Tras casi veinte años de martirio, a los congoleños de las provincias de Kivu Norte y Sur se les presenta un horizonte esperanzador. Si bien no está plenamente garantizado un futuro de paz y desarrollo, dada la enormidad de las tareas de reconstrucción física de estos territorios y moral de un tejido social demolido por la guerra, es evidente que la esperanza deja de ser una ensoñación engañosa, es posible y está al alcance.
El movimiento rebelde M23, que constituía un factor determinante de la inestabilidad y violencia en el Kivu Norte, ha sido aniquilado. Esta derrota, sorprendente e inesperada para muchos, ya que en el pasado el ejército congoleño (las FARDC) se había caracterizado por su debilidad ante la rebelión, ha sido el resultado de tres factores: en primer lugar, las FARDC han enviado a la zona las tropas y mandos más preparados; en segundo lugar, la MONUSCO (misión de la Naciones Unidas) y su Brigada de Intervención, formada por soldados tanzanos, surafricanos y de Malawi, dirigida por el general brasileño Carlos Alberto Dos Santos Cruz, con un “mandato ofensivo”, han apoyado eficazmente al ejército nacional; por fin, el tercer elemento decisivo que explica la eliminación del M23 es la no-intervención del ejército ruandés en su apoyo.
Desde hace muchos años, todos los informes de la ONU y de diversas organizaciones, han acusado a Kigali de haber creado y apoyado con material, mandos y soldados, al M23 y a anteriores movimientos político-militares, como el RCD y el CNDP, enfrentados a Kinshasa. Esta ingerencia, acompañada de un auténtico saqueo de las riquezas minerales de la zona al servicio de la elite tutsi ruandesa, aunque evidente, era tolerada por la llamada comunidad internacional, sobre todo por los grandes padrinos del régimen ruandés EEUU y Gran Bretaña. Dicha complacencia, incluso connivencia, con la implicación ruandesa en la desestabilización del este del Congo, parece haber terminado. La diplomacia norteamericana y británica habrían advertido, si no intimado, a Paul Kagame, presidente de Ruanda, a que no saliera de nuevo en apoyo a la rebelión en sus enfrentamientos con el ejército congoleño. A pesar de que el ejército ruandés ya había desplegado tropas y abundantes medios militares en la frontera, expresando su clara intención y amenaza de intervenir nuevamente, “la orden americano-británica” ha sido obedecida. Por otro lado, en el contexto africano, el régimen de Kigali se encuentra un tanto aislado, a causa de los desencuentros repetidos con Tanzania y Sudáfrica, potencia africana esta última que ha firmado sustanciosos acuerdos con Kinshasa para la explotación del oro y producción de electricidad (presa Inga en el río Congo) al servicio de su pujante industria. En menos de una semana, las FARDC se hicieron con el control de poblaciones y territorios ocupados y administrados por el aparato militar y civil del M23, cuyos dirigentes y soldados han encontrado refugio en Uganda y en Ruanda. El temor de los congoleños a nuevas incursiones promovidas por Kigali persiste, alimentado por el recuerdo de experiencias pasadas, pero los nubarrones se han disipado al menos momentáneamente.
La prensa y la clase dirigente de Kinshasa se muestran por lo general exultantes y en medios oficiales se pone de relieve la bravura de sus soldados y mandos y la reparación del honor nacional humillado en noviembre de 2012 por la caída de Goma, capital del Kivu Norte, en manos del M23. Pero son la población civil, y sobre todo la de los territorios de Masisi y Rutshuru, ocupados por los rebeldes, la que tras años de sufrimientos e incertidumbre respira con cierto alivio ante la posibilidad de un futuro mejor.
La victoria sobre el M23 constituye sin duda un paso importante en el restablecimiento de la paz en una zona martirizada desde hace más de 15 años. No obstante, la tarea de la eliminación de los numerosos grupos armados que pululan en los Kivu ni ha terminado ni va a ser sencilla. Ha existido en el pasado inmediato, y persiste en la actualidad, una compleja madeja de intereses que ha entrelazado a ex-militares, ex-rebeldes, a oligarquías de países vecinos, a redes mafiosas de traficantes de armas y de minerales con conexiones con sociedades transnacionales, cuyo desmantelamiento va a ser complicado. La existencia de señores de la guerra, que financian sus aventuras criminales gracias al pillaje de recursos naturales, ha sido desdichadamente una constante de la región. Parece que el gobierno de Kinshasa, muy apoyado y hasta exigido por la comunidad internacional, está decidido a proseguir la tarea de implantación de la autoridad del Estado en todo el Kivu y desarticulación de los grupos armados, empezando por las FDLR (Fuerzas democráticas de liberación de Ruanda), cuya actividad ha sido el motivo aducido tradicionalmente por Kigali para justificar su ingerencia en la zona. No habría que olvidar que en otras ocasiones la persecución de rebeldes ha ido acompañada por graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el ejército. El peligro de abusos (represalias indiscriminadas a presuntos colaboracionistas, venganzas, delaciones…) en estas futuras operaciones de limpieza con los consecuentes desgarros comunitarios y sociales es evidente, propiciando la germinación latente de nuevos conflictos. Podrían incluso servir de motivo para que el régimen ruandés encontrara el deseado pretexto de intervenir en defensa de sus primos-hermanos tutsi congoleños.
Al desafío de la persecución y eliminación de los grupos armados todavía activos, algo ciertamente indispensable, se le añade el problemático final de las llamadas conversaciones de Kampala, impulsadas por la ONU (Mary Robinson, enviada especial del Secretario general y Martin Kobler responsable de la MONUSCO). El 11 de noviembre, se esperaba la firma de un documento o acuerdo entre el gobierno congoleño y el M23. Al parecer ha sido únicamente el título, una batalla terminológica, lo que ha imposibilitado la firma. François Mwamba, en nombre del gobierno, no ha admitido que los once puntos consensuados (se desconoce, por otra parte, su contenido) fueran encabezados por el término “acuerdo” y sólo admitiría el de “declaración o conclusión”. Se trata de una explicable aplicación de la lógica del vencedor: no se negocia con el vencido de igual a igual; la pacificación no es el fruto de un acuerdo entre beligerantes sino el resultado y fruto de una victoria del ejército congoleño sobre el M23. Las conversaciones han quedado interrumpidas, a pesar de las presiones ejercidas por la comunidad internacional a favor de un arreglo consensuado. Por otro lado, no son pocos los escépticos ante este tipo de acuerdos, ya que en el pasado la firma de otros similares no ha impedido el relanzamiento de conflictos.
Algunos analistas detectan en Kinshasa una excesiva euforia por la victoria militar, cuando ésta ha sido posible porque, bajo presión americana, Ruanda y Uganda han abandonado a sus protegidos. Museveni y Kagame (que se han negado a entregar a los dirigentes del M23, refugiados en Uganda y Ruanda, al Congo) podrían muy bien reconsiderar su pasividad actual y volver a las andadas, si no se da satisfacción a las exigencias políticas del M23, transformado ahora exclusivamente en fuerza política. La ONU parece que también presionar en este sentido. Es muy posible que el presidente Kabila se encuentre ante un dilema. Podría rechazar cualquier acuerdo con los rebeldes, lo que satisfaría enormemente a la cúpula militar congoleña, humillada durante tantos años. Si hiciera excesivas concesiones a los rebeldes, tendría frente a él a los militares, a la oposición y a la mayoría de la opinión pública congoleña, si bien recibiría una palmadita aprobatoria de la comunidad internacional.
El camino que queda por recorrer y que conduce de la victoria militar a la paz va a ser largo y complejo. Cabe señalar: la necesidad, una vez eliminados los grupos armados, de un plan serio de desarme, desmovilización y reintegración social de excombatientes (muchos de ellos reclutados siendo niños o adolescentes o como un recurso último de supervivencia); el retorno e instalación en sus lugares de origen – recuperación de casas, enseres y propiedades – de muchos miles de congoleños obligados a desplazarse en estos años violentos; la implantación de una legítima administración pública – autoridades territoriales, locales, policiales, de aduanas etc. – ; y un largo etcétera, en el que adquiere singular importancia para el futuro el restablecimiento de cierta armonía en un tejido social, de unas relaciones sociales entre comunidades, machacado por la desconfianza, el miedo, el sufrimiento, la injusticia, la violencia.
Hay, sin embargo, una parte de ese camino que, en mi opinión, habría que recorrer obligatoriamente: el de la justicia, el de la lucha contra la impunidad. Sería lamentable, por ejemplo, que, en aras de la consecución de la paz y siguiendo el nefasto modelo del pasado en la resolución de conflictos, los mandos del M23 y de los distintos grupos armados y otros responsables de violaciones (crímenes de guerra, contra la humanidad, masacres, fosas comunes…) perfectamente documentadas por organizaciones de defensa de derechos humanos, fueran amnistiados e incluso “premiados” (reintegrados) con puestos en la administración; amnistía e reintegración que al parecer demandan los dirigentes del M23 en las conversaciones de Kampala. Es evidente que los casi endémicos conflictos en el Kivu han encontrado en la impunidad una invitación a perpetuarse.
Ramón Arozarena
