La situación en la región de Sudán, Darfur, se ha deteriorado por el aumento de la violencia, a pesar de las peticiones por la calma hechas por el gobierno de Jartum, según el informe de una coalición de grupos de derechos humanos.
El informe niega que las condiciones en la región destrozada por la guerra estén mejorando, según aseguraba el gobierno de Sudán en un comunicado, y ha acusado a las autoridades de hacer la guerra, obstruir el trabajo de la ayuda humanitaria e intentar persuadir al consejo de seguridad de las Naciones Unidas, para que suspensa la orden de arresto internacional emitida por el Tribunal Penal Internacional, contra el presidente Omar al Bashir.
Los grupos de derechos humanos, como Human Right Watch, con sede en Nueva York, la coalición Save Darfur, y el de Human Right First, han emitido un informe titulado: “Sudán: Retórica versus Realidad”, antes de que el fiscal del Tribunal Penal Internacional, ICC, acuda a informar al Consejo de Seguridad de la ONU sobre su investigación. “La comunidad internacional tiene el desafortunado historial de juzgar a Sudán por sus palabras y no por sus acciones”, declara Richard Diker, el director del Programa de Justicia Internacional, de Human Right Watch, en un comunicado que anunciaba el informe.
“El consejo de seguridad no debe dejarse engañar por Jartum para que de impunidad a Al Bashir, a cambio de promesas vacías”, señaló.
El fiscal general del ICC, Luis Moreno Ocampo, anunció en julio que estaba en trámites para solicitar una orden de arresto contra el presidente de Sudán, por cargos de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Si se le concede, la orden será la primera que se emita en la historia, por parte del ICC de La Haya, contra un presidente, jefe de estado en activo.
Al Bashir ha negado todas las acusaciones contra él, diciendo que son invenciones y los líderes árabes y africanos han advertido de los peligros para la estabilidad regional si se arresta al líder sudanés.
Los grupos de derechos humanos que han publicado este informe niegan los informes de Al Bashir que aseguran que las condiciones en Darfur son normales, alegando que los civiles siguen siendo desplazados por la violencia y a veces, se impide que les llegue la ayuda humanitaria.
“Millones de personas viven bajo amenazas diarias de la violencia y dependen de la ayuda humanitaria que es obstaculizada, y muchas veces, completamente bloqueada, por la inseguridad existente y las interminables trabas burocráticas”, asegura Julia Fromholz, directora del Programa de Crímenes contra la Humanidad, de la ONG Human Right First.
Los bombardeos y ataques del gobierno sudanés entre julio y octubre de este año, han obligado a 90.000 personas a huir de sus casas, según el informe.
Después de la declaración del gobierno, de un alto el fuego “incondicional”, en noviembre, el ejército sudanés ha seguido bombardeando los pueblos y poblados del norte y oeste de Darfur, según este informe. “Jartum sigue obstruyendo el reparto de la asistencia con obstáculos burocráticos y acoso al personal humanitario», añadiendo que 170 trabajadores humanitarios han sido secuestrados y 11 han sido asesinados desde enero de este año.
El conflicto de Darfur, comenzó en febrero de 2003, cuando dos grupos rebeldes de la parte occidental del país se rebelaron contra el gobierno sudanés, liderado por los árabes.
La ONU calcula que más de 300.000 personas han resultado muertas por el conflicto y más de 2.700.000 han sido desplazados de sus hogares. Ahora hay más de 4.700.000 de personas que sobreviven de la ayuda humanitaria, en la mayor operación de ayuda humanitaria del mundo.
Sudán, cuyo gobierno ha sido criticado en Occidente, insiste en que la cifra de víctimas es mucho inferior, que los muertos son 10.000 y acusa a los que dan otras cifras de “conspiradores”.
(Mail & Guardian, Suráfrica, 02-12-08)
