Durante una cumbre de la Unión Africana (UA) a principios de febrero, se decidió que los ministros de Asuntos Exteriores prepararían una hoja de ruta para la retirada del continente de la Corte Penal Internacional (CPI).
La razón de este movimiento, según un creciente grupo de líderes africanos, es que la CPI es «antiafricana», «humillante» y una amenaza a la soberanía. Este argumento se refiere al hecho de que la mayoría de los acusados o investigados por la Corte son africanos, aunque, dado que las víctimas de los abusos son también en su gran mayoría africanos, desde la perspectiva de la gente, la CPI podría ser vista como claramente «proafricana».
Sin embargo, los planes se pusieron en marcha para que la UA abandonara a la CPI, ello a pesar de que sólo los estados individuales pueden retirarse, no la Unión como organización, así como la creación de un tribunal africano alternativo, uno que, se espera, pueda ofrecer inmunidad a los poderosos del continente.
En estas decisiones, una de las voces más destacadas fue la del presidente Paul Kagame, a pesar de que Ruanda, en primer lugar, no es parte en el Estatuto de Roma. Kagame ha criticado la CPI por ser «selectiva» y discriminatoria contra el continente. Sin embargo, recientes acontecimientos sugieren que el presidente ruandés está preocupado también por los tribunales africanos. O mejor, Kagame no está preocupado por la justicia internacional o la justicia Africana sino por una justicia independiente
«Sin base jurídica»
Victoire Ingabire, una de los pocos líderes de la oposición de Ruanda, está actualmente languideciendo en la cárcel, cumpliendo una condena de 15 años por «conspiración contra el país a través de terrorismo y guerra» y «negación del genocidio». Estos cargos se consideran que están rotundamente motivados por cuestiones políticas y el proceso judicial que condenó a Ingabire fue profundamente politizado y marcado por la interferencia del ejecutivo, incluyendo al propio Kagame.
A la luz de su sentencia, Ingabire presentó una solicitud ante la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), solicitando diversas sentencias y reparaciones. El caso fue finalmente fijado para una audiencia el 4 de marzo de 2016. A medida que se acercaba esta fecha, el equipo legal de Ingabire fue claramente obstruido. En febrero, su abogado fue registrado y sus documentos legales leídos por la policía. Se le negó el acceso a su cliente para preparar el caso, y la dirección de la prisión redujo drásticamente su régimen de visitas. A coasesora holandesa de Ingabire también se la negó el visado, impidiéndola preparar el caso con su clienta. Ruanda también había enviado previamente una respuesta de 24 páginas a la solicitud de Ingabire pidiendo a la corte que la declarara «temeraria, improcedente y sin base jurídica» y la descartara.
Por último, el 29 de febrero, pocos días antes del día previsto para comenzar el juicio en Arusha, Ruanda decidió retirar la declaración que hizo en 2013 que permitía a los individuos entablar un proceso en aplicación del artículo 34 (6) del Protocolo sobre el establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Más o menos al mismo tiempo, Benín se unía a los siete países africanos que firmaron la declaración.
Como el caso se inició antes de que Ruanda decidiera retirarse, queda por ver si la retirada del país impedirá que el tribunal examine la solicitud de Ingabire o no.
Sobre Safari
Como la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos es tan africana como el baobab: Lo que sugieren estos eventos es que el problema de Ruanda no tiene nada que ver para nada con tendencias antiafricanas o interferencias externas en los asuntos del continente. Más bien, lo que se teme es una justicia independiente y la posibilidad de que el tribunal africano pudiera actuar de manera imparcial, a diferencia de los tribunales nacionales de Ruanda, y exponer la naturaleza política de la acusación y condena de Ingabire.
En su justificación para retirarse del tribunal, el Gobierno de Ruanda ha tratado de sugerir que su retirada no tiene nada que ver con Ingabire. Declaró en cambio que «se llegó a la decisión de retirarse de la declaración después de que un condenado dado a la fuga por genocidio había conseguido el derecho a ser escuchado» en un caso separado. En referencia a una denuncia presentada por Stanley Safari, un ex senador condenado por matar a tutsis durante el genocidio de 1994, el ministro de Justicia de Ruanda declaró que el gobierno «informó a la Corte el año pasado que tomaríamos seria consideración si se permitía a Safari subir al estrado en el tribunal africano”.
Sin embargo, Ruanda nunca sugirió que se retiraría de la declaración. Y aunque lo hubiera hecho, el momento de tomar la decisión para actuar sobre esta cuestión desde «el año pasado» y de retirarse justo cuando debía comenzar el controvertido y potencialmente significativo caso de Ingabire supone una gran coincidencia.
La realidad es que, sería muy ingenuo creer la versión oficial, y lo que toda esta saga revela realmente es la poca confianza que el gobierno de Ruanda tiene en la calidad de su propio sistema de justicia. Esto debería hacer que terceros países piensen dos veces antes de conceder solicitudes de extradición sobre la base de garantías de imparcialidad e independencia judicial por parte del gobierno de Ruanda.
(Se solicitó a dos importantes funcionarios de Ruanda sobre sus sugerencias en base a un borrador de este documento, pero no respondieron a las repetidas peticiones.)
Filip Reyntjens
* Filip Reyntjens es profesor de Derecho y Política en el Instituto de Políticas de Desarrollo y Gestión de la Universidad de Amberes.
Global Campaign for Rwandans Human Rights
[Traducción, Jesús Esteibarlanda]
[Fundación Sur]
