Los familiares de los nigerianos que fueron colgados por oponerse a la industria petrolera en la región rica en petróleo, donde opera Royal Dutch Shell, podrán demandar estas muertes y heridas en un tribunal de los Estados Unidos. Desde Nueva York, Ken Saro Wiwa junior, ha estado luchando durante más de 13 años para hacer que se cumpla la predicción de su difunto padre.
Esto ocurrirá este mes cuando los familiares de las víctimas de la violenta persecución del gobierno de Nigeria contra los habitantes de la zona, en la que opera la Royal Dutch Shell, puedan llegar a los tribunales estadounidenses para pedir responsabilidades por estas muertes.
El proceso, que comienza el 26 de mayo, en un tribunal de Nueva York, proviene de dos juicios que acusan a Royal Dutch Petroleum Co. y al antiguo director de su subsidiaria nigeriana, Shell Transport & Trading PLC, de ser cómplices en las decisiones tomadas por el gobierno, entonces militar, de Nigeria, de ahorcar a los oponentes a la industria petrolera, incluido el dramaturgo y activista, Ken Saro Wiwa.
“En cierto modo, ya tenemos la victoria, porque una de las cosas que mi padre dijo es que Shell un día sería llevada a los tribunales”, declaró Saro Wiwa en una entrevista. “Sentíamos que habían eludido su responsabilidad por lo que pasó en Nigeria, así que queríamos cumplir esa predicción”.
Saro Wiwa padre y otros ocho oponentes a la industria petrolífera fueron ejecutados el 10 de noviembre de 1995, después de que un tribunal militar les condenase, fue considerado como unos cargos inventados para asesinar a oponentes políticos.
Sentimiento de alivio
Saro Wiwa hijo y otros en el Delta del Níger creen que su crimen real fue liderar las protestas contra las operaciones de las compañías multinacionales petroleras en la tierra de la minoría de los Ogoni, una región rica en petróleo, al sureste de Nigeria, y contra la junta militar de Nigeria, a la que acusaban de haberse embolsado la riqueza del petróleo, dejando a los habitantes de la región vivir en la miseria.
“Cuando tu padre… es ejecutado por un crimen que no ha cometido, tan públicamente como aquello, es doloroso”, rememora Saro Wiwa, “y vivir durante 12 años sin justicia, sin un sentimiento de alivio, viendo que los culpables del crimen siguen beneficiándose de sus crímenes, estas son cosas difíciles con la que vivir para cualquier ser humano”.
Su padre y otros ogoni se unieron para formar el Movimiento para la Supervivencia del Pueblo Ogoni, MOSOP, en 1990, demandando más control local sobre la riqueza generada por el petróleo y miles de millones de dólares en compensación por las décadas de polución que Shell ha causado en su tierra. Su juicio y subsecuente ejecución atrajo las condenas internacionales.
Los dos juicios en proceso, uno conrea la compañía padre y otro contra el antiguo director de la subsidiaria nigeriana de la compañía, acusan a Shell de complicidad en abusos de los derechos humanos, contra el pueblo ogoni. Un tercer juicio relacionado contra la subsidiaria de Shell en Nigeria es una apelación, después de que un juez concediese la moción al sobreseimiento.
“Sentimos que sus huellas están por todas partes en las torturas, los asesinatos, las ejecuciones extrajudiciales de los ogoni, entre 1993 y 1996”, declara Saro Wiwa. “Ellos pagaron por apoyo logístico a los soldados que estuvieron implicados en los abusos de derechos humanos contra el pueblo ogoni. Ellos lo facilitaron y les dieron apoyo”.
Horrorizados y tristes
Shell niega las acusaciones. “De ninguna manera Shell animó ni defendió ningún acto de violencia contra los activistas o sus compañeros ogoni”, declara el portavoz de la compañía, en un comunicado enviado por e-mail el día 4 de mayo. “Shell intentó persuadir al gobierno para que concediese la clemencia, para nuestro profundo pesar, esa petición y las de otros muchos, no fue escuchada, y nos sentimos horrorizados y entristecidos cuando escuchamos las noticias”.
Las enérgicas medidas tomadas por el gobierno militar se intensificaron después de que Shell se retirase de Ogonilandia, en 1993, por el ataque de los activistas que saboteaban los pozos de petróleo y pegaban a los trabajadores de Shell, para hacer que se marchasen de la región.
El nuevo gobierno del país, para el que trabaja el joven Saro Wiwa como consejero del presidente, todavía tiene que anunciar quién reemplazará a Shell en la pequeña región étnica, considerada el lugar donde nació el activismo político contra la industria petrolera de Nigeria.
Saro Wiwa no quiso decir qué compañía podría ocupar ese lugar, señalando que era un asunto que debía decidir el gobierno de Nigeria.
La esperanza de los demandantes es que el juicio haga llegar el mensaje a las compañías petroleras y otras multinacionales de que no pueden actuar con impunidad, cuando operan en los países extranjeros, y que se reúnan esfuerzos para hacerles responsables en el tribunal estadounidense.
Respeto de los derechos humanos
“El comportamiento corporativo debe incluir el respeto a los derechos humanos estándar”, aseguró Jennie Green, una abogada del Centro para los Derechos Constitucionales, que presentó el caso por parte de los demandantes.
Shell ha combatido los intentos de que el caso se juzgase en Nueva York, pero el tribunal de apelaciones dictaminó en el año 2000, que Estados Unidos era el foro apropiado para este juicio, porque uno de los demandantes era un residente de los Estados Unidos y porque Shell tiene una oficina en esa ciudad.
Aunque Nigeria alardea de ser la mayor industria petrolera de África, la mayoría de los nigerianos viven profundamente empobrecidos, después de años de gestión del gobierno corrupta e incompetente.
La industria del petróleo también ha contribuido a la degradación medioambiental en el sur, y muchos residentes aseguran que deberían recibir más dinero y tener un mayor rol en la industria, una idea a la que se prestó atención internacional, gracias a las penurias de Saro Wiwa padre.
“Nadie está negando a los Shells de este mundo el derechos a producir hidrocarburos”, aclara Saro Wiwa, “pero debe hacerse respetando el medioambiente, y respetando los derechos humanos”.
En los últimos años, los militantes han resurgido en la región petrolera del sur, bombardeando oleoductos y secuestrando a trabajadores extranjeros, con la esperanza de forzar al gobierno a destinar más beneficios de la industria petrolera a esa zona. Los hombres armados también ayudan a algunos políticos a amañar las elecciones, que se han mantenido desde que terminó el gobierno militar, en 1999.
(News 24, Suráfrica, 05-05-09)
