Roberto Mosquera del Peral fue uno de los cinco deportados en julio a Esuatini por parte de Estados Unidos como parte del programa de deportaciones a terceros países de la administración Donald Trump. Mosquera permanece detenido en una prisión de máxima seguridad después de tres meses sin que se le hayan atribuido cargos formales y sin acceso a asistencia legal. En la misma situación se encuentran los otros tres hombres que fueron deportados con él, procedentes de Laos, Vietnam y Yemen, el quinto, jamaicano, fue devuelto a su país hace un mes aproximadamente.
Mosquera inició una huelga de hambre hace al menos una semana, desesperado por sus condiciones de detención. Su abogada, Alma David, reclama que ante esta situación “su vida corre peligro” y exige que se le comunique su estado a la familia y que reciba atención médica inmediata. Además, se pide que Mosquera tenga acceso a un abogado en Esuatini. Por su parte, el gobierno de Esuatini declaró que el hombre estaba “ayunando y rezando porque extrañaba a su familia”, calificando su comportamiento de acto religioso, a lo que Alma David contestó que no se trata de religiosidad, sino de un acto de «desesperación y protesta«. Sin embargo, las autoridades han declarado que no pretenden interferir en sus “prácticas religiosas”, y que se aseguraran de que “no afecten a la salud”. Además, afirman que Mosquera está ingiriendo líquidos.
Ante esta situación, el pueblo de Esuatini ha llevado a juicio a las autoridades denunciando la ilegalidad de mantener detenidos a personas extranjeras sin estar acusadas de cargos concretos. Por su parte, las autoridades afirman que los hombres serán deportados, pero podrían llegar a estar retenidos hasta un año. Mientras tanto, en el último mes otros 10 deportados han sido enviados a Esuatini y se cree que están retenidos en la misma prisión del Complejo Correccional de Matsapha. Las organizaciones de derechos humanos advierten que la permanencia indefinida en confinamiento solitario, la falta de acceso judicial y las condiciones carcelarias en Esuatini plantean graves riesgos para los detenidos y suponen una violación de sus derechos.
Fuente: AP news
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