El conflicto del Sáhara Occidental es uno de los más antiguos del mundo, al mismo tiempo que uno de los más desatendidos. Más de 30 años después de que empezara la guerra, del desplazamiento de grandes masas de población y del cese del fuego en 1991 que congeló las posiciones militares, su terminación se vislumbra todavía lejana. Esto se debe, en gran medida, al hecho de que para la mayor parte de los actores –Marruecos, Argelia y el Frente Polisario, así como algunos países occidentales– el statu quo ofrece ventajas que podrían verse perjudicadas si se llegara a una solución. Pero el conflicto tiene costos humanos, políticos y económicos, así como víctimas reales, no sólo para los países directamente implicados y la región, sino también para la comunidad internacional en general. Es importante reconocer esto, si se quiere crear una nueva dinámica para la resolución del conflicto.
Con base en sus propios cálculos, las partes han juzgado aceptable la situación de estancamiento. Como resultado, el conflicto se ha convertido en uno de esos “congelados” que llaman poco la atención y que no instan a llegar a un compromiso. Los costos estimados parecen muy inferiores a los costos de una solución que perjudicaría a alguna de las partes. Para Marruecos, una solución desfavorable podría tener consecuencias internas muy serias, pues la monarquía ha convertido el tema en una poderosa fuerza de unidad nacional y en un medio para controlar la amenaza que plantean los partidos políticos y el ejército para su gobierno.
Una solución desfavorable para el Frente Polisario podría llevar a la desaparición de dicho movimiento como organización política y forzarlo a llegar a un acuerdo con los notables saharauis que hace bastante tiempo hicieron las paces con Marruecos. También significaría que los refugiados saharauis en la ciudad argelina de Tindouf habrían vivido 30 años en campamentos inútilmente. Para Argelia, implicaría la pérdida de peso político en sus relaciones con Marruecos, y la derrota de principios que ha defendido desde hace más de tres decenios.
Sin embargo, estos cálculos no tienen en cuenta el precio elevado que todos –los estados, pero también, y sobre todo, la población– están pagando. Los saharauis que viven en los campamentos de Tindouf han aguantado el exilio, el aislamiento y la pobreza; cada día se sienten más abandonados por la comunidad internacional; viven bajo la autoridad de una estructura estatal en el exilio (el Polisario y la República Árabe Saharaui Democrática) que apenas se puede llamar democrática y cuyos líderes parecen estarse enriqueciendo malversando la ayuda que les envían. El Frente Polisario también ha tenido que afrontar el descontento creciente de sus bases, cuya moral y unidad se están debilitando tras años de estancamiento.
Los saharauis que viven en el 85 por ciento del territorio controlado por Marruecos disfrutan de mejores condiciones materiales, sobre todo gracias a inversiones importantes realizadas por el reino. Sin embargo, les es casi imposible expresar opiniones que no sean pro marroquíes. Rabat reprime violentamente cualquier reclamo de independencia y recurre a la tortura y a detenciones arbitrarias, a menudo contra activistas de los derechos humanos. En repetidas ocasiones ha impedido visitas de delegaciones internacionales deseosas de observar la situación, y con frecuencia expulsa a periodistas extranjeros. Mediante los numerosos beneficios que ofrece, Rabat atrae a poblaciones del norte de Marruecos hacia el Sáhara Occidental, y como resultado, los saharauis muy pronto serán minoritarios en esa área, lo cual les confiere una fuerte sensación de desposesión.
En general, los marroquíes también han tenido que soportar altos costos. Cientos de soldados de Marruecos han sido capturados y torturados por el Frente Polisario. La mayor parte ha permanecido mucho tiempo en prisión. Los marroquíes también han tenido que sobrellevar un exorbitante costo financiero (presupuesto militar, inversión en las “provincias del sur”, beneficios tributarios y salarios más elevados para funcionarios públicos) que ha ido en desmedro del desarrollo nacional, una situación especialmente seria dado que la pobreza en las zonas de tugurios corre el riesgo de impulsar un movimiento islámico salafi.
En lo que respecta a Argelia, los costos han sido principalmente financieros (desde ayuda para los refugiados hasta donación de equipo militar para el Frente Polisario) y diplomáticos (este compromiso a veces ha sido a costa de otros intereses), pero dichos costos también se tienen que medir en términos de la persistencia, en su frontera occidental, de una fuente importante de tensión. Mauritania pagó un precio por el conflicto saharaui con el golpe de Estado de 1978 que inauguró un prolongado período de inestabilidad institucional, y el tema sigue siendo una fuente potencial de inestabilidad para Nouakchott.
El costo global de este conflicto también es muy elevado para la región en su conjunto, en la medida en que entorpece el desarrollo de la Unión del Magreb Árabe, ocasionado demoras en la integración económica, escasa inversión extranjera y tasas de crecimiento más bajas. Tal vez lo más grave es el hecho de que la mala administración del área comprendida entre el Sáhara Occidental, el norte de Mauritania y el suroccidente de Argelia se haya convertido en una zona de tráfico ilegal (drogas, personas y múltiples formas de contrabando) que sufre de falta de cooperación en materia de seguridad. Por último, las Naciones Unidas están profundamente desacreditadas por su actitud frente a este conflicto, mientras que invierten cuantiosas sumas de dinero en una fuerza de observación y en ayuda económica.
Este informe describe el costo humano, social, económico, político y de seguridad que las partes deben reconocer si quieren poner fin a un conflicto tan prolongado. Otro informe de Crisis Group, publicado simultáneamente, analiza la manera en que se podría desarrollar una nueva dinámica que permita dar el giro diplomático necesario*.
* Crisis Group No. TK, Western Sahara : Out of the Impasse
Este artículo pertenece a la página web de International Crisis Group, organización con sede en Bruselas, dedicada a la prevención de conflictos en el mundo. (This report is also available in Arabic, English and French).
