El Decreto de ‘disolución total’ del Poder Judicial recientemente promulgado por Presidencia, tiene su justificación principal, según el Presidente de la República, en la necesidad de proteger a las empresas extranjeras que operan en Guinea Ecuatorial de las ‘irregularidades’ –las arraigadas prácticas de extorsión y demás corruptelas– de que son objeto por parte de los miembros de este Poder del Estado. Así lo manifestó él mismo con ocasión de la ceremonia de jura de cargos del nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Fiscal General de la República, hace menos de una quincena.
“El Poder Judicial constituye actualmente un órgano que presenta una pata coja, desequilibrada, debido a la actuación del personal del Poder Judicial” (RTVGE)–recalcó el Presidente–, cuyas irregularidades en sus actuaciones sobre los casos que afectan a las empresas extranjeras pueden poner en cuestionamiento el prestigio del Gobierno, la credibilidad en nuestro Estado de Derecho, y transmitir la idea de que en Guinea Ecuatorial reina inseguridad jurídica; lo cual podría ahuyentar a esas sociedades, cuyos efectos serían contraproducentes para el plan de desarrollo nacional. Por consiguiente, la suspensión a los Jueces y Magistrados obedece principalmente a la conveniencia de ofrecer amparo a las firmas extranjeras de dichas prácticas, ante las cuales la independencia del Poder Judicial se pierde cuando el Juez, llamado a impartir justicia ateniéndose a Ley, se aleja de ella.
Como si estas severas reprimendas fueran insuficientes, el Presidente llegó a elogiar la normalidad con la que el Gobierno y el Poder Legislativo ejercen sus funciones, como forma de destacar, en términos comparativos, la pésima actuación del Poder Judicial. La Presidenta del Senado, Dña. Teresa Efúa Ffúa Asangono, presente en la ceremonia, estuvo permanentemente sonriente, eufórica, sobre todo, cuando escuchó estas palabras de elogio al Parlamento.
En otro punto de su alocución, el Jefe del Estado confió al nuevo Presidente de la Corte Suprema de Justicia la tarea de enderezar la pata coja del Poder Judicial, con la advertencia de que, en caso contrario, continuaría con las renovaciones en el Poder Judicial –en clara referencia a la posibilidad de que sea también defenestrado fulminantemente como su antecesor si las expectativas no llegaran a cumplirse–, aunque suavizó en seguida este extremo, precisando con un gesto facial sonriente que los cambios son normales, o los cargos tampoco son permanentes.
No es la primera reprensión pública del Presidente a los otros Poderes del Estado en su interés en proteger a las empresas extranjeras en Guinea Ecuatorial. En una entrevista en Malabo con periodistas de TVGE a su regreso de su visita oficial a China hace unos meses, él se mostró contrario a que la Comisión de Quejas y Peticiones de la Cámara de los Diputados estuviera ocupándose de las denuncias de los ciudadanos contra aquellas y por diferentes motivos, como despidos improcedentes, reclamaciones de liquidaciones, pago de gastos sanitarios o de alquiler de solares. Entiende que este tipo de denuncias genera presiones a las empresas y podría desembocar en su salida del País bien por pérdida de beneficios o sensación de inseguridad jurídica, perjudicando de este modo el programa de desarrollo del Gobierno.
En estas circunstancias, indicó que trasladaría al Parlamento la recomendación de que dicho procedimiento sea anulado, para que los perjudicados dirijan sus quejas directamente al Gobierno, al ser quien contrata a las sociedades en cuestión. Hasta señaló que los reclamantes, en realidad, no obtienen gran cosa con las indemnizaciones que perciben en comparación con las ventajas de las obras que llevan a cabo las empresas por encargo del Gobierno, insinuando –así lo interpretamos– que los afectados no deberían demandar a sus empleadores. Es decir, si una compañía, que construye un tramo de carretera en un punto de la geografía nacional, llega a destruir, como consecuencia de sus trabajos, por ejemplo, la plantación de un agricultor, la vivienda de una octogenaria, o despedir de forma presumiblemente improcedente a un trabajador, o a no pagar la seguridad social, los atrasos o una liquidación razonable, los perjudicados no deberían demandarla porque el tramo de carretera es más importante que el dinerito percibido en concepto de indemnización, máxime cabreando además a los empresarios.
Es verdad que la corrupción estructural en Guinea Ecuatorial se extiende al Poder Judicial, algunos de cuyos miembros han encontrado en la extorsión a las empresas extranjeras su forma de enriquecerse rápida e ilícitamente –“la oveja come donde está atada (y se olvidan de que “allí también muere”) –, sin embargo, ni todos los integrantes del tercer Poder son corruptos, ni las corruptelas en el sector son las mayoritarias ni las más graves en el ámbito económico.
A decir verdad, la mayor amenaza a las empresas en Guinea Ecuatorial en términos de inseguridad jurídica y de corrupción proviene del entorno más próximo del Presidente de la República, especialmente de los familiares directos y otros poderes invisibles y fácticos, por dos razones fundamentales. La primera es que cada uno de esos familiares o esos poderes constituye por sí solo una autoridad autónoma dentro del Estado, cuyas decisiones no son recurribles ante ninguna instancia oficial del mismo Estado. En segundo lugar, todos ellos son asimismo los grandes empresarios del País, ya sean como titulares de firmas, socios o presidentes de consejos de administración, y monopolizan la adjudicación de obras públicas.
En este sentido, un repaso acerca de los casos por los que ciertos empresarios o trabajadores extranjeros se han visto obligados a abandonar el País o han sido expulsados del mismo por discrepancias empresariales con sus socios ecuatoguineanos, revelaría que buena parte de estos socios son del entorno del Presidente. Y es más, muchas sentencias del Poder Judicial desfavorables a las empresas estarían influenciadas por las presiones de los poderes invisibles en los litigios en que tengan intereses comerciales, incluso cuando el Juez o Magistrado concerniente no albergase ningún ánimo de lucro personal.
Es posible que muchos Jueces y Magistrados no se hayan doblegado a dichas coacciones, y con la disolución total del Poder Judicial se habría pretendido también apartar de la carrera judicial a los insumisos, precisamente para salvaguardar los intereses empresariales de los poderes fácticos. O sea, que las dos causas son probables: apartar del Poder Judicial a los presuntos corruptos y castigar, al mismo tiempo, a los honestos que se hayan atrevido a desoír a los poderes fácticos e independientes.
En cualquier caso, cabría preguntarse hasta qué punto resulta compatible con la idea de justicia la suspensión colectiva de todos los miembros del Poder Judicial cuando, según se dice, la responsabilidad penal es individual; y resulta un tanto llamativo el hecho de que tal suspensión se haya producido inmediatamente después de la gira de trabajo efectuada por todo el territorio nacional por el anterior Presidente de la Corte Suprema de Justicia, con el aparente objetivo de sensibilizar a sus Señorías sobre el deber de aplicar debidamente la Ley.
Para concluir, digamos que, además de su posible inconstitucionalidad, el Decreto de disolución del Poder Judicial adolece de una manifiesta deshonra hacia los miles de Jueces, Magistrados y demás integrantes del Poder Judicial que ejercen decentemente sus funciones cada día. Con los poderes fácticos como empresarios intocables, no hay purga que valga para el objetivo propuesto.
El Observador
Fuente: Diario Rombe
[Fundación Sur]
