Diputados, que dice: “Para que un debate comience, se ha de haber distribuido a todos los Diputados, al menos con tres días de antelación, el informe o documento que haya de servir de base en el mismo”. Este plazo de tres días no es susceptible de reducción, según el mismo Reglamento.
En la tramitación del “paquete” de proyectos de leyes que nos ocupa, uno de los documentos que debía servir de base para los debates, el Documento Final de la Mesa de Diálogo, fue distribuido el miércoles día 13 y los debates en la Comisión se iniciaron el viernes día 15, con un solo día de antelación, (ya hemos señalado la violación del plazo de presentación de enmiendas). Además, sólo se distribuyó a los Portavoces de los tres Grupos Parlamentarios. El acta de la Comisión de Constitución y Régimen de las Instituciones del Estado, que se aprobó en la sesión de dicha Comisión del martes día 19 de mayo, se distribuyó a los Diputados miembros de la Comisión tan sólo unos minutos antes del comienzo de la sesión. Nada de tres días. Y la sesión del Pleno de la Cámara celebrada media hora después de la de la Comisión, en la que se aprobó el acta de ésta y los proyectos de leyes, tampoco respetó los tres días de plazo y el documento objeto de debate, el acta de la Comisión, sólo lo tenían los Diputados miembros de la misma, unos 27, pero no el resto de los 80 que asistieron a la Plenaria, lo que unido al hecho de que se prescindió de la lectura del acta en cuestión, resulta que más de una cincuentena de Diputados aprobaron un documento, el acta de la Comisión, que no les había sido distribuido, es decir, que no tenían. Todo ello en contra de lo que dice la ley.
La aprobación de un “paquete” de proyectos de leyes, por “aclamación”, dentro del procedimiento legislativo “express”, significa la supresión dentro de éste, de la lectura artículo por artículo, del proyecto de ley sometido a estudio. Significa simple y llanamente que el proyecto se aprueba sin haber sido leído. Esto es lo que ha ocurrido esta vez y es la primera vez que sucede algo así desde que este diputado es miembro de la Cámara. Y la iniciativa ha sido del Portavoz del Grupo del PDGE, el Honorable Miguel Edjang Angué. Este proceder no tiene calificativos, es quizás simplemente la negación misma de la función de legislar, la anulación de la razón de ser de un poder legislativo y la conversión de los llamados Honorables Diputados, en unos simples autómatas, entes incapaces de aportar nada, aparte de los aplausos, a un proyecto de ley.
La Ley fundamental, en su artículo 58 dice “Los Diputados y lo Senadores tienen derecho de enmienda y de voto. El voto es personal”, es decir que se reconoce constitucionalmente a los Diputados el derecho de “enmienda”, que es la facultad que tienen en el proceso legislativo de proponer enmiendas a los proyectos de leyes presentados por el Gobierno o quien quiera que sea. Imponer a un Diputado o a un grupo de ellos, la aprobación de uno o varios proyectos de leyes, prohibiéndole/s proponer enmiendas, o hacer cualquier observación o comentario, como lo hizo el Portavoz del PDGE a los Diputados de su Grupo, en la reunión que mantuvieron el miércoles 13 de mayo, tras la sesión de presentación de los proyectos de ley por el Primer Ministro, constituye una flagrante violación de la Constitución. Y cuando ello es impuesto a toda la Cámara, prohibiendo la lectura del contenido de los proyectos de ley tanto en la Comisión legislativa como en el Pleno de la Cámara, no sólo se viola la Constitución del País, sino que nos reímos y nos burlamos del mismo Estado y de todas sus instituciones, mostrando un profundo desprecio a la inteligencia y a la dignidad humanas.
El ordenamiento jurídico de Guinea Ecuatorial, (ni el de ningún otro país, que sepamos), no contempla la aprobación en “paquete” de los proyectos de leyes. Cada ley es una entidad normativa propia, individualizada, separada y distinta de las demás. Lo que hace que el proceso para su adopción o aprobación por el órgano o autoridad competente, no pueda confundirse con el de otra. Aprobar un “paquete” de proyectos de leyes por “aclamación” o en una única votación, es una aberración desde el punto de vista legal, legislativo y político. Es lo que ha hecho la Cámara de los Diputados, también por primera vez, desde que este Diputado lo es del Grupo Mixto de la Cámara. Asistimos a un proceso acelerado de degradación y enterramiento del Parlamento en Guinea Ecuatorial.
Bata, 21 de mayo de 2015
Plácido Micó Abogo
[Fundación Sur]
